Réquiem por el Pueblo Mapuche

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El Estado de Chile no parará hasta el exterminio del pueblo Mapuche. Puede parecer una  exageración extemporánea. Sin embargo, no sería la primera vez que Chile, sus gobiernos y  autoridades, optasen por practicar el etnocidio como opción política. Solo varían los métodos,  más acordes con los tiempos. Baste recordar lo sucedido en Tierra del Fuego a fines del siglo XIX  y principios del Siglo XX. Eran tiempos de colonización del sur chileno y argentino. Bajo el  eslogan civilizar es poblar se desarrolló una guerra contra los pueblos originarios. Los ejércitos  chilenos y argentinos iniciaron la campaña para despojarlos de sus territorios. Se les masacró.  Los colonos blancos se adueñaron de sus tierras. Así, emergieron el latifundismo y la oligarquía  terrateniente del sur de Argentina y Chile. Las empresas ganaderas se establecieron en la  Patagonia. Leyes, títulos de propiedad espurios, y expulsión de los pocos supervivientes, allanó  el camino, bajo el mito de la superioridad étnico-racial, dando lugar al nacimiento del  colonialismo interno. Sucesivos gobiernos continuaron el exterminio y robo de tierras. Hoy, continúa siendo el pueblo mapuche quien sufre los embates del Estado chileno. El reclamo de  las tierras esquilmadas con malas artes y la violencia del Estado, son ninguneadas. La violencia con la cual se han desempeñado las fuerzas armadas y de carabineros, cumpliendo órdenes de  los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría, Vamos Chile y el ahora, encabezado por  Gabriel Boric y el Frente Amplio, no tiene parangón. Sin embargo, no es nueva.

A fines del siglo XIX el pueblo Selk’nam fue aniquilado. El Mercurio, periódico de la plutocracia chilena, el mismo que hoy apoya las demandas de las empresas madereras, de turismo, energías  verdes, hidroeléctricas y megaproyectos como el tren de alta velocidad en tierras del Wallmapu,  no escatimó mentiras para justificar el genocidio del pueblo Selk’nam. El historiador Christian  Báez en su obra Cautivos: fueguinos y patagones en zoológicos humanos, señala como El  Mercurio inició una campaña presentando a los Selk’nam como salvajes y antropófagos. Durante  el fragor del exterminio, algunos fueron apresados por el entonces gobernador de Punta Arenas  Oscar Viel y trasladados a Santiago, para ser expuestos en una exposición ad-hoc. Eran las fiestas  patrias del año 1873, y el Intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Mackenna los expuso en  jaulas, como animales peligrosos. El reportero de El Mercurio escribió: “uno de los cautivos se  había comido a un contramaestre y tres marineros de una goleta que encalló y naufrago y ya,  enjaulado en Santiago…pidió un niño crudo o asado”.

Los territorios del pueblo nación mapuche son el botín más deseado por las grandes  trasnacionales con intereses en el Wallmapu. El Mercurio los tilda de terroristas. Antes caníbales  hoy delincuentes que atentan contra la propiedad privada. Desde la independencia, sus tierras  son consideradas por la plutocracia chilena de su propiedad, haciendo lo imposible para  apropiarse de ellas, sin reparar en el engaño, el uso de la fuerza y la criminalización de los  mapuche. Desde el golpe de Estado de 1973, y los sucesivos gobiernos de la post-dictadura, la  violencia gubernamental para despojar a los mapuche, legítimos dueños del Wallmapu, se ha  visto incrementada exponencialmente.

En pleno siglo XXI, año 2023, acuden a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, y demandan  al Estado chileno por incumplir todos los tratados internacionales con los pueblos originarios.  En Chile no existe la justicia ni la ley para el pueblo Mapuche. Sus dirigentes son detenidos,  torturados y acusados de terroristas. Desde los medios de comunicación se desacreditan sus  demandas. Antes caníbales hoy terroristas. En definitiva: son indios fuera de lugar a los cuales  se les puede ningunear su dignidad y su historia.

El premio nobel de Literatura José Saramago en 2006 llamó la atención de la entonces  presidenta Michelle Bachelet, al señalar mire “hacia los mapuche (…) y de cómo los derechos de  chilenos no los alcanzaban (…) estos habitantes originarios han estado alejados de estos  derechos, y ahora se ven atacados por las multinacionales que vienen a quitarles sus tierras para  construir industrias”.

Gabriela Mistral, la primera latinoamericana en recibir el premio nobel de literatura, adjetivó la  democracia chilena como democracia manca, haciendo hincapié en el expolio de las tierras  mapuche. “El latifundio chileno forma parte del bloque de crueldad conquistadora y colonial;  pero una porción grande, de delito tiene más, mucho más aún de estupidez y de estupidez  criolla. El gran pecador es aquí el Estado; se exhibe con una imbecilidad verdaderamente  soberana”. La codicia y ambición de quienes, considerándose los dueños de Chile, buscaban el  exterminio de los dueños legítimos de las tierras del Wallmapu, se reflejó en Poema de Chile: “Es muy malo sumir en el olvido la memoria de un pueblo; se parece al suicidio. Esa operación  de anestesia de una cantidad de razas indígenas es echarle al olvido lo suyo; pero echárselo  maldiciendo antes, haciéndolo por herético y satánico. A mí me da dolor hoy mismo (…) Hasta  su nombre les falta. Los mientan ‘araucanos’…Ellos fueron despojados, pero son la vieja Patria,  el primer vagido nuestro y nuestra primera palabra. Son un largo coro antiguo que no más ríe y  ni canta. Nómbrala tú, di conmigo: brava-gente-araucana. Sigue diciendo: cayeron. Di más:  volverán mañana”

Luchas de resistencia y dignidad que hoy se entrelazan en la demanda contra el Estado de Chile,  responsable de practicar el genocidio y etnocidio contra el pueblo mapuche al desconocer el  derecho de autodeterminación que les asiste. Solo cabe calificar de vergonzosa el  comportamiento de Gabriel Boric y el Frente Amplio que prefiere perpetrar la injusticia,  entregando a empresas madereras y transnacionales las tierras del Wallmapu que no le  pertenecen, bajo el argumento espurio de potenciar el progreso económico de la región. Su  comportamiento revela racismo y prepotencia.

Por Marcos Roitman Rosenmann

Fuente: Diario Jurídico

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