El ministro Víctor Pérez Varela está en la puerta del horno

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A partir del 11 de septiembre de 1973 Chile dejó de ser una república para convertirse en una monarquía electiva, basada en una Constitución ilegítima de origen y ejercicio: la separación e independencia de poderes no existe, mucho menos los balances y contra-balances, y la igualdad ante la ley es un sarcasmo; el rey (o la reina) tiene más poderes que los Borbones del antiguo régimen. Al menos, Luis XVI era controlado e, incluso, reconvenido por el parlamento: cuando el Estado entró en bancarrota el rey llamó a los notables, quienes le negaron el alza de los impuestos.

En Chile, el actual director de Impuestos Internos, Fernando Barraza, debe obedecer al rey-Presidente, Sebastián Piñera, para condonar los impuestos a los dos Carlos – Délano y Lavín – equivalente a la suma de mil cuatrocientos millones de pesos, para pagar las costas de sus abogados, (lo hicieron tan mal que enviaron a sus clientes a la cárcel, donde estuvieron por 45 días). En “Tontilandia” (así llamaba a Chile Genaro Prieto), ni los ricos ni los delincuentes de “cuello y corbata” pagan impuestos, menos los amigos personales del “rey”, y todas cargas del Estado las pagan los pobres y la clase media, especialmente por medio del IVA, impuesto que representa el 50% del impuesto fiscal, carga que recae en los pobres, que no pueden ahorrar y gastan sus escasos ingresos en alimentación y medicamentos.

A diferencia de Francia, en que la Jacquerie y las rebeliones populares se daban con frecuencia, debido a las diferencias entre la nobleza y el clero que no pagaban impuestos, y el “tercer estado”, que cubría todos los gastos del país, (las dos jacqueries más conocidas eran la de 1358, posterior a la Peste Bubónica, y la de agosto de 1789, a comienzos de la Revolución Francesa), en Chile, las pocas rebeliones que se han producido en período de la “transacción permanente”  han sido reprimidas por las fuerzas policiales, con graves violaciones los derechos humanos.

El rey y su mafia de mercaderes no tienen ningún contrapeso, pues la oposición balcanizada es, a todas luces, una burla, que no cumple, ni siquiera, con su papel de fiscalizar, única tarea otorgada por don Arturo Alessandri y, después por Jaime Guzmán, concedida a la Cámara de Diputados. (Con muy buen criterio, Arturo Alessandri pretendió suprimir el senado o, al menos, mantenerlo como ente decorativo, en que sesionaran los padres de la patria, previamente seleccionados por el rey de turno).

Los gobernantes, (monarcas-Presidentes), a partir de 1932 se auto-otorgaron más facultades: Juan Antonio Ríos, por ejemplo, concedió al rey la facultad de contar con la iniciativa de todo proyecto que significara gastos fiscales, y el Congreso tenía que hasta abstenerse de pagar dinero por medallas y galvanos; además, en el presupuesto anual el Congreso sólo tenía facultades para rechazar un ítem, asignándole a la partida un peso, (como lo hizo el entonces senador Adolfo Zaldívar con respecto a la subvención al Transantiago).

Las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados son puramente decorativas: 1) se puede formar comisiones investigadoras cuando el gobierno roba mucho dinero; 2) tienen la facultad de interpelar a los ministros de Estado; 3) se pueden enviar Oficios a las distintas reparticiones del Estado. Este conjunto de facultades podría no tomarse en cuenta por parte del rey y sus ministros: un caso patente dice relación con la inutilidad de las comisiones investigadoras; por otra parte, las interpelaciones se convierten en un circo, en que, ni siquiera, se paga la entrada; en cuanto a los Oficios, el receptor puede responderlos en lenguaje críptico o cantinflesco.

La única facultad fiscalizadora que le resta a la Cámara de Diputados se refiere a las acusaciones constitucionales, que los abogados especiales en esta materia las han catalogado como juicio político. Si leemos las Memorias de Arturo Alessandri, o bien, la historia fidedigna de la Constitución de 1925, podríamos comprobar que don Arturo Alessandri no incluyó en el texto las acusaciones constitucionales debido al precedente del “juicio de residencia colonial”, como tampoco, los precedentes de Constituciones anteriores sino, tal vez, aquello que complaciera a la mayoría de los partidos parlamentaristas de la época.

Chile tiene la pretensión de ser un país muy original y a los ciudadanos les encanta inventar vocablos que no están consignados en los diccionarios, y conociendo esta característica de nuestro pueblo, Alessandri no quiso llamar nunca “presidencialista” a su Constitución, sólo la definía como una creación genuinamente chilena.

El presidencialismo se caracteriza por “el todo o nada”, es decir, el candidato (o candidata) electo se lleva todo el poder. En Chile, hasta 1973, no existía la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, (fue un proyecto, presentado en los años 70, por los senadores Gumucio Vives y Alberto Jerez que, afortunadamente, no prosperó, pues de haber sido aprobado Salvador Allende difícilmente hubiera llegado a la primera magistratura del país. La historia no fáctica es inútil).

El régimen presidencial chileno es llamado “de doble minoría”, es decir, el Presidente es elegido por una minoría y, además, en el parlamento, generalmente es minoritario. En el caso del gobierno actual de Sebastián Piñera, tiene minoría en ambas Cámaras, y para sobrevivir, debe negociar continuamente con la oposición, (especialmente con los democratacristianos). Al ser minoritario en el Congreso el gobierno de Piñera, la oposición tiene todo el derecho de acusar constitucionalmente a los ministros y demás funcionarios de gobierno, si así lo amerita.

El ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, infringió la Constitución al negarse a aplicar las leyes para conservar el orden público, y los camioneros, aliados del gobierno, cortaron las autopistas provocando, en muchos casos, serio desabastecimiento, y en pleno toque de queda, cuarentena y Estado de Excepción, en que, incluso, se celebraron fiestas en plena noche, con participación, incluso, de trabajadoras sexuales.

El ministro Pérez, atropellando la igualdad ante la ley (que en Chile se aplica sólo en contadas ocasiones), aprobó una subvención especial para resarcir el lucro cesante, además de los daños ocasionados a sus camiones por los “llamados terroristas”, con el dinero de todos los chilenos y, sobre todo, en épocas en que los pobres pasan hambre.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

03/11/2020

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