Las reglas del juego económico

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Las reglas del juego que presiden el sistema económico definen lo que se puede hacer y no hacer, y en el primero de los casos, definen como hacerlo.

Además, las reglas del juego definen las relaciones entre los diferente actores o agentes que participan de una u otra forma en el sistema económico: trabajadores, empresarios nacionales y extranjeros, empresa grandes y pequeñas, gobierno central y municipal, parlamento y gobierno central, etc.

Las reglas del juego deben ser tomadas en cuenta por cada uno de los agentes económicos para tomar decisiones respecto a cuanto y donde invertir, qué y donde consumir, qué y de donde importar, qué tipo y qué cuantía de impuestos se deben pagar, como deben ser las relaciones de los empresarios con los trabajadores, etc.

Precisamente por ello – por que condicionan las decisiones económicas de todos y cada uno de los agentes económicos, sociales, políticos e institucionales- es altamente importante que esas reglas del juego sean lo más estables posibles en el tiempo, para que la toma de decisiones económicas sea relativamente previsible y sostenida.

Un buen ejemplo de reglas del juego es lo que se establece en la constitución actual, en su Art. 21, donde se lee lo siguiente:   “El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quorum calificado los autoriza.

Una regla del juego de esa naturaleza ha conducido, de hecho, a que el Estado chileno no haya creado en los últimos 40 años – ni pueda crear en el presente, mientras la derecha tenga más de un tercio del parlamento – proyectos productivos que vayan en beneficio del desarrollo económico de largo plazo del país y que no estén en la agenda de los inversionistas privados.  Empresas como la siderurgia de Huachipato, los Ferrocarriles del Estado o Lan Chile -que son todas empresas que han jugado un rol estelar en el desarrollo, la industrialización y la modernización del país – no podrían haberse creado en su momento si hubiera imperado la norma constitucional que actualmente impera. Se asume que solo los empresarios nacionales o extranjeros tienen el capital, la capacidad, la tecnología, la capacidad organizativa, la decisión de correr riesgos y el conocimiento del mercado como para saber que es bueno en cada momento para el país y para ellos, y llevar adelante las inversiones correspondientes.

Y en el marco de las actuales discusiones constitucionales, se postula que la modificación de las reglas del juego – de esa regla del juego ya mencionada, y de otras muchas – destruiría las bases sobre las cuales ha funcionado la economía chilena durante los últimos 40 años, y nos conduciría al caos y al desorden económico. Una auténtica campaña del terror tendiente a mantener el status actual.

La verdad verdadera – en lo que respecta al capital extranjero – es que éste ha demostrado a lo largo de los años y a lo largo de todo el planeta, que tiene una inmensa capacidad para instalarse, convivir, crecer y desarrollarse en el seno de los regímenes y sistemas económicos y políticos de los más diversos pelajes. El capital extranjero parece sentirse cómodo tanto con un sistema económico y político como el que impera en China o Chile, en Brasil o en Corea del Sur, en Europa o en África. El capital extranjero no le tiene miedo a actividad empresarial del estado. Eso es solo una actitud, que nace y se desarrolla en la mente dogmática e ideologizada de ciertos sectores empresariales y políticos internos. El gran capital, nacional y/o extranjero, le tiene mucho más miedo a un país que exhiba un conjunto de reglas del juego que estén cuestionadas por la inmensa mayoría de los ciudadanos y/o que cambien caóticamente de período presidencial en período presidencial. Por ello, no ven con temor que Chile genere una nueva constitución, altamente democrática y consensuada, que presida el devenir del país en los próximo 50 años.

Otra verdad es que muchos de los países de reciente industrialización han logrado alcanzar altos niveles de desarrollo económico gracias a Estados desarrollistas y progresistas, que han tenido visiones de futuro y metas estratégicas, y que han creado o participado en empresas productivas, en forma independiente o en conjunto con el capital privado nacional y extranjero, para llevarlas adelante.

Eliminar del juego económico a un actor tan importante tanto en el presente como en el pasado – como lo es el Estado – es condenarnos a la condición de país rentista y primario exportador, pero carente de la capacidad de incursionar en los proyectos industriales y tecnológicos que liderizan el desarrollo en el mundo contemporáneo. 

Una norma como la mencionada es una regla del juego que ojalá sea eliminada de la nueva constitución que Chile se dé en el transcurso del 2020. Ojalá.

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