ACOT no propone solamente nuevas herramientas contra el crimen organizado. El borrador revela un intento de reorganizar constitucionalmente la relación entre seguridad pública, Fuerzas Armadas, derechos fundamentales y poder estatal.
Tres ministras, seis subsecretarios, 33 seremis y un delegado provincial han dejado sus cargos en poco más de cinco meses. A la inédita rotación se suman discrepancias públicas dentro del gabinete, como el choque entre May Chomali y Martín Arrau por la ACOT.
ACOT va mucho más allá del combate al crimen organizado. El borrador propone un nuevo estado de excepción, amplía la participación de las FF.AA. en seguridad pública y restringe derechos y prestaciones. ¿Una ventana de Overton para medir hasta dónde puede avanzar el Estado.
La pelea callejera, la simple protesta, el corte del tránsito, hasta las más elementales maneras de expresar un descontento estudiantil, van a caer en las definiciones de delincuencia y terrorismo y, cual si fueran ambas acciones objeto de la más aguda persecución y castigo, serán tratadas como sinónimos.
El Gobierno de Kast ha hecho de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado el eje de su discurso de seguridad. Pero mientras la ultraderecha propone una reforma constitucional que amplía extraordinariamente las facultades del Estado, mantiene resistencia frente a una herramienta decisiva para combatir las organizaciones criminales: levantar el secreto bancario
La ofensiva de seguridad de Kast encuentra a la oposición dividida por una discusión que comenzó durante el gobierno de Boric. PS y PPD participaron en la aprobación de Naín-Retamal; FA y PC cuestionaron sus efectos sobre las garantías. La ACOT reactiva esa fractura y plantea una pregunta mayor: ¿puede la oposición construir una política de seguridad propia?
La ACOT no solo amplía las capacidades del Estado frente al crimen. También está modificando los términos del debate político. Mientras avanzan nuevas facultades policiales, cuestionar sus límites comienza a ser presentado como una defensa de los delincuentes. ¿Qué ocurre cuando las garantías democráticas quedan atrapadas en esa disyuntiva.
La reforma constitucional vinculada a la ACOT busca habilitar la pérdida de prestaciones estatales en ámbitos como educación, salud, trabajo y seguridad social para personas condenadas. La medida introduce una desigualdad poco discutida: para quien tiene recursos, perder un beneficio público puede resultar irrelevante; para quien depende de él, puede convertirse en una
El abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República en contra del presidente José Antonio Kast Rist, por infracción al principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 52, inciso segundo de la Administración del Estado establece el principio de probidad administrativa, exigiendo una conducta funcionaria
Tras la aprobación de la megarreforma, el gobierno de José Antonio Kast abrió una nueva etapa centrada en seguridad y cambios institucionales. Una revisión del programa presidencial de 2021 revela antecedentes directos: clausura del INDH, mayores atribuciones policiales, control migratorio, soberanía frente a organismos internacionales y una explícita “batalla cultural”.
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