No habría por qué pensar que mintieron la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández. Cada uno es libre de creer lo que quiera, pero mejor aceptar que ambas desconocían ese artículo de la Constitución que tan expresamente prohíbe a los altos funcionarios públicos hacer negocios con el Estado. Pero como tantas veces se dice, la ley se presume conocida por todos y