Crónicas de un país anormal Portada

Impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos a raíz del estallido social

El Presidente de Chile carece de autoridad moral para criticar, entre otros, al régimen de Nicolás Maduro, pues en Chile, Colombia, Brasil, Estados Unidos…se atropellan brutalmente los derechos humanos, y el hecho de que hayan sido elegidos no justifica aleves crímenes y torturas, amparados y permitidos por el Estado. Tanto Piñera, Duque, Bolsonaro, Trump…, gobiernos empresariales al servicio de los ricos, tienen sus manos ensangrentadas.

La mayoría de los Organismos de Derechos Humanos condenaron la actuación de los carabineros chilenos en el llamado “estallido social”, que comenzó el 18-0 y se prolongó por cinco meses más, (sólo salvó la hegemonía de la plutocracia un Acuerdo firmado por los partidos políticos, el 15 de noviembre, entre gallos y media noche). Posteriormente, irrumpió la pandemia, y la condenación a los derechos humanos,  de organizaciones tanto nacionales como internacionales quedaron en las cenizas del olvido. Hubo varios muertos y 2.009 heridos, de los cuales 197 con trauma ocular severo y, que se sepa, dos personas completamente ciegas a causa de los perdigones dirigidos directamente al rostro de los manifestantes.

Se han presentado 283 querellas ante los Tribunales de Justicia, de los cuales cinco por homicidio frustrado, 52 por violaciones sexuales, 182 por torturas y 12 por otras lesiones graves, y por mucho más delitos cometidos por carabineros y soldados, que  aún reposan en el limbo de la lentitud de la justicia chilena, morosa para defender al común de los ciudadanos, y sí muy rápida para perdonar los cuantiosos robos cometidos por empresarios quienes, como sentencia, terminan con juicios abreviados y, lo que es peor, la liviandad de la condena a clases de ética, con diploma incluido, en una universidad de la derecha.

Entre tanto desprestigio de las Instituciones, cuyos miembros se sirven más a sí mismos y a su familia que al Estado que, se supone, es de todos los chilenos, y no sólo de los empresarios amigos del Presidente Piñera, sigue su curso. Entre tanta Institución desprestigiada, surge la Contraloría como baluarte de la defensa del patrimonio fiscal frente a tanto delito económico, y de la correcta marcha de la administración pública, delitos que, por lo regular, terminan en la impunidad.

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En tiempos pasados la Contraloría pudo detener el “Pacogate”, el mayor robo al fisco hasta nuestros días, sin embargo y sospechosamente, desapareció el documento incriminatorio sin que se denunciara incendio alguno en la Contraloría, (lo dice el actual Contralor, Jorge Bermúdez).

La Contraloría fue fundada en la década de los años 40, durante el gobierno de Juan Antonio Ríos Morales, a fin de que contralora las acciones de los funcionarios de la administración pública. ¡Pensemos por un momento en la cantidad de abusos que se cometerían si no existiera!

La derecha militarista está furiosa porque esta Institución ha pedido un sumario a siete generales de carabineros por presunto incumplimiento de los protocolos que ellos mismos redactaron para la disuasión en caso de manifestaciones públicas.

En vez de acatar el dictamen del Contralor Bermúdez, el ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, se atrevió a criticar esa Institución, cuando su tarea fundamental es el respeto irrestricto a sus dictámenes, y no la defensa de oficiales de carabineros que, se presume, no haber respetado los protocolos con respecto al uso de la disuasión, y la utilización de armas vedadas en contra de los manifestantes que, según la Constitución, tienen derecho a la protesta en las calles.

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El ministro Pérez en su corto período que lleva como tal, ha hecho uso de la fuerza pública solamente para escoltar y proteger a los huelguistas dueños de camiones que, en plena cuarentena y toque de queda cortaron las auto-rutas y causaron, por consiguiente, el desabastecimiento, especialmente en las ciudades del sur. (El líder de los camioneros, lleva el mismo apellido y milita en la UDI, como el ministro del Interior).

En las marchas por el RECHAZO al plebiscito del 25 de octubre los carabineros se comportan como “nanas protectoras” de los manifestantes, que los acompañan, protegen (y “hasta cambian los pañales”), por el contrario, en las manifestaciones por el APRUEBO se convierten en verdaderos lobos en busca de “Caperucita”, y atacan sin piedad.

El gobierno de Sebastián Piñera, muy avaro para apoyar a los ciudadanos más afectados por la pandemia, es muy generoso para destinar dinero del fisco en la compra armamento, justamente para atacar a los manifestantes en las protestas, así como también de proteger a las grandes empresas, en detrimento de las pymes.

En Chile, la impunidad está a la orden del día: aún los militares guardan el secreto del destino de los detenidos desaparecidos. Nada raro que nuestra historia esté colmada de masacres contra el pueblo, pues Chile se ha convertido en el prototipo de la impunidad, y ¿Con qué moral los partidarios de la cruel dictadura de Pinochet critican a otros países de América Latina?

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Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

23/09/2020

 

 

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