El origen de los privilegios no es natural

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En el siglo XVIII, principalmente en Francia, surgió la necesidad de afrontar un nuevo contrato social lo que exigía el establecimiento de un nuevo orden político. Esta transformaciòn tuvo como fuerza eso que se puede nombrar como la soberanía popular. Los debates filosóficos que fueron sustentando la creación de la República, sistema político que desplazaría a la monarquía, eran promovidos desde el liberalismo y desde el igualitarismo. La cuestión de consenso básico estuvo en que era necesario, pero también urgente, un nuevo contrato social.

La idea de contrato social es central en toda democracia moderna de ahí el surgimiento de varias teorías contractualistas entre liberales y entre igualitaristas. Un libro clásico de esa época es el «Contrato social» de J. J. Rousseau, autor que ha venido siendo estudiado en varios debates políticos actuales.Sin duda, el valor de este texto no puede ser negado desde perspectivas que asumen una visión modernizadora del Estado al cual pretendemos constituir para abandonar la ilegítima Constitución de la Dictadura. Al menos los Partidos Políticos democráticos deberían proclamar esto de superación de la Dictadura.

Sin embargo, quiero referirme a otra cosa más relacionada a la importancia de leer a Rousseau para acercarse a una comprensión de la «soberanía popular», dado el hecho de que el asunto constitucional sólo será legítimo si es que el pueblo quien lidere el protagonismo. Es un error que el protagonismo se lo estén robando los Partidos Políticos que suelen recurrir a acuerdos que permiten sostener el orden político que otorga privilegios a la oligarquía y, que por lo tanto, es causa de injusticias. No olvidemos, la cuestión central de una Nueva Constitución no es sólo terminar con la ilegítima Constitución sino que lo central es propiciar un nuevo orden político en el cual el Estado pueda garantizar derechos que permitan la dignidad del ser humano.

Cuando Rousseau propone la relevancia de celebrar un nuevo contrato social lo hace bajo la convicción de que es relevante atender a la soberanía popular, en democracia el único soberano es el pueblo, por lo tanto es éste el protagonista histórico que asume la construcción de un nuevo orden político. Si entendemos bien esto, cualquier otro sujeto participante no tiene el derecho de robarle el protagonismo al pueblo. Ni el Congreso, ni los comités asesores, ni los Partidos Políticos, ni el Estado, ni siquiera los convencionales, tienen el derecho de apropiarse de esta voluntad que es propia de la soberanía del pueblo. Un intento contrario sería un atentado al pueblo y lamentablemente el pueblo tiene enemigos terribles entre quienes pretenden representarlo.

Volviendo a la centralidad de Rousseau me parece pertinente recuperar otra cuestión importante de su pensamiento que permite seguir acercándonos a la comprensión de la soberanía popular. Esta idea la encontramos en un texto previo y que es una de las tesis más revolucionarias que se han elaborado desde el pensamiento político. La llamaré la negación de la naturalización de la desigualdad y está contenida en su ensayo «El origen de la desigualdad», para reducir el planteamiento podemos decir que frente a las ideas aristotélicas que fundaban la comprensión de que en las sociedades eran naturales las jerarquías, aludiéndose explícitamente a las de amo/esclavo, macho/hembra, joven/adulto, el filósofo igualitarista postulaba una negación.

La novedad de Rousseau es que presentaba esta cuestión de las jerarquías desde un punto de vista histórico y no natural. No es que Rousseau creyera que las jerarquías tienen que ser justificadas desde una autoridad que apela a la historia. El emplazamiento de Rousseau era más bien de que si aceptábamos las jerarquías como históricas y no naturales, tendríamos la oportunidad de transformarlas desde nuevas visiones políticas y culturales. En el fondo esta concepción es la que posibilita el establecimiento del nuevo orden político para las repúblicas auténticamente democráticas.

Volviendo a nuestro caso chileno. Hay que dejar bien en claro que los «privilegios» de la oligarquía y de quienes están a su servicio, no son naturales. Esto quiero decir que hay causas históricas, diferentes por cierto, pero entre ellas la Constitución de la Dictadura, pero también las constituciones pasadas, es decir la del 25 y la portaliana, en cuanto éstas fundaron el orden político a favor de una élite criolla desde un maltrato impúdico al pueblo. El anhelo por una Nueva Constitución no es sólo superar la Constitución ilegítima, sino que también establecer un nuevo orden político a favor del pueblo soberano. Es importante establecer un nuevo orden político que no permita el privilegio a unos pocos junto a sus dóciles siervos y que no permita el maltrato a una mayoría que se le robó hasta la dignidad.

La comprensión de que el orden político favorece los privilegios no tiene ningún tipo de justificación (divina, natural, histórica), pero si aceptamos que su origen es histórico podemos asumir la conciencia de que es posible transformar el orden político que atenta en contra de los ciudadanos. Sólo el pueblo soberano es quien puede escribir un orden político distinto que asegure un nuevo contrato social.

Por Alex Ibarra Peña

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