En Chile el Presidente, rey absoluto, es el único responsable del uso de la violencia ilegítima: él debe asegurar a todos los ciudadanos, sin distingo de clase, ideología y/o colores, su  integridad y respeto irrestricto a su dignidad dentro del respeto a los derechos humanos, pero es evidente que, hasta ahora, el actual mandatario ha sido incapaz de cumplir con su deber, por el contrario, con frases torpes y fuera de lugar no ha hecho más que avivar el fuego, (es vez de “bombero” hace las veces de incendiario).

Ninguna persona biennacida puede ser partidaria de la violencia, mucho menos aplaudir el saqueo de tiendas, de personas cuya fuente de vida es su pequeño negocio.

La resistencia civil no se debe aplicar solamente contra dictadores, sino también cuando se trata de un gobierno elegido por los ciudadanos, y las fuerzas del orden acometen contra inermes ciudadanos desarmados, quienes protestan legítimamente contra la injusticia, el abuso y la desigualdad, empleando el asesinato, la prisión y la tortura.

En el Chile de hoy la igualdad ante la ley es sólo un eufemismo, pues la justicia siempre se inclina hacia los ricos. La prisión preventiva es un asunto corriente para el pobre, pero no se aplica para el adinerado.

El Presidente Piñera, incapaz de asegurar el orden y la protección ciudadana recurre a la petición de un Acuerdo nacional, a fin de garantizar que a partir del mes de marzo cesen los desmanes y, de seguro, todos los partidos políticos están dispuestos a aceptar esta propuesta, sin embargo, este anuncio por parte del Presidente no es más que un puro titular, (al cual nos tiene acostumbrados en su supina ignorancia). La paz sin justicia y verdad no es paz, (me temo que, al igual que Augusto Pinochet, el Presidente crea que la paz consiste en exterminar a los rebeldes, así sean no-violentos). No se trata de combatir a los militares involucrados en el narcotráfico, a los violentistas de siempre, pues el fondo del alma del primer mandatario actual el deseo de extirpar toda forma de oposición, por muy pacífica que sea.

En todas las leyes liberticidas que han existido en este país el objetivo final es la pretensión del poderoso de gobernar sin oposición: las dos leyes de “defensa de la democracia”, (la primera durante el período de Pedro Aguirre Cerda y, la segunda, en el de Gabriel González Videla, que ganó la presidencia de la nación gracias a los comunistas y después los traicionó, y que no sólo fueron aplicadas contra comunistas, sino también contra sindicalistas, socialistas y falangistas).

Durante el período de la Carlos Ibáñez del Campo, con la Ley de Seguridad Interior del Estado, se hizo otro tanto para perseguir a cualquier sindicalista que se atreviera a oponerse al gobierno, (don Clotario Blest entraba y salía de la cárcel en repetidas ocasiones a causa de esta Ley). En la llamada transición (“transaccional”) a la democracia la ley anti-terrorista de Pinochet también se aplicó, especialmente contra el pueblo mapuche).

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Actualmente ya no existen senadores y diputados libertarios, como Pedro León Ugalde, Carlos Vicuña Fuentes, Rafael Luis Gumucio Vergara, que se atrevan a oponerse a las leyes liberticidas del jefe de “la execrable camarilla”, Arturo Alessandri Palma, pues hoy son mediocres, ignorantes y serviles, y aprueban leyes tan ilógicas, como la anti-barricadas y anti-encapuchados.

La política siempre ha sido violenta en cierto sentido: consiste suscitar el debate sobre intereses de clase contrapuestos. Sólo los ignorantes creen que Carlos Marx fue el inventor de la lucha de clases, cuando la verdad es que viene desde tiempos inmemoriales. Los ricos, para devenir como tales tienen que odiar, someter y explotar a los pobres, pero los necesita para su propio enriquecimiento.

No sólo C. Marx, a mi modo de ver, escribió que la violencia es el motor de la historia, sino también Benito Mussolini que es, quizás, el apologista más avezado en la defensa de la violencia como un método político para hacerse del poder.

Durante la dictadura de Pinochet pudimos comprobar cómo los ricos odian a los pobres, incluso, utilizaron a médicos y sacerdotes para prolongar la vida del torturado. No fueron los comunistas o de otro partido político de izquierda los que torturaron hasta la muerte y lanzaron cadáveres al mar, sino la derecha, no sólo militar, sino también civil.

El único camino viable para que los chilenos nos reencontremos es 1) que los adultos mayores no tengan que lanzarse al paso del Metro para no seguir soportando el infierno en la tierra, 2) que los pacientes no sean tratados como cerdos en los hospitales públicos, 3) que un joven poblador no tenga que seguir pateando piedra y, luego, deba elegir entre ser militar o narcotraficante, y así sucesivamente.

 

 

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

25/02/2020

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