Una constitución anti patriota

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El proceso constitucional en Chile ha estado en evolución durante casi una década, sin acuerdos aparentes sobre el rumbo que debe tomar en el futuro cercano.

Hoy, a pocos meses de un nuevo plebiscito para decidir sobre un nuevo texto constitucional, persisten más preguntas que respuestas. Durante el proceso constitucional anterior, las fuerzas conservadoras y las coaliciones funcionales que las respaldaban dominaban la opinión pública con opiniones, comentarios y declaraciones que buscaban desacreditar el trabajo de la Convención Constituyente. Sin embargo, en el proceso actual, parece que las voces de los comentaristas políticos y líderes que pretendían representar una ciudadanía imparcial, técnica y políticamente neutral han quedado en silencio.

¿Por qué este silencio? ¿Acaso quienes se autoproclamaban patriotas y abanderaban la protección de los recursos naturales, la sociedad civil y los ciudadanos en la nueva carta magna ya no tienen nada que decir?

La Pérdida de Soberanía sobre los Recursos Naturales

Las últimas enmiendas conocidas al texto constitucional dejan en un completo desamparo, por parte del Estado, la protección de los recursos naturales, que son la base de nuestra economía nacional y que el Estado chileno necesita para desarrollar políticas públicas y garantizar la protección de sus ciudadanos.

Entiendo, con un profundo sentido de patriotismo, que la soberanía nacional implica el control que ejerce nuestro país sobre los recursos existentes en nuestro territorio, los cuales pertenecen a toda la comunidad nacional, es decir, a todos los chilenos y chilenas.

Las enmiendas recientemente aprobadas reflejan una dirección contraria al ejercicio de esta soberanía al permitir la privatización de mares, lagos, costas y todos los recursos naturales explotables y comercializables.

Además, existen dudas sobre el papel que desempeñará el Estado en el nuevo texto, que parece ser un reflejo del fanatismo político y religioso de un grupo minoritario de la sociedad que obtuvo el poder a través del oportunismo político, la inversión en publicidad en redes sociales y la propagación de noticias falsas, en lo cual los grandes conglomerados de prensa fueron cómplices pasivo y activo.

Este nuevo texto constitucional no es más que una estrategia descarada para imponer un modelo económico que beneficia principalmente a las empresas y a las familias que poseen grandes riquezas en el país, en detrimento de las necesidades reales de la ciudadanía, que sufre la falta de atención en áreas críticas como la salud, la educación y la seguridad.

Finalmente, parece que la derecha y sus aliados, buscan mantener sus privilegios y plasmarlos en un texto que maquillará e intensificará los aspectos más negativos del sistema capitalista, consolidando las formas más perjudiciales de explotación empresarial incrementando la brecha entre ricos y pobres.

Por Sebastián Astete

Licenciado y profesor de Historia,

Miembro del Comité ejecutivo de Plataforma Socialista

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