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Alto Maipo: un proyecto de impacto millonario en contra del ambiente

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El proyecto Alto Maipo, iniciado por la empresa estadounidense AES Gener SA y la constructora austriaca Strabag se ubica en la cuenca alta del río Maipo, en la comuna de San José de Maipo.

Según el gobierno chileno “el proyecto hidroeléctrico de Alto Maipo es parte de la renovación de la matriz energética en base a fuentes renovables, lo que a su vez permite la descarbonización y la consecuente protección del medioambiente, ya que, sin una adecuada transición en la producción de energía, los planes de descarbonización y renovación de la matriz energética se harían inviables”.

En concreto, el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) es un proyecto caracterizado como central de pasada de gran escala ubicado en el Cajón del Maipo, aproximadamente a 50 kilómetros de Santiago, Chile. Consiste el proyecto en desviar y capturar la mayor parte de las aguas de los ríos Yeso, Volcán y Colorado – principales afluentes del Río Maipo – para conducirlas a través de un sistema de 70 kilómetros de túneles perforados a través de las montañas, hasta dos cavernas de máquinas donde estarían instaladas las turbinas y generadores eléctricos. Este desvío de aguas significa restarle esta gran cantidad de agua al valle del río Maipo por más de 100 kilómetros.

“El Proyecto utilizará derechos de agua superficiales no consuntivos, de propiedad del Titular, durante la fase de operación, de acuerdo con lo señalado en el punto 3.8 del Capítulo II del Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (En adelante, ICE). Por lo anterior, no habrá consumo de las aguas captadas en cada uno de los cauces superficiales que serán intervenidos por el Proyecto, y estas aguas serán descargadas al Río Maipo, aguas abajo de la confluencia de este río con el estero El Manzano, según lo señalado en el punto 4.2.7 de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Nº256/2009” declara el gobierno chileno.




Sin embargo, el PHAM está impactando dramáticamente la cuenca del Río Maipo, así como los acuíferos en el área afectada, poniendo en riesgo el acceso al agua potable no solamente de los habitantes del Cajón del Maipo sino también de los 7 millones de personas que viven en la Región Metropolitana de Santiago. La construcción del PHAM está afectando además el ambiente de forma irreversible, con severas consecuencias para la salud, las formas y calidad de vida, los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades, entre otros, está provocando el aumento del derretimiento de los glaciares, el aumento de la sequía de la zona, sin hablar de las consecuencias nefastas en el impacto ambiental debido al instalación de bocatoma y de un túnel de 70 km para contener el agua y crear la electricidad necesaria a las mineras de Luchsinger.

El PHAM ha recibido financiamiento de dos bancos multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, así como de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) del gobierno estadounidense.

Adicionalmente el proyecto cuenta con créditos de la banca comercial nacional e internacional: Corpbanca, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Itaú Chile, Banco del Estado de Chile, KfW Ipex-Bank (Alemania), y DNB Bank ASA (Noruega).

Actualmente, el proyecto se encuentra parado: en febrero del año pasado, 2023, la constructora Strabag, llevó a arbitraje a Alto Maipo ante la Cámara de Comercio Internacional. Esto, por retirar fondos de una carta de crédito para, según la compañía austríaca a cargo de la construcción de la chilena, “cubrir su déficit de liquidez”. A mediados de noviembre, luego de malos resultados ante la justicia norteamericana, redoblaron su ofensiva y acudieron al máximo tribunal de Nueva York para solicitar una medida cautelar. La empresa afirma que, por segunda vez, Alto Maipo está al “borde de la insolvencia y bancarrota” y que si la Suprema no interfiere, podrían perder millones de dólares. La filial de AES Andes tiene una versión distinta: apuntan a su contraparte como responsable de colapsos en sus túneles y declaran que tienen el derecho a acceder a dichos fondos porque no cumplieron con los plazos establecidos. Además, fuentes de la compañía niegan tajantemente una posible quiebra.

Lejos quedaron las pancartas, movilizaciones y críticas ciudadanas a Alto Maipo. Hoy, la principal preocupación de la hidroeléctrica es con una de las constructoras detrás del proyecto, la cual, acusan, sería responsable de diversos colapsos que amenazan la puesta en marcha de la planta de energía renovable más importante de Chile. Su contraparte, en cambio, tiene su propia versión de los hechos.

En el mientras nadie podrá remediar a la aceleración del derretimiento de los glaciares limítrofes del Cajón del Maipo debido a los trabajos de construcción de las bocatomas y al polvo, nadie remediará al desgaste ambiental de las bocatomas y del túnel, nadie remediará al aumento de la sequía debido al robo de agua de la Central Alto Maipo a esta cuenca durante estos últimos años.

En 2020, Naciones Unidas había denunciado ya esto proyecto: “Expresamos nuestra preocupación porque el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo estaría afectando negativamente a la disponibilidad de agua para consumo humano y uso doméstico en las zonas afectadas, en contextos ya severamente afectados por el cambio climático y la escasez extrema de agua”, declararon en ese entonces los relatores de la ONU. “La escasez que ambas actividades estarían agravando afectaría también la capacidad productiva de la agricultura de subsistencia en las zonas afectadas, resultando en violaciones del derecho a la alimentación y otros derechos relacionados con el derecho a un nivel de vida adecuado. “El hecho de que el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo se esté llevando a cabo sin la debida participación de las comunidades afectadas, y con importantes daños a la biodiversidad y al medio ambiente también podría suponer la violación de múltiples derechos humanos”.

“El Gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud,” dijo Léo Heller, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento en ese entonces. De hecho, El artículo 19 N° 24 de la Constitución de 1980 dispone que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Con ello, estos derechos cuentan con la protección que la Constitución otorga al derecho de dominio, la que los hace inexpugnables. El agua es, constitucionalmente en Chile, un recurso privado. Su propiedad no depende del dueño de la tierra en donde se encuentra.

En Chile, hoy en día, tres organizaciones se concentraron principalmente para luchar contra la privatización del derecho al agua: el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo (CCNAM), y las Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero – Puchuncaví en Resistencia.

Entrevista a Marcela Mella, vocera de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo (CCNAM).

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Elena Rusca

Periodista, corresponsal en Ginebra

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