¿Qué hacemos? El hambre está golpeando las puertas de los hogares chilenos en medio de la pandemia, mientras el gobierno se ha negado sistemáticamente a escuchar las múltiples voces de advertencia sobre lo que venía. Este no es un invento de la oposición y la ira social va en aumento. Quiénes primeros pusieron la alarma fueron alcaldes de diverso signo político, que pidieron al presidente Piñera que junto a las cuarentenas sanitarias dispusiera apoyo directo a las familias más afectadas por los efectos de la pandemia del SARS CoV2.

Mientras las cuarentenas se mantuvieron en las comunas más pudientes del sector Oriente de Santiago, el confinamiento sanitario pudo enfrentarse sin grandes problemas; pero al escalar la crisis, el drama de la pobreza, la segregación urbana, la desintegración social y la desigualdad se han venido desnudando con creciente intensidad.

No se puede omitir el erróneo giro del gobierno hacia una “nueva normalidad”, en el momento en que la crisis comenzaba a extenderse hacia las comunas más pobres y con mayor concentración de población, demostrando así escasa empatía hacia la ciudadanía más vulnerable. Piñera y su ministro de Salud han desperdiciado un tiempo valioso para anticiparse al momento en que la crisis sanitaria y la pobreza se encontrarían, tal como queda de manifiesto ahora con su tardanza en tomar medidas de apoyo a una población privada de ingresos.

Para que la adversa realidad cambie, tenemos que esforzarnos en encontrar soluciones desde el Estado y la Sociedad Civil; en este segundo caso, fuera de la dogmática neoliberal, encarando de manera urgente y solidaria la supervivencia del 30% de los hogares pobres o empobrecidos. El Ingreso Familiar de Emergencia, cuya aprobación forzó el gobierno mediante un voto aditivo en el Congreso, sin escuchar las propuestas de la oposición; es ridículamente insuficiente ($65.000)  como para enfrentar los problemas de millones de vecinas y vecinos de barrios, villas y campamentos del Gran Santiago. Es necesario apoyar material y moralmente a esas familias que comienzan a pasar hambre, utilizando fondos de emergencia que el Poder Ejecutivo puede utilizar en virtud del Estado de Catástrofe.

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La necesidad de sobrevivir a la crisis derivada de la emergencia sanitaria debe ser la principal urgencia de un Estado que se proclama defensor de los derechos humanos. Sebastián Piñera tiene que dejar atrás la soberbia con la que ha enfrentado hasta ahora la crisis, para escuchar a especialistas en salud y economía y a científicos; pero también oír a alcaldes, y sobre todo atender al clamor popular que demanda con desesperación creciente respuestas efectivas ante las necesidades derivadas de la pandemia.

Para efectos de resolver las urgencias de corto plazo, no cabe esperar siquiera la implementación del escuálido Ingreso Familiar de Emergencia, subsidio que está apenas en el 50% de la línea de la pobreza. Si el gobierno quiere evitar que la gente exponga su salud y hasta su vida en la calle para ganarse el sustento, el Ministerio de Hacienda debe proveer inmediatamente fondos adicionales para ir en ayuda de quiénes lo necesitan, sin esperar engorrosos procedimientos administrativos, y aprovechando la infraestructura municipal y las redes solidarias para distribuir la ayuda.

Esto ocurre en el contexto de una ciudadanía desarticulada e inmovilizada por la cuarentena, y con débiles redes de apoyo y solidaridad; pero todavía persisten en la memoria colectiva formas colaborativas de organización para enfrentar crisis que fueron exitosas en el pasado, como: acciones de protesta callejera y de autocuidado, “comprando juntos” u “ollas comunes”. En contraste con la mirada economicista, competitiva e individualista que manifiesta el gobierno, desde nuestras vivencias actuales tenemos que recuperar como pueblo la capacidad de organizarnos y de participar de manera colaborativa en la solución de nuestros problemas.

 

Rubén Andino Maldonado
Periodista y dirigente de Convergencia Social

 

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