La Operación Cancerbero desplegada por el Gobierno trasladó a centenares de internos y convirtió el procedimiento penitenciario en una demostración pública de autoridad encabezada por José Antonio Kast
ACOT va mucho más allá del combate al crimen organizado. El borrador propone un nuevo estado de excepción, amplía la participación de las FF.AA. en seguridad pública y restringe derechos y prestaciones. ¿Una ventana de Overton para medir hasta dónde puede avanzar el Estado.
La pelea callejera, la simple protesta, el corte del tránsito, hasta las más elementales maneras de expresar un descontento estudiantil, van a caer en las definiciones de delincuencia y terrorismo y, cual si fueran ambas acciones objeto de la más aguda persecución y castigo, serán tratadas como sinónimos.
El Gobierno de Kast ha hecho de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado el eje de su discurso de seguridad. Pero mientras la ultraderecha propone una reforma constitucional que amplía extraordinariamente las facultades del Estado, mantiene resistencia frente a una herramienta decisiva para combatir las organizaciones criminales: levantar el secreto bancario
Los primeros pasos de coordinación entre trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y partidos de oposición abren una posibilidad política que no debería desaprovecharse. La reunión entre la CUT y la CONFECH, junto al encuentro de la central sindical con los secretarios generales de los partidos opositores, muestra que comienza a configurarse una respuesta común
El Gobierno negoció durante meses para aprobar la megarreforma, pero utilizó el veto presidencial para eliminar tres disposiciones sobre deudores y pequeñas empresas. Mientras permanecen la rebaja del impuesto corporativo y las garantías para grandes inversiones, Félix Montano pregunta qué revela esta última decisión sobre la orientación de clase de la reforma.
La ofensiva de seguridad de Kast encuentra a la oposición dividida por una discusión que comenzó durante el gobierno de Boric. PS y PPD participaron en la aprobación de Naín-Retamal; FA y PC cuestionaron sus efectos sobre las garantías. La ACOT reactiva esa fractura y plantea una pregunta mayor: ¿puede la oposición construir una política de seguridad propia?
La ACOT no solo amplía las capacidades del Estado frente al crimen. También está modificando los términos del debate político. Mientras avanzan nuevas facultades policiales, cuestionar sus límites comienza a ser presentado como una defensa de los delincuentes. ¿Qué ocurre cuando las garantías democráticas quedan atrapadas en esa disyuntiva.
Mineros de Chuquicamata, dirigentes sindicales, autoridades y organizaciones sociales se concentraron frente a la casa matriz de Codelco para rechazar cualquier intento de abrir la empresa estatal al capital privado. La movilización ocurre después de que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, planteara privatizar la compañía o parte de ella. Los
La reforma constitucional vinculada a la ACOT busca habilitar la pérdida de prestaciones estatales en ámbitos como educación, salud, trabajo y seguridad social para personas condenadas. La medida introduce una desigualdad poco discutida: para quien tiene recursos, perder un beneficio público puede resultar irrelevante; para quien depende de él, puede convertirse en una