¿Nada que celebrar?

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Concluye un periodo de cuatro años, donde se llevaron a cabo cuatro elecciones, destinadas a definir los mecanismos para elegir los convencionales o consejeros y la forma de aprobar un nuevo texto constitucional.

El plebiscito constitucional del 17 de diciembre de 2023 fue la votación más atípica de los últimos tiempos. No hubo prácticamente campaña electoral. Pequeñas reuniones en las esquinas, modestos banderazos, reparto de volantes en las ferias. Ausencia de concentraciones de cierre de campaña, en las principales ciudades del país, al menos tradicionales en las fuerzas de izquierda.

Conocidos los escrutinios confirmando la victoria categórica de la opción “En Contra”, nadie salió a festejar en la Plaza Baquedano. No pasó un solo auto por las calles, a punta de bocinazos y enarbolando banderas. Nada. 

Admitamos que el rechazo del monstruoso proyecto impuesto por el Partido Republicano es un alivio, porque arrasaba con conquistas sociales, políticas, ambientales, de salud, vivienda y educación, logradas por el pueblo chileno a lo largo de los últimos cien años. 

El pueblo se ha pronunciado con claridad y contundencia en favor de la opción “En Contra” y ha rechazado una Constitución que pretendía profundizar el modelo ultra liberal en lo económico y conservador en lo moral. Un texto constitucional que negaba los derechos reproductivos de las mujeres. Una Constitución para los ricos, que despojaba de recursos financieros a las comunas más necesitadas. Una Constitución adversa al medio ambiente, intensificando la pérdida de soberanía sobre nuestros recursos naturales y a favor de la impunidad en materia de graves violaciones a los Derechos Humanos.  

Naturalmente, que es un respiro. Pero nos quedamos con la menos mala: la Constitución de Pinochet, reformada durante el mandato de Ricardo Lagos y con algunas modestas enmiendas. 

El estallido social iniciado en octubre de 2019, fue el detonante que condujo al proceso constitucional. Las movilizaciones sociales alcanzaron una magnitud colosal a lo largo de todo el país.  Un millón doscientas mil personas se manifestaron pacíficamente en Santiago. Semejante situación se vivió en el resto del país.

A partir de entonces, se inició un período caracterizado por grandes manifestaciones reprimidas con violencia inusitada. Amnistía Internacional “documentó como, durante las manifestaciones de octubre 2019, Carabineros de Chile cometieron graves y generalizadas violaciones a los DDHH especialmente al derecho a la integridad personal y posibles crímenes de Derecho Internacional. De acuerdo con cifras a marzo de 2021 de la Fiscalía del Instituto Nacional de DDHH, se contabilizan más de 800 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular”. 

El 20 de octubre de 2019, con el país en Estado de Emergencia, toque de queda y militares en la calle, el entonces presidente, rodeado de altos oficiales del Ejército reiteró que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable y que no respeta a nada ni a nadie, dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”.

Finalmente, un mes más tarde, tras días febriles de conversaciones entre el oficialismo y la oposición, el Parlamento emitió el documento “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”, suscrito por todos los partidos políticos con excepción del Partido Comunista, dando vida a una Convención, destinada a elaborar un nuevo texto constitucional. Se convocó a una elección para elegir los convencionales, que dieron una mayoría abrumadora en favor de fuerzas de izquierda y personas independientes, las cuales elaboraron un texto elogiado por muchas de las más prestigiosas figuras del arte, la cultura, la economía y políticos del mundo entero.

Sin embargo, tras una gigantesca campaña de tergiversaciones y de terror, lanzada por los grandes poderes económicos afectados por la propuesta constitucional, la elección destinada a aprobar este texto, recibió un rechazo abrumador, lo cual hizo necesario repetir nuevamente el proceso constitucional.

El Parlamento asumió plena responsabilidad en definir los mecanismos para formular una nueva propuesta constitucional. Se acordó elegir 50 consejeros encargados de generarla. Pero ojo: este Consejo no elaboraría ninguna propuesta de nueva Constitución. Solo podría aceptar o rechazar la propuesta elaborada por una “Comisión de Expertos, conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado”

Además, a fin de evitar cualquier posibilidad de que pudiera escaparse alguna propuesta adversa a sus intereses, el Parlamento definió la existencia de un Comité Técnico de Admisibilidad compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica, elegidos por el Senado en virtud de una propuesta única formulada por la Cámara de Diputados y Diputadas. Ambas votaciones debieron contar con el apoyo de 4/7 de los miembros en ejercicio.

El resultado fue que el Partido Republicano obtuvo una mayoría abrumadora en la elección de los 50 consejeros, a quienes se unieron aquellos electos por la UDI y Renovación Nacional, lo que les permitió elaborar la propuesta constitucional ya mencionada al comienzo de esta columna y que afortunadamente fue ampliamente derrotada en la elección que tuvo lugar el 17 de diciembre de este año. 

En opinión de CENDA, este cuadro lamentable, es el resultado de desconocer la soberanía popular. Hemos perdido cuatro años en un proceso, que nunca tuvo una generación genuinamente democrática. Solo una Asamblea Constituyente debe asumir la responsabilidad de fijar el futuro de un país por varias décadas, pero las actuales mayorías parlamentarias, parecieran haber heredado las prácticas antidemocráticas impuestas por la dictadura, que nos gobernó durante 17 años y optaron por diseñar a su voluntad, todo el proceso constitucional que ha terminado en este fracaso.

No hay condiciones para proponer una nueva tentativa constitucional general en el corto plazo. Nadie la aceptaría. Las modificaciones constitucionales requeridas para realizar las principales reformas más necesarias y anheladas por el pueblo se facilitan por la reforma aprobada en 2022 por el Parlamento, que reduce y uniforma en 4/7 el quórum necesario para modificar la Carta Fundamental. 

Ninguno de los graves problemas institucionales que nos afectan está resuelto. Continuará vigente el sistema previsional otorgando pensiones miserables a la inmensa mayoría de las personas. Seguiremos con un sistema de salud colapsado, al igual que con enormes déficits habitacionales. Se mantendrá la explotación irracional de nuestros recursos naturales y la enorme desigualdad de los ingresos.

Nadie puede asegurarnos que no explote nuevamente la ira popular, quizás más violenta, teniendo presente el complejo cuadro internacional, que dificulta la solución a las legítimas demandas populares. 

En ese marco, continuar porfiando por el camino estéril de intentar mezquinos acuerdos parlamentarios con quienes abusan del pueblo deja de tener sentido y sólo agrava la justa indignación popular.

La estrategia política en los tiempos actuales, debiera consistir en lograr que la amplia coalición progresista que se reencontró para votar “En Contra”, se cohesione y pase a la ofensiva, utilizando a fondo las amplias atribuciones del poder político que ostenta, para acabar o al menos dejar en claro ante el pueblo su intención de acabar de raíz, con los grandes abusos que se arrastran desde el 11 de septiembre de 1973. 

Con la determinación del Presidente Allende

Directorio CENDA

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