Más de cien tramos de carretera bloquen manifestantes en Perú
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Más de 100 tramos de carreteras en Perú permanecían este sábado bloqueados por manifestantes, mientras el aeropuerto de Cusco reanudaba operaciones, un día después que la presidenta Dina Boluarte aseguró que no renunciará.
Las regiones del sur andino, de los más marginados en Perú, están sumidos en una incesante convulsión social que deja al menos 42 muertos desde inicios de diciembre, según líderes civiles y organizaciones defensoras de derechos humanos, informa la agencia AFP.
«Hay sectores extremistas que buscan generar desorden y caos, con intereses subalternos (…). Estamos más fuertes que nunca, con un gabinete ministerial comprometido a fajarse por el país», afirmó el viernes Boluarte, cuando crecía la presión política que reclama su dimisión.
Como vicepresidenta de Pedro Castillo, Boluarte asumió el 7 de diciembre luego que fuera destituido por el Congreso.
Este sábado los bloqueos afectaban 11 regiones de los Andes y la Amazonía, especialmente en el sur, cerca a las fronteras con Bolivia y Chile. Según estadísticas de la Superintendencia de Transporte Terrestre, nunca antes se habían presentado tantos cortes en la actual crisis.
Pero En Cusco, meca del turismo internacional, las autoridades reabrieron las operaciones en el aeropuerto Velasco Astete, cerrado por dos días por seguridad. Con la medida, el gobierno busca recuperar la actividad en la zona, donde gremios locales afirman que pierden hasta siete millones de soles diarios (1,7 millones de dólares) por la crisis.
El principal reclamo en juego es la renuncia de Boluarte, que gana respaldo y plantean incluso las organizaciones de derechos humanos, lo que llevó al semanario Hildebrandt en sus 13 a afirmar que el gobierno tiene los días contados, por la alta mortandad, la vastedad de las protestas y la ausencia de otras salidas.
El hasta ayer ministro de Trabajo, Eduardo García, renunció ante la reciente oleada de muertes, y planteó que el Gobierno debe disculparse, además de sumarse a la demanda de prontas elecciones generales adelantadas.
Quienes adversan a las protestas invocan sobre todo posiciones anticomunistas, mientras sectores medios y empresarios promueven las denominadas marchas por la paz en diversas regiones y han sido denunciadas por sus posiciones de derecha extrema y, en el caso de la ciudad de Cusco, de actitudes racistas.
Mientras tanto, ocho dirigentes del Frente de Defensa de la región surandina de Ayacucho, uno de los bastiones del movimiento opositor, a los que la policía antiterrorista acusa de pertenecer a lo que queda del grupo armado Sendero Luminoso.
El conocido oficial antiterrorista Óscar Arriola sostuvo que, como la presidente del frente cumplio condena por terrorismo, esa es la prueba de que esa agrupación está infiltrada en las protestas, lo cual lleva mediáticamente a “terruquear” (acusación de terrorista con fines de descalificación) a la protesta.
En ese marco, el conocido jurista Carlos Rivera acusó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de desarmar el subsistema de fiscales de casos de derechos humanos, al reasignar a seis fiscales dedicados a este tema, al de casos de terrorismo.
Fuente: AFP y Prensa Latina
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