Desde un tiempo a esta parte, los pueblos indígenas o autóctonos del continente americano se hallan en un estado de alerta y movilización, cuando no en un abierto estado de confrontación con las fuerzas represivas de sus respectivos estados. Hace unos meses los indígenas ecuatorianos protagonizaron un estallido que puso en riesgo la presidencia de Lenin Moreno, este último, uno de los más vergonzantes ejemplos de traición política. Indígenas en Colombia han estado denunciando hace meses los ataques de que son víctimas algunos de sus dirigentes. En Brasil, los indígenas son acorralados para dar paso a la explotación ganadera y minera en sus tierras, mientras el presidente del país ni siquiera disimula el desprecio que siente por ellos. El golpe de estado en Bolivia parece cada vez más una revancha de la minoría blanca y mestiza contra el único presidente indígena que el país ha tenido, e intenta borrar hasta los símbolos de ese “atrevimiento”. En Chile, como bien sabemos, las diversas escaramuzas entre mapuches y carabineros ya no son noticia porque se han hecho parte de la vida cotidiana en la Región de la Araucanía.

En la parte norte del continente no se oye hablar mucho de reivindicaciones indígenas; la más grande minoría étnica en Estados Unidos la constituyen los negros, cuyas luchas por derechos civiles ya es parte de la épica contemporánea, con poca mención allí a la situación de los pueblos originarios, que en realidad son muy minoritarios. En Canadá sin embargo, los pueblos indígenas sí constituyen un grupo importante, especialmente en las regiones del norte del país, así como en algunas reservas (territorios “reservados” para las comunidades indígenas) generalmente cercanas a centros urbanos.

Coincidentemente, así como los mapuches han estado movilizados en los últimos tiempos, gran parte de las Primeras Naciones –como son reconocidos en Canadá los pueblos originarios– han tenido también su propio estallido. El detonante de la protesta indígena en Canadá fue el violento desalojo, por parte de la Real Policía Montada (la fuerza policial federal, con jurisdicción nacional), de un grupo de manifestantes de la comunidad wet’suwet’en,  uno de las muchos pueblos aborígenes de Canadá.  Los wet’suwet’en son un pueblo que vive en el norte de la provincia de Columbia Británica, en la costa del Pacífico. El conflicto surgió a partir de la proyectada construcción de un gasoducto que pasaría por territorio ancestral de esa comunidad. Mientras los consejos elegidos de los wet’suwet’en apoyan la construcción, los llamados jefes hereditarios, designados de acuerdo a las tradiciones de esa comunidad, rechazaban la idea.

Lo que parecía un conflicto localizado sin embargo al cabo de pocos días –como el estallido en Chile– adquirió proporciones nacionales. Otros pueblos indígenas a través del país bloquearon las líneas férreas, entre ellos los mohawks en las provincias de Quebec y Ontario, en los hechos paralizando el transporte ferroviario por más de dos semanas.

Como en el caso chileno, la protesta tuvo efectos sobre el conjunto de la población y la economía del país que no eran bienvenidos: trabajadores ferroviarios fueron temporalmente despedidos (el movimiento sindical, que en principio podría ser un aliado de otros grupos que sufren opresión, mantuvo silencio), pasajeros de los trenes suburbanos en las dos ciudades más grandes del país, Montreal y Toronto, se vieron importunados también. El premier de Quebec, François Legault, de un partido de derecha, hizo llamados alarmistas sobre inminentes desabastecimientos de combustible –que se mueve por tren– y más aun cuando indicó que los indígenas mohawks estaban armados de fusiles AK 47, esto último fuertemente desmentido por los portavoces de esa comunidad autóctona, que a su vez denunciaron que Legault intentaba crear alarma y sobre todo, hacer que el resto de la población reaccionara contra los indígenas.

Luego de penosas negociaciones entre el gobierno federal, el provincial de Columbia Británica, y los indígenas involucrados, se logró un acuerdo y el 6 de marzo los bloqueos a las vías ferroviarias fueron levantados. Mercaderías, petróleo y por cierto pasajeros pueden una vez más movilizarse sobre rieles. Lo que todavía no está muy claro es qué va a pasar finalmente con lo que gatilló este estallido indígena: la construcción del gasoducto y qué recursos se van a destinar para beneficiar a los pueblos indígenas afectados.

Es que en definitiva, si uno quiere analizar la relación entre pueblos originarios y las autoridades del Estado, tiene que remontarse a las causas primigenias de esa disfuncional relación: los orígenes mismos de los estados en el continente americano. Un tema que no es siempre debidamente abordado.

De alguna manera, para emplear una figura metafórica, hay un “pecado original” en el nacimiento de prácticamente todos los estados que existen en las Américas, desde Estados Unidos –el primer país independiente constituido en el Nuevo Mundo– pasando por los estados nacidos de la independencia de las entonces metrópolis, España y Portugal, y por cierto incluyendo a Canadá, un país relativamente más joven que sólo se fundó en 1867.

¿En qué consiste ese “pecado original”, que también pudiéramos llamar “fundación no por sus legítimos dueños, sino por sus usurpadores”? Para explicarlo comparemos el nacimiento de los estados-naciones europeos y los del continente americano. No puede cuestionarse que cuando Inglaterra, Francia o los Países Bajos, por ejemplo, se establecen como estados-naciones hacia fines de la Edad Media y en el Renacimiento, sus fundadores son los que pudiéramos llamar sus “pueblos autóctonos”. Si bien –si uno conoce la historia europea– puede verse que allí también hubo históricamente invasiones y desplazamientos de poblaciones, al final cuando esos estados nacen, sus fundadores tienen un legítimo e incuestionable título sobre el territorio en el cual establecen su estado.

No es este el caso en el continente americano: ni Estados Unidos, ni Chile, ni los demás países latinoamericanos, ni Canadá fueron fundados por sus pueblos aborígenes, sino por los descendientes de conquistadores y colonizadores. (La excepción fueron Haití y los estados anglófonos del Caribe, fundados por descendientes de los esclavos llevados allí por los colonizadores. Los aborígenes taínos, caribes y otros habiendo sucumbido tempranamente a las enfermedades llevadas por los europeos o derechamente exterminados). Como bien sabemos, esos descendientes eventualmente entraron en conflicto –en sus comienzos más por intereses de comercio que por un discurso patriótico muy abstracto– con sus respectivas metrópolis imperiales. En ese conflicto sin embargo, los pueblos originarios no tuvieron un mayor rol, más bien fueron observadores que a veces fueron reclutados por un bando u otro, pero ellos mismos no tuvieron mayor cosa que decir cuando esos estados fueron finalmente consolidados.

De extremo a extremo del continente, los indígenas en los nuevos estados allí constituidos pasaron a ser una suerte de “nota al pie de página” en sus respectivas historias oficiales: “también en este territorio vivían ‘indios’…” Eso sí, algunos de sus símbolos fueron incorporados por estos estados para proveerles un elemento distintivo: el escudo y la bandera de México reproducen el águila devorando una serpiente del mito azteca de fundación de su capital; las banderas de Argentina y Uruguay despliegan un sol, símbolo del dios incaico; y para el imaginario popular uruguayo, particularmente en lides deportivas, se alude a la “garra charrúa”, aunque los indígenas charrúas que habitaban el territorio oriental fueron sistemáticamente exterminado y las elites del Uruguay hasta el siglo 20 se vanagloriaban de ser el país “más europeo” (o blanco) del continente.

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Como en el resto del continente, en Canadá los indígenas no fueron tomados en cuenta para la fundación del país: británicos (anglófonos) y franceses (francófonos) son considerados los Pueblos Fundadores del estado canadiense, que es oficialmente bilingüe en cuanto a sus instituciones federales (nacionales). Cuando en la segunda mitad del siglo 19 se planteó el tema de qué hacer con los pueblos originarios, la respuesta vino en una solución muy drástica: había que “civilizar” a los indígenas, no a los adultos, sino a sus hijos. Lo que se implementó ha sido considerado hoy como un verdadero genocidio cultural: niños y niñas indígenas fueron literalmente arrancados a sus familias e internados en escuelas residenciales donde se les prohibía que hablaran sus idiomas. Para “civilizarse” debían aprender inglés o francés. (Como se ve, ese viejo cuento de que los comunistas, cuando llegan al poder le quitan sus hijos a los padres, en realidad ni siquiera es original, los seguidores de la hoz y el martillo en verdad lo habrían tenido que “aprender” de lo que mucho antes puso en práctica el Imperio Británico, ya que el mismo método fue usado con los aborígenes en Australia).

Sólo recientemente Canadá oficialmente se ha disculpado y pagado compensación por ese internamiento forzoso de los hijos de los indígenas. Un procedimiento inhumano que, además, tuvo otra dimensión muy sórdida: como esas escuelas residenciales fueron administradas por las iglesias, con un rol muy dominante de la Iglesia Católica, una importante cantidad de esos niños y niñas sufrieron abusos sexuales a manos de religiosos, algunos de los cuales vieron esa “carne joven” como “caída del cielo”: no había familias ni nadie que viniera a pedirles cuenta de lo que ocurría en los internados, generalmente situados en regiones alejadas de los principales centros urbanos.

Por cierto, cuando decimos que todos nuestros Estados en este continente tuvieron esta forma de nacer a partir de quienes no eran los dueños originales del territorio, no estamos planteando que su existencia sea ilegítima y que entonces todos los que no pudieran probar al menos 1/16avo de sangre indígena (proporción por la que se determina alguien de ancestro indígena en Canadá) tuvieran que irse de vuelta a Europa. Aunque por ahí a veces se ha escuchado tal cosa, pero que por cierto es irrealista, absurda y además injusta. Los estados constituidos en las Américas es lo que hay, como se puede decir. Después de generaciones de presencia en estas tierras, los actuales ciudadanos de cada uno de estos países tienen el legítimo derecho a sus estados nacionales. Lo que corresponde eso sí, es re-pensar esos estados, reformular las premisas sobre las cuales se erigieron. En Canadá hay una fuerte corriente de opinión en el sentido de dar reconocimiento constitucional a las Primeras Naciones, si no como fundadores ya que ese hecho ya ocurrió, al menos como concurrentes del Estado con iguales derechos. Bolivia se definió en su constitución como un estado plurinacional, así lo ha hecho también Ecuador y en la última administración de Cristina Fernández se barajó la posibilidad de utilizar la misma caracterización para la Argentina (que tiene también una importante población mapuche en el sur, así como guaraníes y aimaras en el norte).

Naturalmente, Chile, en vías de darse por primera vez una constitución redactada democráticamente, debe contemplar también su definición como estado plurinacional (según estudiosos del tema, habría al menos ocho distintas naciones autóctonas en el territorio chileno, incluyendo a los habitantes de Rapa Nui). Por supuesto, una tal definición sólo debe ser un comienzo para consagrar constitucionalmente la necesaria autonomía en materia cultural y lingüística, su autogobierno en las regiones de mayor concentración demográfica, y el control sobre los recursos naturales de su territorio que a su vez les permita recibir sus propios recursos vía impuestos y royalties pagables directamente a esas comunidades.

Aquí y allá, el clamor de los pueblos indígenas se hace sentir muy fuerte. A veces puede no ser bien recibido por el resto de la población: cuando por semanas la gente en las metrópolis de Montreal y Toronto se vio impedida de usar el medio de transporte o tuvo que esperar más tiempo por sus trenes, debido al bloqueo de las vías férreas, muchos expresaron su molestia, y en más de algún caso agregando alusiones racistas  –ciertamente la interrupción del servicio era una molestia, considerando que aquí estamos en pleno invierno– pero la réplica de los activistas indígenas también fue franca: “sorry, pero nuestra espera ha sido más larga, hace más de siglo y medio que esperamos…”

 

Por Sergio Martínez (desde Montreal, Canadá)

 

 

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