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La vida cuesta arriba en la ciudad neoliberal: el lucro y la vivienda

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Desde que la ciudad ha sido entregada a las corporaciones mediante concesiones de todos los servicios públicos o con la entrega de grandes zonas para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, ha sido también víctima de una de las tantas contradicciones del neoliberalismo. Si las urbes ya sufrían y expresaban en su territorio la división de clases, éste fenómeno ha adquirido características inéditas. Carreteras privadas, áreas comerciales, condominios cerrados, resorts, campos de golf, se elevan como cotos cerrados exclusivos y acordonados entre amplios descampados y zonas de exclusión y sacrificios. El acceso a la ciudad y sus beneficios está relacionado con la capacidad adquisitiva y de consumo. La ciudad neoliberal reproduce en el espacio, en el diseño de su territorio, la concentración de la riqueza y también los abusos, discriminación y desigualdades.

 

Bajo estas premisas, con un ciudadano sin derechos sobre su ciudad, el capital se mueve a sus anchas bajo el apoyo esbozado y también explícito de la clase política y los gobiernos. Es de esta forma como crecen y se expanden las ciudades, todas bajo el mismo diseño y estilo de los modos de vida promovidos y publicitados por el gran capital. En ese sentido, el crecimiento de la ciudad se mueve de manera paralela a las inversiones privadas y la rentabilidad del capital, que convierten el territorio urbano en un gran espacio de negocios.

 

Santiago de Chile sufre este fenómeno en las mismas proporciones que otras grandes urbes del mundo sometidas al libre juego del mercado y la especulación financiera. La diferencia es el grado y peso que tiene en Chile y en Santiago la doctrina neoliberal. Si la economía chilena es una de las más desreguladas del mundo, sus ciudades también las rigen el pleno mercado y las ambiciones de inversionistas y especuladores.

 

Uno de los últimos y más extremos efectos de este proceso se expresa en las viviendas y en el valor del suelo en las grandes capitales. En el caso de Santiago, que aún no alcanza los niveles de, por ejemplo, Barcelona o, incluso, Buenos Aires, solo en los últimos años el precio del metro cuadrado se ha multiplicado. Un estudio realizado por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile observa la evolución de los precios de las viviendas, los que compara con los salarios. Dos flujos distantes, que generan una brecha creciente en especial en las clases medias, sin capital, sin capacidad de ahorro ni subsidios. Mientras las viviendas han aumentado su valor nominal entre un 95 y 150 por ciento, según el sector de la capital, los ingresos han crecido solo 25 por ciento en el mismo período.




 

Esta brecha fuerza a las personas a destinar un mayor porcentaje de su presupuesto para pagar un dividendo o un arriendo. “Si entre 2009 y 2010 las familias pagaban por concepto de crédito hipotecario en torno al 22% de sus ingresos, entre 2016 y 2017 esa proporción subió a 29%”, informa el estudio.

 

Mientras en 2009 el valor promedio de una unidad habitacional era cercano a los $ 50 millones (unos US$ 71.000), entre 2016 y 2017 este era de $ 86,5 millones (unos US$ 140.000). Sobre estos valores, el Instituto e Inciti.com  publicaron en mayo del 2018 un estudio que analizaba la cantidad de personas que pueden comprar una vivienda: de cada 10 familias, seis no pueden pagar por una vivienda, ni siquiera por las más baratas. Por tanto, no hay más alternativa que el arriendo o subarriendo.

 

En medio de este contexto, hace unas semanas tanto el ministro de la Vivienda, Cristián Monckeberg, como el multimillonario Andrónico Luksic pusieron nuevamente el tema de la vivienda en el centro de la agenda al transparentar su sesgada visión de la realidad chilena. El primero desde su cúpula política, Luksic desde sus privilegios como el hombre más rico de Chile. Ambos afirmaron por redes sociales la cantidad de chilenos que hoy accede a viviendas y créditos hipotecarios como una forma de elogio del modelo de mercado traspasado, también, al sector inmobiliario. Los chilenos de clase media, según estas miradas, están en vías de consolidar también su casa en la playa y su segundo auto.

 

Propio del discurso opaco, confuso e incoherente  de la clase política, las propuestas sobre “integración social” son, finalmente propuestas para el sector privado.

 

Sobre la base de esta realidad y no de estas delirantes declaraciones ministeriales, la ciudad tiende a reproducir las distorsiones que el modelo neoliberal genera en todos los mercados. La desigualdad en los ingresos se representa en el espacio urbano. Con los precios por las nubes y con los salarios estancados, la ciudad se convierte en un territorio fragmentado, con barrios  residenciales vallados que disfrutan de una alta calidad de vida, sectores de servicios, también segregados, y el resto de la ciudad, que depende finalmente de la siempre escasa inversión pública.

 

En esta escena la ciudad sufre un deterioro progresivo que se expresa en múltiples áreas. Desde la carencia de infraestructura privada y pública de calidad en la mayoría de los barrios, el cierre de la movilidad barrial para la gran mayoría de las personas, el hacinamiento en ciertas áreas, la extensión del área urbana o el colapso en el transporte, tanto en el público como en privado.

 

Sin el concurso efectivo del sistema público la ciudad está condenada a reproducir y amplificar estos males. A estas alturas, solo alterando las políticas de forma urgente para frenar el proceso de deterioro y segregación. Pero los hechos demuestran otra cosa. Propio del discurso opaco, confuso e incoherente  de la clase política, las propuestas sobre integración social son, finalmente oportunidades de inversión para el sector privado. El proyecto  de ley Integración Social y Urbana, actualmente en la Cámara, lleva también su caramelo envenenado. La fuerte retórica social se deshace en un plan para estimular las inversiones inmobiliarias y, de paso, favorecer al sector financiero y empujar el crecimiento económico.  En los hechos, el proyecto, que le quita atribuciones a los vecinos y las autoridades municipales, puede degenerar aún más los barrios al llevar las decisiones al gobierno central.

 

Es que hay aquí mucho en juego. Las inversiones inmobiliarias han pasado a ser las más atractivas por su alta rentabilidad en el retorno del capital. Hace unos meses superaban a las mineras, tradicionalmente las más extendidas. Este poder creciente pasa por encima de políticos, de regulaciones, de normas centrales y comunales, como se puede ver cada día al  caminar por la ciudad y observar sus monstruosidades. Y pasa, por cierto, por sobre millones de habitantes. La ciudad convertida en un mercado y los ciudadanos, tal como en otras necesidades básicas como la educación y la salud, también mutan en consumidores de una vivienda cada día más mercantilizada y lucrativa.

 

PAUL WALDER

 

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