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Crónicas de la pandemia: España prueba la des-escalada

Después de una semana de batalla campal y de desesperadas negociaciones políticas, el Gobierno Español logró la mayoría parlamentaria simple, que es la necesaria para aprobar una nueva prórroga de el Estado de Alarma por otros 15 días. En el fondo, todos los grupos políticos sabían que era absolutamente necesario apoyarla, y salvo los mas beligerantes, no querían asumir el riesgo frente a la opinión pública, de impedirlo. Paralelamente, entre otras medidas financieras, gracias a un pacto entre Gobierno, sindicatos y empresarios, se acordó desligar del Estado de Alarma a los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs),  prolongándolos hasta finales de Junio con la obligación de las empresas de no despedir durante los próximos 6 meses. Se demuestra así que son los agentes sociales los que están a la altura de las circunstancias, como no han sabido hacerlo algunos partidos políticos.

 

En este momento procede comenzar el período de des-escalada diferenciada por territorios, en función de criterios epidemiológicos comunes así como de la disponibilidad de recursos sanitarios suficientes para afrontar rebrotes epidémicos como los que ya se han visto en países que ya habían superado la epidemia. Por esto es que la batalla política se ha trasladado hacia los Gobiernos Autonómicos que demandan adelantar en la fase de des-escalada. Esto no es mas que una mera maniobra política porque alguna de las Comunidades que lo solicitan, sobradamente saben que no cumplen con los criterios establecidos para pasar a la siguiente fase. Curiosamente Cataluña de la cual se podría haber esperado que buscara aprovechamiento para el independentismo desafiando al Gobierno Central, hizo una propuesta de des-escalada muy prudente y la Comisión Nacional que evalúa las propuestas no tuvo ningún problema en aceptarla. Barcelona, uno de los peores focos de la epidemia de este momento, no puede progresar y debe mantenerse en fase cero.

 

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En el extremo opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, gobernada por lo mas recalcitrante de la Derecha, que siendo su área Metropolitana el otro peor foco de la epidemia, pidió lo imposible con tal de agudizar el conflicto político. Se produce en esta escaramuza, una baja sonada y muy sentida dentro de sus colegas, la de la Directora General de Salud Pública de Madrid, Dra. Yolanda Fuentes, que advirtió que no se cumplían los criterios técnicos necesarios, contradiciendo a la Presidenta de la Comunidad en su ambición de pasar de fase. Así Madrid tuvo su propio Dr. Anthony Fauci, aunque a diferencia de éste, y con menos poder, cayó como víctima política de la pandemia. Esta Comunidad que no gusta de escuchar verdades, no tuvo mas remedio que aceptar el veredicto negativo de la Comisión Nacional que la examinaba. Como era de esperar, les resultó imposible compatibilizar los despidos de sanitarios y el desmantelamiento de infraestructura de estos días, con el cumplimiento de los indicadores mínimos exigidos.

 

Los sanitarios observan horrorizados el escenario político y aseguran que el sistema de salud permanece al límite, con su personal agotado de jornadas dobles continuadas, de despidos de personal temporal, de falta de equipos y de una avalancha de demanda por parte de pacientes de otras patologías que habían quedado postergados. Por otra parte, el Estudio Serológico de Prevalencia al que nos hemos referido en la anterior entrega, está requiriendo de insumos considerables de parte de la Atención Primaria, que aun no se ha recuperado de su reciente desmantelamiento para reforzar hospitales, y no ha podido regresar a su ya habitual debilidad.

 

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La des-escalada respecto al confinamiento infantil fue ampliamente bien recibida. En un contexto de tendencias positivas, se ha notado un pequeño pero pertinaz repunte en infectados y hospitalizados que pudieran corresponder al levantamiento de la cuarentena para los niños. Cuando en la semana siguiente se establecieron distintas franjas horarias para el des-confinamiento de los distintos grupos etáreos, los padres, al salir con sus hijos, no respetaron las franjas horarias de los demás. Una cosa es el interés superior del niño, principio consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y otra muy distinta es la picaresca y las conductas de irresponsabilidad social. Sin distinción de edad o de riesgo, la gente salió en desbandada a las calles pasando a llevar las disposiciones de seguridad, e incluso armando fiestas callejeras colectivas por la noche. Los tradicionales botellones como se los conoce por estos lares. Tanto es así que muchos mayores de setenta años, que saben que son la población de mas alto riesgo, han decidido no hacer uso de su propia franja horaria, al menos hasta que no se calmen las aguas. Conoceremos la consecuencia lógica de esta irresponsabilidad social, que podría ser nefasta, en los próximos días cuando se cumpla el período de incubación.

 

Tal vez aquellos que en ese momento pensaban que tenían mas derechos que los demás o que no era asunto de ellos proteger a los mas vulnerables, ahora se lo piensen dos veces al saber que sus acciones individuales tarde o temprano se reflejarán en los indicadores y en su propia posibilidad de avanzar o retroceder en la fase de des-escalada que les atañe. Del mismo modo, frente a muertes evitables, altísimo contagio y muerte del personal sanitario, trabajo sanitario en condiciones desesperadas, limitaciones a las libertades públicas, etc. de las últimas semanas,  crezca la toma de conciencia de las enormes carencias de la Sanidad Pública y de que éstas son el resultado de un largo proceso de desmantelamiento deliberado. No ha sido sólo fruto de la desidia de los gobiernos, sino muy al contrario, de decisiones de políticas públicas cuyos efectos se han ocultado al propagar sistemáticamente el errado sentido común de que la Sanidad Pública Española es una de las mejores del mundo.

 

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El Presidente del Gobierno ha llegado a pensar en una Reforma Constitucional para blindar y fortalecer a la Sanidad Pública. Planteamiento que difícilmente podría llegar a concretarse ya que se necesita una mayoría de al menos de dos tercios del Parlamento para reformar la Constitución, lo que no parece ser plausible en un momento político en el que lo que se busca es desgastar al Gobierno. Por otra parte, no se lograría gran cosa habida cuenta de los vasos comunicantes entre la pública y la privada diseñados para trasladar recursos de primera a esta última, Se desmantela a la pública como excusa para recurrir a contratos con la privada, sea contratos de servicio para la Salud Pública, sea contratos individuales con Compañías de Seguro privadas.

 

En pleno neoliberalismo y dictadura, en la década de los 80 se publicitó a Chile, La Vitrina del Neoliberalismo, como especialista y asesor mundial en el campo de las privatizaciones directas e indirectas, abiertas o encubiertas, en el campo de la salud pública, la educación, las pensiones, la seguridad social, etc. En mayor o menor medida, dependiendo de las debilidades políticas de los diferentes países, Chile fue exitoso en esta misión encomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la industria farmacéutica transnacional. España no constituyó una excepción. Es por esto que mas que un cambio constitucional, lo que procede es una reforma total del Sistema, incluida la industria farmacéutica.

 

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Chile, un tsunami de contagiados

 

La Dra. Izkia Siches, Presidenta del Colegio Médico de Chile, la única autoridad de prestigio en el campo de la salud, estima que el peak de la epidemia aun está por llegar y que los “Más de mil casos diarios es un tsunami para la red pública” en un país de casi 19 millones de habitantes. Advierte además que “el recurso humano es finito y no sacamos nada con comprar catres clínicos y equipos si es que no tenemos una distribución de nuestro recurso humano”, haciendo referencia a que éste se encuentra fundamentalmente en el sector privado.

 

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En todas partes del mundo se habla de violaciones a los derechos humanos, al referirse a la cuarentena. Se llega a decir que entre la salud y la “libertad” escogen la “libertad”. Olvidan que el derecho a la libertad de movimiento, si bien es uno de los derechos cívicos y políticos, está interrelacionado con el derecho a la salud. Que no hay un derecho que sea mas importante que otro sino que todos son interdependientes. En este caso de pandemia, no hay libertad sin salud y no hay salud sin cuarentena, en tanto no se cuente con una vacuna. Del mismo modo, contraponer los derechos sociales con los derechos económicos constituye un falso dilema. No hay economía posible sin salud, al igual que no hay salud sin la capacidad económica que garantice la subsistencia de individuos, familias y pequeñas y medianas empresas. Por eso en países como España se destinan grandes cantidades de recursos tanto para financiar el rescate de la salud como la de la capacidad de consumo y producción de los mas vulnerables. Otros países prefieren descargar el peso de la crisis sobre los hombros de los de siempre y crean grandes oportunidades para el negocio con la excusa de la pandemia.

 

El individualismo que recorre el mundo, exacerbado a partir de Milton Friedman, Augusto Pinochet, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, solo reconoce los derechos individuales en detrimento de los derechos colectivos. Cabe recordar que Margaret Thatcher llegó a afirmar que “¡la sociedad no existe!” con lo que rechazaba la cooperación y la solidaridad entre los seres humanos en aras del bien común. Exaltaba, en cambio, el interés individual en la búsqueda del propio beneficio, sin el control del Estado. A Boris Johnson, de su mismo partido e ideología, le ha tocado recapacitar, al menos respecto de la Salud Pública y al menos de momento.

 

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Por Ximena de la Barra

Madrid, 9 de Mayo, 2020

 

 

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