Nueva constitución y régimen político

Las esperanzas de la gente en una nueva Constitución, que sea el bastión definitivo que acabe con los abusos que ejerce una casta oligárquica sobre la inmensa mayoría de los habitantes del país, será solo eso, esperanzas, si la nueva Constitución no incluye normas verdaderamente democráticas y declare al pueblo convocado en plebiscito como el máximo soberano, estando sus prerrogativas encima del poder ejecutivo y del poder legislativo. Es decir, la última palabra, ante cualquier controversia jurídica, económica o política, la tendrá siempre el pueblo convocado en plebiscito. Por ejemplo, los tratados de libre comercio deberán ser siempre plebiscitados. Esto debe quedar establecido con claridad en la Constitución, sin ambigüedades ni derivaciones a leyes anexas, pues en estas leyes anexas es donde siempre ha existido la trampa. Y esas trampas, desde 1833 a la fecha, la oligarquía ha sabido manejarlas a la perfección en beneficio propio. El poder de esta casta radica en la cámara de diputados y en el senado, cuyos miembros son electos bajo el alero de los partidos políticos o de alguna instancia transitoria creada para ello. Muy rara vez puede ser electo alguien que postule a congresista por cuenta propia, y como todos sabemos “una golondrina no hace verano”. Por lo tanto, bajo el actual régimen, siempre termina ejerciendo la soberanía un grupo pequeño, que una vez instalados en el Parlamento desconocen la voluntad popular y funcionan de acuerdo a sus propios intereses y, en especial, a los que le dictan los empresarios. La Ley de Pesca es una prueba contundente de lo que afirmamos. Si todo eso no cambia en la nueva Constitución esta no valdrá la pena. Cambiar el régimen político es fundamental para avanzar en las transformaciones sociales, económicas y administrativas de la nación.

Dado lo anterior, lo que requiere una democracia real (“gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”) es un Congreso unicameral, una Asamblea Nacional Legislativa, donde estén representadas las 346 comunas que existen en Chile, sumándose escaños para los pueblos originarios. Los representantes comunales serían electos en cabildos organizados, en conjunto, por las juntas de vecinos de cada comuna y solo podrían ser electos ciudadanos que lleven viviendo efectivamente en la comuna más de cinco años. Los partidos políticos quedarían deshabilitados, como tales, para participar en las elecciones e instalar candidatos, solo las juntas de vecinos, convocadas en asamblea, tendrían la potestad de proponer y elegir candidatos. La cantidad de representantes de cada comuna sería proporcional a su población, y ninguna comuna quedaría sin representantes. La elección estaría normada por un Reglamento Nacional de Postulación a la Asamblea Nacional Legislativa, plebiscito revocatorio incluido. Lo contrario sería mantenernos en lo de siempre, por eso llamó la atención, a mí por lo menos, el anuncio de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional de recibir, invitación mediante, a los expresidentes, además de otros invitados de “alta gama” como los denomina El Mercurio, entre ellos ministros, gobernadores, autoridades del parlamento, etcétera; o sea, a quienes son los culpables de la frase “no fueron 30 pesos, fueron 30 años”. Allí podrán exponer, luego de ser recibidos entre pleitesías y espíritu republicano, latamente sobre los peligros de cambios “radicales” y el beneficio de la democracia representativa (representada por ellos obviamente) que “todo Chile quiere”. Se explayarán acerca de los “grandes acuerdos” y “nuestra tradición democrática”. Por ello, insisto, no sean ingenuos, y repito la pregunta ¿Acaso la cacareada democracia representativa —como la conocemos— no es solo una versión edulcorada del despotismo ilustrado en versión moderna?

Ahora, es cierto que la Convención abrió canales de participación popular vía plataforma digital, para proponer iniciativas de norma y participar de audiencias públicas y foros deliberativos, pero ojo, no con las mismas garantías de aquellos de “alta gama” como certifica El Mercurio. Dice la Convención, textual: “Las propuestas que superen las 15.000 firmas serán discutidas en la comisión correspondiente y votadas para admitir su discusión y votación en el pleno, para ingresar o no al texto constitucional definitivo”. A buen entendedor pocas palabras. Personalmente entré a la plataforma popular y es muy limitada para explayarse. Me acordé de bombo Fica, y, por cierto, lo digo inocentemente, porque todo se ve muy democrático. Aunque siempre hay que tener ojo, nunca se sabe dónde el Diablo meterá su cola. En fin, habrá que confiar en la mayoría que tienen los representantes no pinochetistas en la Convención. Con esa mayoría pueden redactar la Constitución que les venga en gana, salvo, claro está, que nuevamente triunfe, por sobre sus deseos y postulados, el famoso e histórico “peso de la noche”.