Cuando los hechos dejan de importar y sólo importa la utilidad política de una acusación, el problema deja de ser Nicolás Grau. El problema pasa a ser la calidad de la democracia.
El pasado fin de semana, senadores del PS, PPD y FA rompieron su silencio y, en un gesto que pretende ser de "diálogo", condicionaron su apoyo al Paquete Neoliberal tributario del gobierno de José Antonio Kast a cambio de un puñado de "compensaciones fiscales".
La frase del informe es categórica. El CFA señala que "no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP4T25". Más aún, sostiene que los cuadros de financiamiento son "internamente consistentes" y que las diferencias observadas entre déficit y deuda pública "se explican por partidas identificables".
El gobierno reconoce que la caída de los nacimientos constituye una amenaza para el futuro del país. Sin embargo, las políticas necesarias para apoyar a las familias parecen entrar en tensión con su programa económico y con una visión cultural que no siempre dialoga con los cambios experimentados por la sociedad chilena durante las últimas décadas.
La noticia publicada este lunes por La Tercera sobre las negociaciones en torno a la megarreforma de José Antonio Kast revela algo más profundo que una diferencia táctica entre partidos. Lo que está en juego no es un acuerdo legislativo ni una rebaja tributaria. Lo que está en juego es la identidad misma de la oposición chilena.
La última encuesta Criteria muestra una caída significativa de la esperanza y un aumento del miedo y la tristeza. Más allá de la aprobación presidencial, los primeros cien días del gobierno revelan una creciente distancia entre las promesas de orden y crecimiento y la percepción ciudadana sobre la marcha del país.
El cobre vuelve al centro de la disputa: sindicatos alertan por eventual venta de activos de Codelco
La posibilidad de que Codelco estudie la venta de sus participaciones en los proyectos mineros El Abra y Quebrada Blanca provocó una inmediata reacción de organizaciones sindicales de la minería, que interpretaron la iniciativa como una señal preocupante respecto del futuro de la principal empresa estatal del país.
Lo que comenzó como una denuncia contra la política migratoria del gobierno de Gabriel Boric está derivando en una pregunta más incómoda para las instituciones chilenas: ¿cómo el Estado perdió la capacidad de seguir, proteger y garantizar los derechos de niños que ingresaron legalmente al país bajo programas oficiales de reunificación familiar?
La Asamblea Nacional autorizó 176 medidas que amplían el espacio para la iniciativa privada, la inversión extranjera y nuevas formas de gestión económica. El gobierno asegura que las reformas buscan defender las conquistas de la Revolución frente al endurecimiento del bloqueo estadounidense y la profunda crisis que atraviesa la isla.
Mientras continúan las investigaciones por el ingreso de niños haitianos bajo programas de reunificación familiar y el eventual extravío del rastro de más de 200 menores, la Red de Migrantes y Promigrantes llamó a evitar conclusiones anticipadas y acusó una utilización política de los antecedentes revelados por un preinforme de la Contraloría General de la República.
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