La responsabilidad del mando en Carabineros

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El juez de garantía condenó al carabinero Sebastián Zamora, (22 años de edad), a prisión preventiva por 120 días, tiempo que dura la investigación por el presunto delito de homicidio frustrado en contra del menor de edad, (16 años).

Es loable la celeridad con que Fiscalía Norte y, sobre todo, el grupo de derechos humanos de la PDI: los querellantes en el caso – Comisión de Derechos Humanos, Defensora de la Infancia y de la Fiscalía – probaron a través una serie de apoyo documental que el delito cometido por el carabinero Zamora fue perpetrado dolosamente. Hay dos categorías de dolo en Derecho Penal: el directo, es decir, la voluntad y plena conciencia para cometer un delito, y el indirecto, en que el delincuente realiza un acto con serias posibilidades de provocar el daño o la muerte de una víctima.

No cabe duda de que los delitos que se cometen son individuales, sin embargo, en instituciones jerárquicas y militarizadas, como lo es Carabineros de Chile, el mando vertical debe responder, si no penalmente, al menos políticamente, ante la sociedad.

Hay una enorme diferencia entre los altos mandos y el carabinero común, como también entre los grupos especiales destinados a la represión y el carabinero raso que, en muchos casos, defiende a los ciudadanos de los delincuentes.

En el caso de las instituciones jerarquizadas es el Presidente de la República y sus ministros del Interior y Defensa , que se encuentran en la cúspide de la pirámide, quienes deben responder por el actuar del mando de carabineros que, en casos tan graves como el “robo de dineros fiscales, llamado “Pacogate”, la falsificación de pruebas en los casos de los mapuches acusados injustamente en la operación Huracán, el asesinato de Camilo Catrillanca, sumado a las continuas violaciones a los derechos humanos, especialmente las acaecidas a partir del 18 de octubre de 2019, en que muchos jóvenes sufrieron traumas oculares, y algunos hasta la pérdida total de la visión, en todos estos casos, los Presidentes de la República y sus ministros del Interior y Defensa, deben asumir su responsabilidad por estos aleves atropellos a los derechos humanos.

No sólo basta la acusación constitucional contra el actual ministro de Interior y la renuncia del director de Carabineros, Mario Rozas, para poner fin a las cenizas del olvido y a la impunidad por los atropellos a los derechos humanos cometidos por grupos represivos de Carabineros. El carabinero raso, que vive en las poblaciones, no tiene por qué pagar por el robo perpetrado por sus generales, así como el atropello a los derechos humanos que, en la mayoría de los casos – se ha probado – corresponde a una planificación o bien, a una forma brutal a la cual están sometidos quienes realizan la “mantención del orden”.

En el caso del joven que fue empujado por el carabinero Zamora, los voceros de carabineros han desempeñado un ridículo papel al proteger corporativamente a los responsables de violaciones a los derechos humanos: en primer lugar, negando la responsabilidad de esa institución y, en segundo lugar, justificando la no asistencia a una persona en peligro de muerte, bajo el argumento baladí de que la presencia de carabineros haría imposible el ingreso de Bomberos, Cruz Roja y ambulancia.

Que Carabineros de Chile, por culpa de sus jefes políticos y el alto mando, se hayan convertido en enemigos de los ciudadanos comunes es de una gravedad substantiva, de ahí que las querellas contra el Presidente Piñera y su ministro del Interior, Víctor Pérez, estén plenamente justificadas e imprescindibles para terminar con la impunidad que ya se prolonga en Chile por decenios.

La desidia de los distintos gobiernos de la transición a la democracia respecto a la absoluta supeditación de los cuerpos armados, (Carabineros, Ejército, Aviación y Marina), constituye la raíz explicativa del porqué del Milicogate, del Pacogate y de otros actos de corrupción al interior de esas instituciones; se supone que el monopolio de las armas que posee el Estado tendría, según la teoría de Max Weber, que justificarse en forma legal y racional: es la voluntad del pueblo la que entrega este monopolio de la fuerza a las instituciones armadas.

El que aún los cuerpos de seguridad mantengan métodos propios de una dictadura, tal cruel como la de Augusto Pinochet, es, en primer lugar, la culpa de los ministros de Defensa y del Interior de los distintos gobiernos de la transición que, asustados frente a la posibilidad de una nueva aventura dictatorial permitieron, en un principio, a estas instituciones armadas que, sin ningún control, hicieran lo que quisieran, incluso, como hemos constatado, hacer uso ilegal del dinero fiscal, (en el caso del ejército, están acusados algunos generales comandantes en jefe, entre ellos Fuente-Alba y Oviedo, de graves delitos contra la probidad).

El que hoy los ciudadanos no crean en las instituciones, y que sólo valoren la democracia en abstracto y no en la vida cotidiana, no puede sólo achacarse a “la decadencia de occidente” y al derrumbe de las democracias representativas, como o curre en la mayoría de los países desarrollados, sino también a las oligarquías y al salvaje neoliberalismo, que han hegemonizado las principales instituciones de nuestro país.

El que la gente no crea en los curas, en los políticos, en los partidos, en los gobiernos, en los militares y en carabineros, no es un problema abstracto, sino que tiene como causa que quienes las dirigen obran destruyendo la necesaria probidad con que, por principio, deben actuar quienes detentan el poder político, social y moral.

Ejemplos de deshonestidad, falta de honradez y abuso de poder los hay por miles: se acaba de descubrir que un gran número de empleados públicos, (más de 350.000), mintió para obtener el bono de la clase media; otro caso de actualidad es la declaración de los voceros de carabineros, que achacaron la caída del joven al Río Mapocho, el viernes último, a la pérdida de equilibrio… y así, muchos otros.

El ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, en una declaración respaldó al alto mando de carabineros, sosteniendo que ningún Estado puede vivir sin policía, y que el orden público es imprescindible para la convivencia democrática, lugares comunes y nadie puede estar en desacuerdo.

El problema, y muy grave por cierto, es cuando las llamadas fuerzas del orden, cuya función es proteger a todos los ciudadanos, sin distingo de color político, pero en Chile se dedican solamente a la custodia y cuidado de los manifestantes, por ejemplo, por el RECHAZO, en el barrio alto, quienes se manifiestan libremente, pero niegan el derecho ciudadano de manifestarse a quienes optan por el APRUEBO. Es muy distinto el clima que viven los habitantes del barrio alto a aquel de la Plaza Dignidad, La Alameda y el Parque Forestal, a quienes se les niegan sus derechos constitucionales.

En la democracia chilena no existe la división de poderes: hay un rey, rodeado por sus ministros y custodiados por una guardia pretoriana, que utiliza, a todas luces, la fuerza ilegítima que, lógicamente, atenta contra los derechos humanos.  Es muy triste el constatar que nuestro país, que conquistó la democracia con denodado esfuerzo y sobre la base de la no-violencia activa, ahora se esté convirtiendo en un país de bárbaros sin control, cuya policía, en vez de perseguir el delito, se dedica a sacar los ojos de los jóvenes, a violar a adolescentes, a palearlos, y ahora para el colmo, lanzar a un joven al Río Mapocho.

En nuestra democracia protegida la única facultad de fiscalización al rey absoluto y sus amanuenses es la acusación constitucional. Es falso que la oposición sea obstruccionista, pues lo que ocurre es que la mayoría del gabinete del Presidente Piñera abusa de sus funciones dejando sin efecto la Constitución y la Leyes.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

05/10/2020

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