1500 presos desde el 18 de octubre: de la revuelta, políticos, tratados como delincuentes comunes
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Ni la delegación del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) nombran en sus informes a los jóvenes presos por participar a las movilizaciones desde el 18 de octubre.
Un tema silenciado, sobre el cual ni el INDH ni el ACNUDH quisieron responder.
La mayoría de los jóvenes presos se encuentran actualmente en las cárceles juntos a presos comunes. En Santiago, en Santiago 1. Los presos allí “se mueren de hambre, abusan de ellos, hay tráficos, condiciones muy malas. Algunos de esos jóvenes presos que defendemos se encuentran en cárcel de máxima seguridad, con condiciones que van en contra de los tratados internacionales porque están recluidos en una célula durante 23 horas y solo tienen una hora de patio”, denuncia Lorenzo Morales Cortés, abogado de la ONG Defensoría Popular.
Presos políticos
“En el caso de las personas que defendemos, sí, son presos políticos” responde el abogado. “Todos son querellantes del Ministerio del Interior, por unos casos se le ha aplicado la Ley de Seguridad del Estado, por otro la Ley Antiterrorista, lo que implica una multiplicación de la pena hasta 4 veces más. Todos han sido seguidos por la policía especial OS9 de Carabineros. Todos aquellos, en un Estado democrático de derecho deberían estar en libertad. O sea, no obstante que algunas imputaciones son bastantes graves, no tienen ningún antecedente, sin embrago con el estallido social, por la incidencia del Ministerio Público y la aplicación de leyes especiales se configura un cuadro de persecución política hacia estos jóvenes”.
Los que preocupa particularmente a los abogados es que nadie se está preocupando de denunciar este hecho de presos sistemáticos.
“Hay 1200 personas en el módulo 14 de la Cárcel de Santiago 1. De estas 1200 personas solo 300 son presos relacionados a las movilizaciones, los restantes son delincuentes comunes. Sin embargo el Estado sigue desmintiendo”, declara Lorenzo Morales.
La ONG quiere hacer una incidencia para que esa realidad sea pública.
“Siempre hubo conflicto con el Estado. Ahora hay más problemas con el estallido, pero esa situación no es de ahora. Hay un joven, Kevin Garrido Fernández, que perdió la vida en Santiago 1 en 2018. No queremos que hayan más Kevin. Hemos hecho la denuncia al INDH pero esta organización se encuentra desafortunadamente atrapada desde un tiempo a esta parte. Políticamente el INDH tiene patrimonio y personalidad jurídica propio pero este patrimonio viene del directorio de Estado de Chile”, comenta Lorenzo Morales. “Concretamente, desde que Sergio Micco fue llamado por el presidente Sebastián Piñera no ha salido más públicamente hablando, ni a la calle. El trabajo que debería sería de posicionarse también en respecto a los presos. Desde hace una semana hubo el rumor que un muchacho fue violentado en la cárcel. Él no fue violentado sexualmente pero golpeado muy fuertemente y lo mudaron de módulo pero eso no resuelve el problema ni le asegura protección por su vida”.
El sistema carcelario chileno se encuentra particularmente corrupto, tráficos y círculos de poder afectan a la persona común y corriente que se enfrenta a ese sistema. Muchos fiscales han sufrido la presión del Estado de Chile y todos los días están formalizando a nuevos jóvenes.
“Nos hemos reunido con la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos (ACNUDH) pero la ONU tampoco tuvo mucho poder en eso; estamos bastante solos y no hay muchas organizaciones que defiendan los derechos de los jóvenes presos, no hay organizaciones de derechos humanos internacionales que hablen de eso”, sigue el abogado de la Defensoría Popular.
300 en Santiago y 1500 a través de todo el País, con una edad máxima entre los 23 y los 24 años. Esta es una política sistemática del Estado, este repertorio no es de ahora sino que de tiempo atrás, tanto por los presos como por el tema de las violencias.
Coordinadora 18 de Octubre
La Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de Octubre, es un espacio de articulación entre familiares, amigos, individualidades y organizaciones que luchan por la libertad de los prisioneros políticos. Una Coordinadora autónoma y autoconvocada, independiente de los partidos y de las ONGs.
“Nosotros revindicamos que sean prisioneros políticos porque han sido reprimidos por el estado por motivos y razones políticas”, declara Felipe, participante de la Coordinadora 18 de Octubre.
Todavía los presos vienen de distintos lados y no se autodefinen como presos políticos, sino que prefieren más la apelación de presos de la revuelta, separándose de esa forma de todo el aparato político actual chileno. ¿Por qué eso?
“La Plaza de la Dignidad no es un escenario propio solo al estallido actual, sino que de un ascendente histórico de más de 30 años. En el pasado, la mayoría del sistema político decidió en la época pactar con la dictadura, asegurándole que el modelo no se cambiaba, asegurándole la impunidad para su crímenes, asegurándole que eso no iba a afectar a las familias de los represores y eso nos condujo hasta el día de hoy, y todos participaron, inclusive el Partido Comunista (PC)”, admite Daniel Jadue, alcalde de Recoleta.
Sin embargo, el término político, no es cierto que sea definible y definido con los actuales miembros de los partidos políticos chilenos.
“El delito político es definido por dos criterios: objetivo, el bien jurídico que ataca; y subjetivo, la finalidad que se comete. La finalidad con que actúan los jóvenes que han sido presos durante las movilizaciones es política de reclamo social de protesta y de lucha. Es bastante paradójico que las personas que son acusadas de saqueo quedan muy rápidamente en libertad, porque se retiene solo un delito en contra de la propiedad, a diferencia de las personas que se encuentran construyendo barricadas que son considerados como un peligro por la seguridad del Estado. Son presos que están detenidos por su actuar político frente al sistema y en ese sentido son presos políticos”, aclara Hiram Villagra, abogado de la Corporación de Promoción y Defensa de os Derechos del Pueblo (CODEPU).
Por Elena Rusca
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