Pueblos Originarios

ONU: “COVID-19 está devastando a las comunidades indígenas del mundo y no se trata sólo de su salud”

El nuevo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó su grave preocupación por el devastador impacto que la pandemia del COVID-19 está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud.

 

“Cada día recibo más informes de todos los rincones del mundo sobre cómo las comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia de la COVID-19 y me preocupa profundamente ver que no siempre se trata de cuestiones de salud”, declara José Francisco Cali Tzay. “Los estados de emergencia están exacerbando la marginalización de las comunidades indígenas y, en las situaciones más extremas, se está produciendo una militarización de sus territorios”.

 

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“Se está negando a los pueblos indígenas su libertad de expresión y asociación, mientras que los intereses empresariales están invadiendo y destruyendo sus tierras, territorios y recursos. En algunos países se están suspendiendo abruptamente las consultas con los pueblos indígenas y también las evaluaciones de impacto ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura. Los pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida se ven empujados a una mayor pobreza, a tasas más elevadas de malnutrición, a la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, así como a la exclusión de los servicios médicos, lo que a su vez los hace particularmente vulnerables a la enfermedad” sigue el Relator Especial.

 

“Frente a esas amenazas y en medio de ellas, las comunidades indígenas que han logrado resistir mejor la pandemia de la COVID-19 son las que han logrado la autonomía y el autogobierno, lo que les permite gestionar sus tierras, territorios y recursos, y garantizar la seguridad alimentaria mediante sus cultivos tradicionales y su medicina tradicional. Ahora más que nunca, los gobiernos de todo el mundo deben apoyar a los pueblos indígenas para que apliquen sus propios planes de protección de sus comunidades y participen en la elaboración de iniciativas nacionales para garantizar que éstas no los discriminen”, continúa José Francisco Cali Tzay.

 

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“Los Estados deben velar por que los pueblos indígenas tengan acceso a la información sobre la COVID-19 en sus idiomas y es necesario adoptar medidas especiales urgentes para garantizar la disponibilidad y el acceso a servicios médicos culturalmente apropiados. El hecho de que las instalaciones de salud pública sean a menudo escasas en las comunidades indígenas constituye un gran desafío. Los derechos al desarrollo, la libre determinación y las tierras, territorios y recursos deben garantizarse para que los pueblos indígenas puedan gestionar estos tiempos de crisis y promover los objetivos mundiales de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente. La pandemia nos está enseñando que tenemos que cambiar: tenemos que valorar lo colectivo por encima de lo individual y construir sociedades inclusivas que respeten y protejan a todos. No se trata sólo de proteger nuestra salud” concluye el Relator Especial.

 

La situación en Chile

 

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Entre las dificultades que se están encontrando causadas por el coronavirus, son los pewenches los que han sido gravemente afectados por la pandemia.

Además, las represiones del Estado en la región de la Araucanía no han parado a pesar del estado de emergencia sanitaria: en Malleco, en comunidades de Victoria, muchas fueron las represiones por fuerzas policiales y el ejército. “Ellos se instalaron de forma permanente acá en Ercilla, amenazando y deteniendo a las personas”, declara Jaime Huenchullan, Werken de la Comunidad de Temucuicui.

“Otra preocupación de la Comunidad es la huelga de hambre de 8 peñi en Angol, porque por toda la situación del coronavirus no permiten que los presos sean visitados por sus familiares, y la autoridad no les da atención a esos hechos, y nosotros mismos no podemos comunicarnos con ellos. Estamos muy preocupados”, sigue el Werken.

“Hubieron también detenciones, aquí mismo en Temucuicui; un peñi fue detenido en Collipulli. La represión del Estado hacia el pueblo mapuche no se ha detenido a pesar de la pandemia, además que el gobierno manejó muy mal ese tema: los hospitales colapsaron por no tomar medidas a tiempo. Ya se habla de muchísimos casos, es muy peligrosos y nosotros seguimos cuidándonos, como no podemos salir afuera, esperamos poder seguir bien”, concluye Jaime Huenchullan.

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La realidad de otras comunidades desplazadas en América Latina

La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) advierte que muchas comunidades indígenas desplazadas están ahora peligrosamente expuestas y en riesgo.

Hay casi 5,000 indígenas venezolanos desplazados en Brasil, principalmente del grupo étnico Warao, pero también de las comunidades Eñapa, Kariña, Pemon y Ye’kwana. Con COVID-19 golpeando fuertemente a esta región amazónica y Brasil emergiendo como un epicentro de la pandemia, ACNUR está preocupado de que muchos puedan luchar sin condiciones adecuadas de salud y saneamiento.

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En Colombia, varios grupos indígenas binacionales, incluidos los Wayuu, Bari , Yukpa, Inga, Sikwani, Amorúa, viven cerca de la frontera con Venezuela. Si bien sus hogares ancestrales se extienden a ambos países, muchos no han podido regularizar su estadía en Colombia y están indocumentados. Algunos ahora también enfrentan amenazas de grupos armados irregulares que controlan las áreas donde viven.

A ACNUR le preocupa que para algunos indígenas venezolanos, los problemas de documentación, especialmente su estado irregular y las condiciones de vida, los pongan en mayor riesgo. Actualmente esos indígenas se encuentran en áreas remotas, donde carecen de acceso a servicios de salud, agua limpia y jabón. Otros viven en viviendas estrechas o en asentamientos urbanos informales sin acceso a equipos de protección.

La mayoría de los grupos indígenas fronterizos están amenazados por la extinción física y cultural debido a la insuficiencia de alimentos y la desnutrición severa que puede aumentar el riesgo de contagio. Estas áreas carecen de servicios de salud adecuados que ahora pueden exacerbar la situación actual.

Los bloqueos también han detenido muchas de sus actividades de subsistencia, como la agricultura, la venta de productos y la producción artesanal. Ante el aumento de la pobreza y la indigencia, algunos no tienen más opción que vender mercancías en las calles para tratar de mantener a sus familias. Eso no solo los expone al riesgo de infección, sino también la estigmatización y la discriminación por la incapacidad percibida de cumplir con las medidas de bloqueo y distanciamiento físico.

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Por Elena Rusca (en Ginebra)

 

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