Opinión política

Piñera interdicto: incapacitado mentalmente para gobernar

“Interdicción por demencia es el estado jurídico en que se encuentra una persona adulta que ha sido declarada legalmente demente por un juez, y que trae consigo la privación de la administración de sus bienes”.

 

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Análisis.

Hay dos aspectos de la definición jurídica de “interdicción” que es necesario tomar muy en cuenta: primero, es la ciudadanía toda, o la inmensa mayoría (como le gusta decir a la derecha), que se ha convertido en el gran juez que ha declarado la demencia del señor Sebastián Piñera Echeñique y, segundo, con el agravante que no son sus bienes los que está (mal) administrando, sino los bienes de toda la nación que ha administrado para beneficio sólo del 10% de la población.

 

Por lo demás, ha sido el propio presidente Piñera que ha renunciado a  ejercer el mando de la Nación, entregándole esa función a las fuerzas armadas, decretando el Estado de Excepción Constitucional. En todo caso, señor Piñera, darle carta blanca al lumpen para destruir  la ciudad, no es una decisión  muy original. (1)

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Es necesario hacer notar, sin embargo, que decretar el Estado de excepción dentro de un Estado que es de excepción, ilegítimo e ilegal, es decir un no Estado, en el que vive la Nación chilena desde el 11 de marzo de 1990, fecha en que empezó a regir la Constitución de 1980, es una verdadera contradicción jurídica. (2)

 

Ahora bien, el señor Piñera, no conforme con declararle la guerra al pueblo mapuche, nos declara la guerra a todo el pueblo de Chile. Reproduzco un párrafo de una nota de mi autoría,  publicada en Clarín el 12 de julio de 2018, con el título “De las ‘piñericosas’ a un lenguaje desquiciado”:

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“Vamos a combatir a los terroristas, que son un enemigo formidable, implacable, cruel, despiadado y que hoy día está actuando en forma organizada, con apoyo externo, con armamento de guerra”. (Palabras del Presidente Sebastián Piñera pronunciadas el día 24 de junio de 2018 en el Palacio de La Moneda), refiriéndose a la violencia en la Araucanía).

 

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”. (Palabras del ‘Presidente’, entre comillas, pues no está ejerciendo el mando, Sebastián Piñera pronunciadas el 20 de octubre de 2019 en la Guarnición de Santiago). ¿No que las”guarimbas” en Venezuela eran protestas pacíficas?

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En esta ocasión, sin embargo, el jefe de la Defensa Nacional a cargo del Estado de excepción, general Javier Iturriaga, le replicó que “la verdad, es que yo no estoy en guerra con nadie”. ¿Hasta cuándo hace el ridículo el señor Piñera? De seguro su paranoia no le permite darse cuenta.  

 

Pero su esquizofrenia quedó plasmada unos días antes, al declarar que Chile era la excepción en América Latina, un verdadero “oasis”. Es decir, de un oasis democrático a un país en guerra en apenas una semana. Lo que pasa es que su soberbia y megalomanía, le impidieron ver que ese “oasis” contenía sólo agua en descomposición desde hacía ya 30 años.

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Aquí quiero detenerme para explicar, nobleza obliga, que los mayores responsables de la situación que está sufriendo el país, son los personeros de la Concertación y de la Nueva Mayoría que, después del plebiscito de 1988, iniciaron una transacción espuria con la derecha y la dictadura (que es lo mismo), traicionando sus principios (si alguna vez los tuvieron), y al pueblo de Chile, para dejar la Constitución de 1980 prácticamente intocable, y sólo proponiendo algunas reformas cosméticas. Reproduzco un párrafo de un artículo de mi autoría publicado en Clarín con fecha 8 de noviembre de 2017, con el título: “Chile, del golpe de Estado fascista de 1973 al golpe de Estado blando de 1989”:

 

“Al fin, el 30 de julio de 1989, Aylwin ve coronado su anhelo, consolidándose  el Golpe de Estado Blando con la aprobación de 54 reformas (consensuadas) a la Constitución espuria, ilegal e ilegítima de 1980, a través del plebiscito convocado por la dictadura cívico-militar. Es importante recalcar que la campaña de propaganda para aprobar dichas reformas fue estructurada y auspiciada no sólo por la dictadura, sino también, por la Concertación. La ciudadanía no tuvo oportunidad de debatir sobre las reformas, pues fueron conocidas y consensuadas por los que fueron designados para su discusión, al margen de los ciudadanos. Es más, el Decreto con la firma de Augusto Pinochet que convoca al plebiscito, tiene fecha 15 de julio de 1989, es decir, sólo 15 días antes de su realización”.

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Estos mismos personeros han hecho oídos sordos, desde que asumieron los gobiernos y se apoltronaron en los sillones del Congreso, a todas las críticas y advertencias que hemos publicado en varios portales de noticias, tanto periodistas como analistas políticos, en el sentido que la situación en que se encontraba Chile, podía explotar en cualquier momento. Ahora rasgan vestiduras y algunos expresan su mea culpa (que nadie les cree), por  no haber previsto el estado al que hemos llegado. Cuántas veces se les advirtió que debía convocarse a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución pinochetista y no seguir arranados en el gobierno y en el Congreso, haciendo como que legislaban para  justificar las suculentas dietas que no han querido rebajar. Personalmente, modestia aparte, he publicado un sinnúmero de artículos en este mismo medio, alertando que el Estado de Chile no existe, es un Estado  fallido, ya que no ha sido constituido por una Constitución democrática redactada por una Asamblea Constituyente.  Para más remate, este Estado ha devenido en un Estado mafioso, pues estamos ante la presencia de instituciones, tanto públicas como privadas, que se han convertido de barras bravas (como las describí en su momento) en verdaderos cárteles mafiosos sin dios ni ley.

 

Propuestas.

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Volviendo a lo planteado en el título de esta nota, y después de este breve análisis (la verdad es que daría para mucho más, pero ya el pueblo de Chile (la gente, como le gusta decir a la casta política), se dio cuenta y ha despertado de un profundo letargo, presento una propuesta que debiera de implementarse desde este mismo momento:

 

Primero: El presidente Sebastián Piñera debe dejar el cargo (al cual, por lo demás, ya ha renunciado de hecho),  por haber sido declarado interdicto por la ciudadanía, no sin antes derogar el Decreto de Estado de Emergencia.

 

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Segundo: Se conforma un Consejo Superior de Ética, Regulación y Asesoría, compuesto por los presidentes de todos los Colegios Profesionales, puesto que representan a toda la gama del quehacer de la civilidad. Además, han sido elegidos democráticamente por sus pares.

 

Tercero: Se constituye una Junta de Gobierno conformada por el Presidente de la Corte Suprema,  (o por el  último ex presidente y que se encuentre en funciones); por el Rector de la Universidad de Chile, nuestra máxima Casa de Estudios Superiores y, por el Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Esta Junta de Gobierno deberá juramentar sus cargos ante el Consejo Superior de Ética, Regulación y Asesoría.

 

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Cuarto: La Junta de Gobierno convoca a una Asamblea Constituyente que deberá redactar una Constitución democrática en un plazo máximo de dos años.

 

Quinto: El Congreso entra en receso hasta el 10 de marzo de 2020, fecha en que termina su actual mandato (se incluye a todos los senadores). La dieta será rebajada en un 50%  (les alcanza para irse de vacaciones a Miami o a las Bahamas), y el restante 50% financiará el trabajo de los delegados elegidos en votación democrática, a la Asamblea Constituyente. En ningún caso los parlamentarios podrán ser delegados a la Asamblea Constituyente por derecho propio. Si lo desean, deben renunciar a su dieta y postularse como candidatos a dichos sillones.

 

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Sexto: La Asamblea Constituyente sesionará en la sede del Congreso en Santiago; los delegados elegidos democráticamente, en voto secreto, recibirán un emolumento que les permitirá dedicarse de tiempo completo a tan noble función y, debido al tiempo acotado que tendrán para entregar el informe final y que deberá someterse a plebiscito, podrán sesionar más  allá  de las 40 horas semanales. El trabajo que desarrolla una Asamblea Constituyente es muy similar al de una Cámara Legislativa, es decir, en Comisiones y Plenarias; es así que los funcionarios del Congreso de Valparaíso, podrán demostrar sus experticias en estas mismas tareas. El presupuesto asignado al Congreso, será el mismo que permita el funcionamiento de la Asamblea Constituyente.

 

Séptimo: La Junta de Gobierno podrá nombrar a sus asesores o secretarios de Estado en las carteras que estimen conveniente, personal que será remunerado, con cargo al presupuesto de la Administración Central de Gobierno.

 

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Octavo: El Gobierno deberá seguir funcionando, eso sí con mayor eficiencia y eficacia, y tanto la Junta de Gobierno como los secretarios a cargo de las carteras respectivas, estarán impedidos de “desvincular” a algún funcionario de planta. El actual personal de confianza deberá presentar su renuncia.

 

Noveno: Tanto el Consejo Superior de Ética, Regulación y Asesoría cuanto la Junta de Gobierno,  deberán redactar sendos reglamentos que les permita un mejor funcionamiento en el desempeño de sus funciones.

 

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Décimo: La Junta de Gobierno podrá asesorarse para la convocatoria a la Asamblea Constituyente, por abogados constitucionalistas que estén de acuerdo en que el único camino para que Chile pueda tener, al fin, una verdadera Constitución Política de la República, es a través de una Asamblea Constituyente.

 

(1) El 2 de abril de 1957, el Presidente Ibáñez ordenó al director de gendarmería abrir las puertas de las cáceles para que se “fugaran” los internos con el propósito que llegaran al centro de Santiago para destruirlo por completo. El objetivo de tan urgente tarea, era agilizar el trámite para que el Congreso le otorgara Facultades Extraordinarias y así decretar Estado de Sitio, de acuerdo a la legislación de la época. A la sazón yo tenía 12 años, recuerdo la masacre, recuerdo el toque de queda, recuerdo los militares desplegados en todos los barrios de la capital, también recuerdo que, a pesar de vivir en un tercer piso en la calle Erasmo Escala, mi padre puso un colchón en la ventana del dormitorio de mi hermana menor para evitar que entrara un bala loca, etc., pero no recuerdo que el General Carlos Ibáñez del Campo haya vociferado que estábamos en guerra.

 

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(2) Al respecto dejo constancia de los títulos de algunos artículos publicados en este medio  para que los personeros de la Concertación y de la Nueva Mayoría no se hagan los “pendejos” y ahora digan  que no se les advirtió:

 

“Chile: un Estado ilegal e ilegítimo I”, publicado el 9 de diciembre de 2010

“Chile: un Estado ilegal e ilegítimo II”, publicado el 23 de diciembre de 2010

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“¡No señor Zaldívar, el Poder Constituyente no está en el Parlamento!” (25-7-2014)

“De un Estado fallido a un país en descomposición”. (11-9-2014)

“Señores Harboe y Rincón: sus cabildos son ilegales, ilegítimos e inmorales”. (24-10-2014)

“Señor Burgos, la única autopista democrática es la Asamblea Constituyente, todos los demás son “atajos raros”. (1-9-2015)

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“De cómo un Estado fallido, ilegal e ilegítimo, deviene en un Estado mafioso”. (27-10-2016)

Sobre el mismo tema hay varios artículos más, al igual que sobre Asamblea Constituyente.

Nota: Seguramente las propuestas enumeradas, estarán expuestas a la crítica; sin embargo, espero que no aparezca algún miembro de Tribunal Constitucional  que diga que  son anticonstitucionales, ya que dicho Tribunal finaliza sus funciones en el acto.    

    

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 Por Hugo Murialdo

 

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