Este 11 de marzo se cumplieron en Chile treinta años desde el inicio del primer gobierno posdictadura y dos años de la administración de Sebastián Piñera. Pese a la supuesta  importancia de la fecha, el gobierno optó por hacer una austera representación orientada hacia el fin de la dictadura, la recuperación de la democracia y relevar la figura de Patricio Aylwin, el primer presidente de la Concertación que sucedió a Pinochet. Nada, silencio completo, sobre los primeros dos años del actual gobierno, sumido en la mayor crisis social de estos últimos treinta años.

 

A diferencia de la oficialidad política, sí hubo actos, manifestaciones, protestas masivas en las calles de todo el país. Acciones que no solo cruzaban estos dos malogrados años, sino se hundían en el pasado ya no tan reciente hasta la penumbra dictatorial. La llamada transición a la democracia que inauguró en 1990 el democratacristiano Aylwin es el proceso que se estrelló el 18 de octubre pasado. El periodo histórico que ha saltado en mil pedazos es aquel pacto entre la dictadura cívico militar y la clase política para mantener el modelo de mercado instalado en Chile durante el régimen de Pinochet.

 

Esta semana han vuelto los estudiantes a las calles céntricas de Santiago, a evadir el pago del Metro, a instalar barricadas. Han vuelto millares de manifestantes a la hoy renombrada por el pueblo Plaza Dignidad y ha regresado la defensa territorial en los barrios empobrecidos que rodean Santiago. Una semana que fue inaugurada el domingo pasado con  la concentración más grande en la historia de la ciudad y del país. Sólo en el centro de la capital se reunieron casi dos millones de mujeres para conmemorar el 8 de marzo y levantar las demandas, todas cruzadas y fusionadas con las del movimiento popular: desde la paridad de género a la condena del machismo y de las violaciones de los derechos humanos por parte de la policía, al llamado por una nueva constitución y a la renuncia de Sebastián Piñera.

 

La indignación contra el gobierno se ha extendido por las calles en la expresión de caceroleos, barricadas y protestas. Pero también por la violencia de carabineros, recargada tras la aprobación durante enero de un manojo de leyes que endurecen las penas a los manifestantes que corten el tránsito o alteren en una variedad de modalidades el orden público. Una serie de reglamentos aprobados por una clase política más cerca del gobierno que de las calles que le ha dado ánimo al gabinete de Piñera para alentar y elogiar día a día a carabineros en su función controladora.

 

La clase política y la prensa oficial y funcional a ella levanta la frase que condena a la violencia venga de donde venga. Pero las armas las tiene la policía y los heridos, mutilados y muertos los manifestantes.  34 muertos por fuerzas de orden desde el 18 de octubre. Hasta finales de febrero el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos había contado más de 3.700 heridos, de los cuales más de dos mil corresponden a disparos en tanto 445 a heridos y traumas oculares causados por perdigones. Entre ellos hay dos jóvenes con ceguera total.

 

La mano del Estado chileno es dura y su violencia queda en la absoluta impunidad. El INDH ha constatado más de diez mil detenciones de jóvenes y estudiantes y bajo la ley de Seguridad de Estado al menos dos mil han quedado en prisión. Hay miles de querellas contra carabineros pero la respuesta institucional ha sido, salvo contados casos, la impunidad.

 

La salida que pactó en noviembre pasado el gobierno con los partidos, acuerdo refrendado bajo cuerdas por las elites, ha derivado en el proceso constituyente cuyo primer paso está previsto en un plebiscito de entrada que cambiará la constitución decretada por la dictadura en 1980 y certificada el 2005 por el gobierno del socialista Ricardo Lagos. A pesar de que los términos del pacto entre el gobierno y los partidos favorecen a los sectores conservadores en cuanto las minorías tendrán un magnificado poder de veto ante artículos que incomoden o resten poder a sus representados, la derecha ha levantado desde inicios de año una campaña para rechazar en el plebiscito una nueva constitución. Una campaña que se amplifica día a día y radicaliza posiciones. Tanto, que la derecha se ha dividido entre los que aprueban y rechazan y en la creación de grupos de choque de ultraderecha armados y violentos.

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El plebiscito y proceso constituyente se abrirá muy probablemente, ya que las encuestas proyectan una amplia mayoría por el apruebo, pero no ha enfriado el revuelto clima en las calles. Aun cuando las acciones no son tan masivas como en octubre, se mantienen de forma persistente y crecen con nuevas y más pequeñas explosiones ante la brutalidad policial, ciertas efemérides o declaraciones del gobierno. La rebelión se ha instalado en modo permanente, latente, ante un gobierno y un Estado incapaz de atender a sus demandas.

 

Una de las demandas, del cúmulo de exigencias, la mayoría sociales y económicas, ha sido desde octubre pasado la renuncia de Piñera. Llegado marzo y a casi cinco meses de la rebelión, no solo se mantiene el clamor en las calles, sino que crece y se toca a la clase política. Si hace meses un puñado de diputados había propuesto la posibilidad, esta semana ya es titular de diarios y materia en puntos de prensa de diputados de oposición. Si en cinco meses la situación se mantiene pese al voto de confianza que le ha dado el parlamento, con una suma en muertos, heridos y detenidos, hay quienes han comenzado a evaluar movimientos políticos de mayor profundidad como el adelanto de las elecciones presidenciales y legislativas. Un dato de peso. Nunca en la historia democrática chilena un presidente ha tenido un apoyo de solo el seis por ciento y jamás un parlamento una evaluación positiva de un cuatro por ciento. Todo el sistema político está por el suelo.

 

 

La efeméride del 11 de marzo se estrella con un Estado y un sistema político en coma. El problema es Piñera, pero es principalmente el sistema político, la institucionalidad económica, el modelo de mercado, las pensiones de miseria, la educación segregada, el abuso financiero. En suma, la desigualdad que se expresa en todas las áreas de la vida económica y social con concentraciones del poder y la riqueza a niveles intolerables. Por eso el estallido y por eso la protesta hoy como parte de la vida cotidiana.

 

 

En estos cinco meses Piñera ha errado en todo. Se ha atrincherado para no alterar el modelo neoliberal ni modificar las posibilidades de negocios del gran capital invertido en Chile. Una cristalización de la política con retrocesos en temas tributarios y reformas de corto plazo incapaces de responder a las demandas. Junto a ello, la agenda del orden y la promulgación de leyes represivas para penalizar las protestas y al movimiento social.

 

Piñera se ha apoyado en el cuerpo de Carabineros para mantener el orden. Y este ha sido hasta el momento tal vez su mayor error. Todos los observadores internacionales han concluido que Carabineros ha violado de forma persistente y sistemática los derechos humanos de la población y lo ha sigue haciendo en completa impunidad. Pese a las denuncias, los millares de registros y las recomendaciones de organismos internacionales, el gobierno mantiene intacto a un cuerpo oscuro, corrupto y con prácticas internas propias de los tiempos de la dictadura.

 

A partir de este 11 de marzo todo puede pasar en Chile. Nada bueno si agregamos el fuerte impacto que tendrá en la economía la inminente recesión internacional, la caída de las exportaciones y el deterioro del tipo de cambio. Se abre una escena oscura en la que hay una certeza. Piñera será incapaz de superarla.

 

 

PAUL WALDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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