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jueves, 29 de julio de 2010
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Gobierno debe publicar listado de empresarios educacionales |
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escrito por Hector Vera*
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jueves, 12 de junio de 2008 |
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El reclamo de los estudiantes contra el lucro a través de la educación, mete el dedo en una profunda “llaga social” heredada por la dictadura militar. Un día antes de entregar el poder, Pinochet marcó a fuego su firma en la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE. Es momento, que en un tercer gobierno de la Concertación , se publique una lista - con nombres y apellidos- de los sostenedores, las empresas y corporaciones vinculadas al negocio de la educación.
EL LUCRO CONTINUARA
El proyecto denominado Ley General de Educación, LGE, ratifica las condiciones jurídicas y sociales que inspiraron el diseño y construcción de la LOCE. Este sólo introduce algunos cambios en los mecanismos de acceso y control a los establecimientos subvencionados. Además, crea nuevos organismos burocráticos para llevar adelante esta función.
La LGE no modifica en absoluto el modelo mercantilista de educación; modelo que desfavorece expresamente a la educación pública, gratuita e inclusiva.
En su afán de asegurar la concreción del proyecto, la Ministra de Educación, Mónica Jiménez, tomó las medidas de resguardo “académico”. En consecuencia, constituyó su equipo de asesores y expertos con las mismas personas que han apoyado y justificado este ineficiente e injusto sistema.
SOMOS “DIFERENTES”
En ningún país del mundo, el Estado subvenciona - tan generosamente- a privados que quieren hacer de la educación un negocio lucrativo con recursos que, en definitiva, salen del bolsillo de todos los ciudadanos.
Pero, en Chile somos “diferentes”. Aquí en el fin del mundo, el Estado es mano abierta con los negociantes educacionales quienes amparados en el resquicio legal “sin fines de lucro” logran escapar del Servicio de Impuestos Internos.
Aquí nos vanagloriamos de tener un sistema llamado Aporte Fiscal Indirecto el cual permite otorgar más financiamiento a quienes ya tienen privilegios educacionales, dejando en la estacada a universidades públicas. Universidades que reciben a miles de estudiantes talentosos provenientes de hogares dónde las familias hacen verdaderos “milagros” económicos, para costear la educación de sus hijos.
Los estudiantes movilizados han denunciado, que destacados personeros del mundo político de derecha, de centro e incluso de izquierda, están implicados directa o indirectamente en el negocio de la subvención y la exención de impuestos.
El año 2006, la ex funcionaria del Colegio San Mateo de Osorno, Mery Tejeda denunció que la dirección de ese establecimiento le ordenó alterar la contabilidad con el fin de obtener 1.600 millones del Fisco.
“Yo trabajé 20 años en un colegio católico, como Contadora y administradora, aplicando la ley del DFL2 en sus dos títulos: Titulo I de la Educación Gratuita , Título II del Financiamiento Compartido. Esto me habilita para tener opinión sobre el tema”, explica y, a renglón seguido levanta preguntas de fondo:
¿Alguien conoce el “balance” que el Ministerio de Educación solicita a los sostenedores?
¿El Servicio de Impuestos les pide justificación de inversiones, como lo hace con otros contribuyentes?
¿Los colegios tienen puras ventas de servicios educacionales blancas, o también como otros contribuyentes venden sin boleta?
¿Saben ustedes si actualmente el Ministerio es exhaustivo en controlar a los colegios que están adscritos al Titulo I de DFL 2, vigente a la fecha, “Educación gratuita”, cumplen con las disposiciones del artículo 6 letra e, de no cobrar escolaridad, ni donación obligatoria?
Estas son las situaciones que desatan la ira de los jóvenes y que pocos adultos se atreven a manifestar con la misma fuerza. Basta revisar el sitio web del Ministerio de Educación- y constatar los abultados montos de dinero repartidos a los sostenedores, mes a mes.
¿QUIENES SON Y DONDE ESTAN?
El Gobierno debe hacer público el listado de personas, empresas o corporaciones que están detrás de los establecimientos subvencionados. Una medida de esta naturaleza permitiría saber si hay parlamentarios, personeros gubernamentales, jerarcas de la iglesia católica, del empresariado o dirigentes políticos implicados en intereses de este tipo.
La Ministra daría un buen ejemplo a la ciudadanía al responder públicamente las interrogantes aquí planteadas y explicar además su “doble militancia”. Según la información aparecida en la página www. participa.cl, Mónica Jiménez ostenta el cargo de Presidenta de esta corporación privada.
La entidad recibe financiamiento del Ministerio de Educación, Mideplan, Embajada de Estados Unidos, Banco Inter-Americano de Desarrollo, entre otros organismos.
¡Pueda ser que la Secretaria de Estado este en condiciones de entregarnos la verdad!
De ser así, millones de familias chilenas, particularmente las más pobres del país, verían concretado su derecho a saber cómo se utiliza el dinero que - con grandes sacrificios- destinan a la única herencia que le pueden dejar a sus hijos: La educación.
*Hector Vera. Periodista y Profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago
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