Latinoamérica

Colombia se mancha con la sangre de sus líderes sociales y ambientales: el caso de Daniel Alvarez

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Daniel Alvarez tiene 34 años. En 2016 ha perdido un ojo, una mano y una pierna, pero todavía su situación no es clara. Ni en Colombia, ni en Europa es reconocido como víctima del conflicto social, político y armado colombiano. El paramilitarismo fue su victimario y el modelo extractivista del Estado fue la causa. La ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya conocen de estas denuncias, pero hacen falta las respuestas. Para Daniel y para todos los colombianos que piden justicia en su propio país y afuera de ello.

 

 

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Daniel Esteban Álvarez, nació en la ciudad de Cali, Colombia, en el año 1988. Trabajó con el pueblo indígena Nasa en el norte del departamento Cauca durante seis años como psicólogo político. Daniel ahora se encuentra exiliado en Holanda, y participó en la reunión con el Alto Comisionado de Derechos Humanos.

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“Para las comunidades indígenas el territorio va más allá de la tierra que se pisa y los ojos que la ven, el territorio es la comunidad, es el río, los árboles, los animales, las montañas, las nubes, el sol y los astros, El subsuelo y la vida misma. Por esta razón defender el territorio es defender la vida. Existe un choque entre dos conceptos de desarrollo. Para occidente y el gobierno colombiano se relaciona con una economía extractivista, violenta, egoísta e indolente, un modelo económico neoliberal que produce muerte, contaminación, desarraigo y desplazamiento”.

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Cuando se defiende el territorio inevitablemente se afectan intereses económicos, se genera una fricción y se desencadena una lucha entre la vida y la muerte. Se proyectan nuevas movilizaciones en Colombia para exigirle al Gobierno el respeto a los territorios y a la vida, autonomía alimentaria y educación según los usos y costumbres ancestrales, el rechazo al monocultivo, la minería y el petróleo. El rechazo a las semillas transgénicas y a los tratados de libre comercio.

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“Mi trabajo consistía en convocar a la comunidad, invitar a participar de la Minga, la gran reunión que se llevaría a cabo en el mes de junio del 2016. El 30 de mayo estando en casa de uno de los miembros de la comunidad invitándolo a la Minga fue víctima de un atentado con explosivos junto con el comunero y su hijo de seis años. Se materializa la amenaza de las Águilas negras, grupo armado paramilitar que amenazó a todos quienes colaboren o participen de la Minga indígena” nos relató Daniel.

Muchos líderes, senadores e investigadores han puesto en evidencia los vínculos entre grupos armados ilegales como las águilas negras y las fuerzas estatales; un Estado que trabaja al servicio de intereses económicos. Multinacionales y transnacionales extractivistas, grandes empresas de monocultivo y la ganadería a gran escala necesitan acumular tierra para sus intereses, despojando los territorios de personas, animales y plantas nativas, erosionando la vida en los territorios.

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Se diluye en la avaricia el verdadero objetivo del Estado que es el bienestar común. “El explosivo me lo lanzan a mí y cae sobre mi lado izquierdo, la comunidad nos traslada al hospital más cercano en el municipio Santander de Quilichao, en el hospital no se esperaban fuerzas militares, Policía y fiscalía, pero le dijeron a las autoridades indígenas que yo era un guerrillero, que estaba manipulando explosivos, y las autoridades indígenas discutieron y desmintieron la acusación diciendo que yo soy el psicólogo de la comunidad”, recordó Álvarez.

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“Las autoridades indígenas se dan cuenta que la acusación tiene como objetivo dilatar el tiempo y evitar que yo reciba la atención médica necesaria, por esta razón uno de los indígenas argumenta que lo que pretenden los militares es esperar que me desangre y que esto es una violación a los derechos humanos. En ese instante se retiran los militares e ingreso al hospital para mi estabilización, sin embargo las heridas son tan graves que soy trasladado al hospital de la ciudad Cali”, continuó.

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“En la puerta del hospital de la ciudad de Cali pierdo la vida, los médicos me reaniman e inicio una serie de cirugías en el quirófano, quedo en coma por cuatro días y mi pronóstico de sobrevivir es mínimo. Sin embargo, despierto e inicio mi recuperación. Por seguridad me traslado de casa y con el miedo en el corazón se plantea la idea del exilio”.

Daniel está en Holanda desde hace tres años, y todavía no es reconocido como refugiado político. Ha perdido un ojo, una mano y una pierna, pero todavía su situación no es clara. Ni en Colombia, ni en Europa es reconocido como víctima del conflicto social, político y armado colombiano. El paramilitarismo fue su victimario y el modelo extractivista del Estado fue la causa. La ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya conocen de estas denuncias, se esperan prontas respuestas.

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Como Daniel, muchos otros colombianos están obligado a vivir en el exilio. Si hay cifras de los líderes sociales y ambientales asesinados, todavía hace falta una recopilación de todos aquellos han tenido que huir a su País para sobrevivir y para proteger a sus familias.

Esa diáspora sigue resistiendo, desde afuera, y apoyando los que quedan adentro del País.

Los indígenas también siguen resistiendo, por una defensa pacifica del Medio Ambiente, adentro de una Colombia que no ha cambiado mucho, a pesar de los Acuerdos de Paz de 2016.

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¿Un Acuerdo de Paz que tiene sabor a utopía?

Los Acuerdos fueron en sí una base, desde las cuales se debería construir una nueva Colombia, aunque eso cueste en lograrse.

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Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad de la región. Esta situación afecta principalmente a mujeres, personas en zonas rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes y habitantes en condiciones de pobreza de las grandes ciudades.

El ACNUDH recibió información sobre 100 casos de posibles masacres en 2021, de las cuales ha verificado 78 casos, 2 siguen en proceso de verificación y 20 fueron considerados como no concluyentes. En las 78 masacres verificadas se han registrado 292 víctimas (32 mujeres, 15 niños, 5 niñas y 13 personas pertenecientes a pueblos étnicos: 7 indígenas y 6 afrocolombianos). Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

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También, durante la redacción de su informe, observó que la acción violenta de grupos armados no estatales y organizaciones criminales afecta proyectos de vida individuales y colectivos, impactando desproporcionadamente a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas. Además de masacres, desplazamientos forzados e imposición de restricciones y horarios para la movilidad, estos grupos también cometen asesinatos de líderes y lideresas sociales, amenazas contra quienes desatienden las exigencias del grupo, controlan las comunicaciones de los miembros de la comunidad, limitan la relación con terceros, restringen y controlan actividades productivas de siembra, cosecha, pesca y comercialización de productos, y desconocen a las autoridades étnicas.

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Tales acciones afectan negativamente la seguridad alimentaria de las comunidades y socava su autonomía política y económica. Además, se fortalece el desarrollo y explotación de las economías ilícitas y el control territorial por parte de grupos armados no estatales. La violencia ejercida contra mujeres y niñas es otro factor de preocupación, en particular la violencia sexual. Las amenazas ejercidas generan silencio, invisibilizando la gravedad de esta situación.

Durante 2021, el ACNUDH recibió 100 alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida, de las cuales verificó 54 casos, 17 están en proceso de verificación y 29 fueron no concluyentes. En 44 de los casos verificados se observó la presunta responsabilidad de integrantes de la Policía Nacional; en cinco, de integrantes de las Fuerzas Militares; y en dos, de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía fuera de servicio. Tres casos habrían ocurrido durante operaciones conjuntas entre Fuerzas Militares y Policía Nacional.

De los casos verificados, la Oficina documentó 29 casos que se dieron por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de protestas, también documentó 13 durante la realización por la policía de operativos de prevención y persecución de delitos, dos en labores contra el crimen organizado y dos por incumplimiento del deber de protección de una víctima detenida en una estación de policía. Asimismo, verificó cinco casos que implican a miembros de las Fuerzas Militares que ocurrieron durante tareas de seguridad ciudadana, prevención y persecución de delitos y contra el crimen organizado.

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Hoy en día, al conmemorarse cinco años de la firma del Acuerdo de Paz y más de tres de la entrada en funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (“Sistema Integral”), víctimas, líderes y lideresas, comunidades, personas defensoras de los derechos humanos y comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) siguen afrontando graves riesgos para su vida e integridad por la inseguridad en los territorios.

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“La reforma agraria es el punto 1, el más importante de todos los puntos de los acuerdos, porque todo empezó por allí, por la tierra, y todavía no se implementa”, denuncia Rodrigo Londoño, también conocido bajo el nombre de Timochenko, exjefe de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El acuerdo establece el compromiso del gobierno de poner en marcha un programa de reforma agraria integral, eso porque el conflicto armado ha sido en gran parte provocado por el problema de la tierra. Sin embargo, en la práctica, es una propuesta más bien moderada y menos ambiciosa que se concentra en la distribución de tierras en el dominio público y en el desarrollo de programas complementarios de desarrollo rural.

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Como afirmado en el Acuerdo de Paz, el derecho al acceso a la tierra es el eje central de la Reforma Rural Integral planteada para alcanzar la transformación estructural del campo colombiano y cerrar la brecha de desigualdad que afecta a comunidades rurales.

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Según el informe presentado en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de Colombia en 2021, “es urgente resolver los conflictos agrarios y de propiedad de la tierra en las áreas rurales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) insta al Gobierno y al Congreso a trabajar conjuntamente para crear e implementar la jurisdicción agraria para atender y prevenir estos conflictos. El informe más reciente de Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indica una disminución de cultivos de uso ilícito en Colombia cercana al 7% en 2020. Sin embargo, los cultivadores de coca, marihuana y amapola que se acogieron a programas de sustitución de cultivos manifiestan una baja implementación de proyectos productivos y el lento desarrollo de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral contemplados en el Acuerdo de Paz”.

“El gobierno implementa lo que es estrictamente necesario dentro de su propia lógica”, nos cuenta Sergio Jaramillo, del Instituto Europeo de la Paz (EIP), ex Alto Comisionado para la Paz del presidente Santos, negociador de los Acuerdos de Paz de La Habana y el desarme de las FARC. “Supo reincorporar a los excombatientes, pero con una visión muy reduccionista de lo que debería ser en un real acuerdo de paz”.

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“Los programas en los territorios no muestran todavía sus resultados: logramos terminar una guerra de casi 50 años, pero con la presencia de la coca en el territorio surgen bandas criminales que no tienen ningún proyecto político y solo quieren seguir en el negocio de la coca”, sigue Sergio Jaramillo. “Como la implementación ha sido tan lenta, el vacío no ha sido llenado con suficiente ímpetu y el próximo gobierno tendrá una tarea muy importante en ese sentido”.

“En lo que menos ha avanzado el gobierno es en la reforma agraria. Ha perdido su aspecto participativo que era la base bajo las cuales esta misma reforma había sido construida. Además, de esa reforma se habla bien poco durante las elecciones. De una parte la gente quedó fatigada con la polarización de estos últimos 4 años y de otra parte, hay que saber que Colombia es un país más bien urbano, y ese tipo de población se preocupa más bien de temas de corrupción, seguridad o consecuencia del covid”, continua Sergio Jaramillo.

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“Lo positivo es que la agenda social ahora está mucho más presente, parando la guerra hubo el efecto positivo de abrir la discusión política a muchos más temas que Colombia debería enfrentar hoy: desigualdad, pobreza, tierras, corrupción”, concluye Sergio Jaramillo.

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¿Será Colombia capaz de avanzar hacia esta agenda social?

¿Logrará Petro llegar al gobierno e implementar dicha agenda?

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Elena Rusca, Ginebra, 31.05.2022

 

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Corresponsal

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