Cancerbero y la política de la fuerza visible: el Estado que Kast quiere mostrar
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La Operación Cancerbero desplegada por el Gobierno trasladó a centenares de internos y convirtió el procedimiento penitenciario en una demostración pública de autoridad encabezada por José Antonio Kast. Simón del Valle analiza qué hay detrás de esa puesta en escena, su dimensión de clase y el riesgo de transformar la seguridad en una frontera política entre quienes respaldan el endurecimiento y quienes cuestionan sus límites
Una operación penitenciaria no necesita convertirse en un acontecimiento televisivo para cumplir su objetivo.
Gendarmería puede trasladar internos de una cárcel a otra sin transmisión en directo, sin gráficas especialmente diseñadas, sin cámaras siguiendo los movimientos de los vehículos y sin que el Presidente de la República aparezca personalmente supervisando el procedimiento.
José Antonio Kast decidió hacerlo de otra manera.
La Operación Cancerbero desplegada este jueves comenzó antes de las siete de la mañana y movilizó a Gendarmería, Carabineros y la Policía de Investigaciones para trasladar internos de alta peligrosidad hacia el Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca. El Gobierno informó de centenares de traslados durante la jornada y proyectó superar el millar en los días siguientes. Entre los primeros trasladados había integrantes y líderes de organizaciones criminales.
No hay nada necesariamente objetable en eso.
Separar a cabecillas de organizaciones criminales, impedir que continúen impartiendo órdenes desde prisión y segmentar adecuadamente a la población penal forman parte de las obligaciones elementales de un sistema penitenciario.
La pregunta interesante comienza después:
¿por qué el Gobierno necesitó que todo Chile lo viera?
El “cambio de mano” necesitaba una imagen
La respuesta probablemente comenzó algunos días antes.
En su cadena nacional, Kast anunció una nueva etapa de su Gobierno mediante una expresión cuidadosamente escogida: “la mano ha cambiado”.
La frase prometía autoridad, control y decisión. Pero las frases políticas necesitan adquirir una forma visible.
La ACOT —la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo— contiene proyectos de ley, modificaciones constitucionales, nuevas facultades y reformas institucionales. Todo eso resulta difícil de representar.
Una fila de presos esposados no.
Este jueves, Presidencia activó sus plataformas desde temprano. El traslado fue transmitido por streaming. Kast llegó hasta la Región del Maule acompañado por ministros y supervisó personalmente el despliegue. La puesta en escena fue planificada como parte de la comunicación gubernamental.
Incluso las redes oficiales difundieron posteriormente un video del operativo acompañado por Bye Bye Bye, de NSYNC, bajo un mensaje que contrapuso el crimen con la “máxima seguridad”.
Cancerbero convirtió así una política penitenciaria en una representación del poder.
Policías.
Gendarmes.
Helicópteros.
Vehículos.
Cárceles.
Uniformes.
Presos sometidos al control estatal.
Y, sobre ellos, el Presidente.
La promesa abstracta del “cambio de mano” adquirió finalmente una imagen.
El operativo es real; el espectáculo también
Carolina Tohá calificó Cancerbero como un “espectáculo”. Luis Cordero habló de una puesta en escena “muy al estilo Bukele”. Otros dirigentes opositores utilizaron expresiones semejantes.
Pero limitar la discusión a determinar si fue o no un show puede conducir a un callejón político.
Porque el operativo fue real.
Los presos fueron trasladados.
Entre ellos existen personas consideradas de alta peligrosidad y líderes de organizaciones criminales.
Y la prisión a la que fueron destinados ofrece condiciones para una segmentación y control penitenciario superiores a las de numerosos establecimientos antiguos.
Hay, además, una paradoja política: La Laguna fue inaugurada en 2025 durante el gobierno de Gabriel Boric. Tiene 2.320 plazas y, antes de Cancerbero, utilizaba apenas algo más de 400.
Kast puede entonces responder a sus críticos con un argumento difícil de neutralizar: quizás ustedes construyeron la infraestructura; nosotros estamos utilizándola.
La discusión verdaderamente importante no es, por tanto, operativo o espectáculo.
Pueden ser ambas cosas simultáneamente.
Mostrar autoridad no es necesariamente ilegítimo
Tohá introdujo aquí un matiz relevante.
Mostrar que el Estado tiene capacidad para actuar puede tener una función pública. Una ciudadanía atemorizada por el crimen necesita también percibir que sus instituciones no han perdido el control.
Eso forma parte de la política.
Un Gobierno comunica cuando inaugura un hospital, cuando entrega viviendas, cuando despliega recursos durante una catástrofe y también cuando desarticula una organización criminal.
El problema comienza cuando la comunicación deja de mostrar una política y empieza a sustituir la evaluación de esa política.
Cancerbero demuestra que el Estado puede trasladar centenares de internos.
No demuestra todavía que Chile sea más seguro.
No sabemos aún si disminuirán los delitos ordenados desde las cárceles.
No sabemos cuánto se debilitarán las organizaciones criminales afectadas.
No sabemos si caerán las extorsiones.
No sabemos si disminuirán los homicidios.
No sabemos cuál será el efecto sobre la reincidencia.
Esas son preguntas mucho más difíciles.
Y necesitan meses o años para ser respondidas.
La imagen, en cambio, produce una respuesta inmediata.
El Estado manda. El delincuente obedece.
De la eficacia a la representación
Ahí aparece uno de los rasgos centrales de la nueva política de seguridad.
La eficacia se mide.
La autoridad puede representarse.
Una política penitenciaria eficaz exige estadísticas, investigaciones, condenas, reducción de comunicaciones ilícitas, disminución de reincidencia y capacidad para desarticular estructuras criminales.
La representación del orden necesita otra cosa.
Necesita imágenes.
Y esas imágenes pueden producir una percepción de éxito antes de que existan resultados suficientes para demostrarlo.
No es un invento chileno.
Nayib Bukele comprendió extraordinariamente bien el poder político de las imágenes penitenciarias. Grandes grupos de presos sometidos a una disciplina visual extrema se transformaron en una de las representaciones internacionalmente más reconocibles de su Gobierno.
La comparación con El Salvador no surge únicamente de los críticos de Kast. Antes de asumir, el entonces presidente electo visitó a Bukele y buscó cooperación en materias penitenciarias. El propio Plan Cancerbero presentado durante la campaña proponía aislamiento de líderes criminales, restricciones severas a sus comunicaciones, uniformes obligatorios y un fuerte reforzamiento del control penitenciario.
Kast no necesita copiar íntegramente el modelo salvadoreño para comprender su eficacia comunicacional.
El comienzo de la polarización
Aquí aparece la advertencia de Tohá.
El problema no consiste simplemente en que Gobierno y oposición tengan opiniones diferentes sobre una política penitenciaria.
La polarización comienza cuando la seguridad se transforma en una división moral de la sociedad.
De un lado:
las víctimas, los ciudadanos honestos, las policías, la autoridad, el orden.
Del otro:
los delincuentes, los violentistas, los terroristas.
Hasta allí la distinción todavía parece sencilla.
Pero existe un tercer movimiento.
¿Dónde colocamos a quien cuestiona cómo se ejerce la autoridad?
Ese desplazamiento ya comenzó.
El diputado republicano Agustín Romero acusó esta semana al Frente Amplio y al Partido Comunista de estar “del lado de los delincuentes” y “del lado de los terroristas”.
Entonces la frontera deja de separar únicamente a ciudadanos de criminales.
Empieza a separar políticamente a quienes respaldan determinada concepción de la seguridad de quienes cuestionan sus límites.
El adversario deja de estar simplemente equivocado.
Pasa a ocupar moralmente el campo contrario.
¿Con quién está usted?
Ese mecanismo es extraordinariamente eficaz porque transforma discusiones complejas en preguntas elementales.
¿Está con Carabineros o con los delincuentes?
¿Con las víctimas o con los victimarios?
¿Con quienes ponen orden o con quienes protegen criminales?
Una vez formulado así el debate, preguntar por proporcionalidad, debido proceso, condiciones penitenciarias o límites al uso de la fuerza empieza a necesitar una explicación defensiva.
Y allí desaparece precisamente el espacio de la democracia.
Porque es perfectamente posible sostener simultáneamente que un líder criminal debe ser aislado y que conserva derechos fundamentales.
Es posible respaldar un traslado penitenciario y cuestionar su exhibición pública.
Es posible querer policías eficaces y exigir control sobre su actuación.
Es posible pedir penas severas para delitos graves y defender el debido proceso.
Nada de eso constituye una contradicción.
Salvo cuando la política necesita que lo sea.
La inseguridad tiene clase
Existe además una dimensión social que esta discusión suele ocultar.
La inseguridad no se distribuye uniformemente.
Los sectores de mayores ingresos pueden comprar parte de su protección.
Pueden vivir en condominios con vigilancia.
Contratar alarmas.
Utilizar transporte privado.
Pagar guardias.
Cambiar a sus hijos de colegio.
Incluso trasladarse de barrio.
Quienes viven en sectores donde una organización criminal controla una esquina, recluta adolescentes o disputa territorio mediante balaceras disponen de muchas menos alternativas.
Dependen del Estado.
Por eso existe una verdad que cierta izquierda tardó demasiado en asumir:
la seguridad pública también es un derecho social.
Quien no puede comprar seguridad privada necesita más que nadie una policía eficaz.
Pero el poder punitivo también tiene clase
La otra mitad de esa afirmación es igualmente importante.
Los mismos sectores que dependen con mayor intensidad de la seguridad pública suelen estar también más expuestos al funcionamiento cotidiano del aparato coercitivo.
Controles.
Allanamientos.
Detenciones.
Prisiones.
Procedimientos policiales.
Y tampoco todos disponen de las mismas herramientas cuando el Estado se equivoca.
Una persona con recursos puede contratar inmediatamente abogados y movilizar redes profesionales.
Una familia pobre depende mucho más de que las garantías institucionales funcionen por sí mismas.
Por eso quienes más necesitan un Estado fuerte frente al crimen son también quienes más necesitan límites frente al poder de ese Estado.
La contradicción desaparece cuando observamos a las personas reales.
La misma madre, el mismo hijo
Una madre que vive en una población controlada parcialmente por el narcotráfico puede querer que Carabineros entre a su barrio.
Puede exigir que detenga a quienes disparan.
Que desarticule la banda.
Que recupere la plaza.
Que impida que recluten adolescentes.
Necesita autoridad.
Pero esa misma madre necesita que su hijo no sea detenido arbitrariamente cuando vuelve del trabajo o de estudiar.
Que no sea considerado sospechoso simplemente por vivir allí.
Que si es detenido tenga derechos.
Que si es acusado exista un juicio.
Que si el Estado se equivoca existan mecanismos capaces de corregirlo.
Necesita garantías.
Es la misma madre. Es el mismo hijo.
Pedirles que elijan entre seguridad y derechos significa ofrecerles solamente la mitad de la ciudadanía.
¿Cómo imaginamos al delincuente?
Cancerbero introduce otra cuestión.
Cuando el Estado decide mostrar públicamente al criminal también contribuye a construir una representación social del delito.
El delincuente aparece esposado.
Uniformado.
En prisión.
Sometido físicamente.
Es una imagen poderosa porque transforma una categoría abstracta en un cuerpo visible.
Pero el delito posee muchas otras formas.
Lavado de dinero.
Corrupción.
Fraude.
Delitos económicos.
Redes financieras que permiten operar al narcotráfico.
Esos delitos rara vez proporcionan imágenes semejantes.
No vemos grandes transmisiones presidenciales mostrando las estructuras societarias utilizadas para lavar dinero.
No vemos filas de responsables de sofisticados delitos económicos convertidas en escenografía gubernamental.
No porque esos delitos sean necesariamente equivalentes a los cometidos por quienes fueron trasladados este jueves.
Sino porque no todos los delitos tienen la misma capacidad de representar políticamente el miedo.
Y tampoco todos los delincuentes tienen la misma apariencia social.
Ahí la política del espectáculo penal adquiere inevitablemente una dimensión de clase.
El Estado no está desapareciendo
La coincidencia con otra gran agenda gubernamental resulta sugestiva.
Mientras Cancerbero muestra toda la potencia material del Estado, la megarreforma económica acaba de completar su tramitación.
En ese ámbito, el Gobierno busca reducir impuestos empresariales, entregar estabilidad a grandes inversiones y ampliar espacios para la iniciativa privada.
En seguridad ocurre un movimiento diferente.
Más capacidades policiales.
Más inteligencia.
Más control penitenciario.
Más posibilidades sancionatorias.
Más instrumentos coercitivos.
Son políticas diferentes y sería simplista tratarlas como si fueran una sola.
Pero juntas permiten formular una pregunta:
¿Kast quiere realmente un Estado más pequeño o quiere redefinir los lugares donde el Estado debe retroceder y aquellos donde debe hacerse más poderoso?
Frente al mercado, facilitador.
Frente al crimen, coercitivo.
Frente al inversionista, certeza.
Frente al condenado, disciplina.
No desaparece el Estado.
Cambia de rostro según quién tenga delante.
La política de la fuerza visible
Cancerbero debería ser evaluada.
Si consigue aislar a los líderes criminales, impedir que impartan instrucciones y reducir la capacidad operativa de sus organizaciones, habrá sido una política penitenciaria eficaz.
Si no lo consigue, ninguna transmisión en directo podrá sustituir esos resultados.
Esa distinción será fundamental durante los próximos meses.
Porque Kast parece haber encontrado en la seguridad algo más que una política pública.
Ha encontrado una manera de representar su Gobierno.
La fuerza visible.
El orden recuperado.
El Estado que vuelve.
El Presidente que manda.
Eso puede producir apoyo político, especialmente en una sociedad que siente miedo.
Pero contiene también el riesgo señalado por Tohá: convertir la seguridad en una frontera moral entre ciudadanos.
Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser si una política funciona.
Pasa a ser de qué lado está quien la cuestiona.
El derecho a estar seguro de ambos
La alternativa democrática no consiste en negar autoridad al Estado.
Consiste en exigirle dos capacidades simultáneas.
Ser suficientemente fuerte para proteger a la ciudadanía frente al crimen.
Y suficientemente controlado para protegerla frente a sus propios abusos.
Para los sectores populares esas protecciones no son rivales.
Son especialmente inseparables.
El vecino que quiere que el narcotraficante salga de su población también quiere que su hijo vuelva seguro a casa.
La seguridad democrática empieza precisamente cuando comprendemos que ambas cosas forman parte del mismo derecho.
Cancerbero puede demostrar que el Estado es capaz de mover presos, desplegar policías y llenar una cárcel.
Ahora falta lo más difícil.
Simón del Valle
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