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La precarización de la vida y la vivienda se agudiza con la cuarentena: por una vida digna

Esta es un documento de la Corporación Ciudad Común en la que expone la precarización de la vida y las desigualdades agudizadas y visibilizadas durante la cuarentena y la crisis Codiv-19.  Son una serie de demandas ciudadanas que se levantan más la invitación de adhesión.

Medidas en materia de vivienda, ciudad y territorio en tiempos del COVID-19

Por el derecho a la vivienda y la ciudad

La crisis que enfrentamos hoy en Chile y el mundo debido a la pandemia por el COVID-19, ha visibilizado y profundizado aún más las desigualdades y carencias del sistema económico – político neoliberal predominante, lo que está acrecentando la precarización de la vida de los grupos más vulnerables y de toda la población.

Como medida para prevenir el contagio, el gobierno de Chile decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y cuarentena total en algunas comunas y regiones específicas. Sin embargo, dichas acciones son insuficientes para evitar el contagio y la propagación del virus puesto que, como lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS)(1) , para disminuir las posibilidades de contagio y evitar así el colapso de los sistemas de salud, es necesario implementar cuarentena total y obligatoria. La respuesta de las autoridades ha sido reactiva y tardía, lo que ha significado que las personas en sus territorios tomen medidas de distanciamiento físico y cuarentena voluntaria.

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Hoy en día, todos y todas quienes viven en asentamientos informales y/o en barrios marginales, en condominios sociales y/o en poblaciones, en edificios súper densos y/o en cités, presentan mayores riesgos de vida y salud, los que se incrementarán con la llegada del invierno. En este sentido, contar con las condiciones adecuadas de prevención e higiene se relaciona directamente con la vivienda, la ciudad y el territorio. Por lo mismo, vemos con preocupación el inminente impacto que esta crisis generará en los grupos más vulnerables, correspondientes a aquellas personas sin hogar, que viven en situación de calle, amenazadas de desalojo, sea por el supuesto colapso de sus viviendas en situación de riesgo natural o, más bien, antrópico y sin acceso a agua potable. Así como a aquellas personas que viven de trabajos informales y/o precarios, personas empobrecidas, que sufren violencia cotidiana, especialmente mujeres y disidencias, además de las personas mayores. Por lo cual, se hace urgente tomar medidas en materia de vivienda, ciudad y territorio que garanticen un ambiente adecuado de seguridad y salud para la población.

La crisis del COVID-19 contribuye a visibilizar esta problemática, que viene arrastrándose desde y durante décadas. Con todos sus costos sociales, esta crisis nos permite repensar y construir la dignidad humana en la ciudad y el territorio, empezando por el reconocimiento constitucional del derecho humano a una vivienda adecuada, para que todxs, Estado y sociedad, logremos generar los instrumentos legales y normativos, así como las políticas públicas correspondientes.

Medidas urgentes a tomar,

1. No a los desalojos
Paralización de todo tipo de desalojos, eso quiere decir, administrativos, legales y civiles que puedan aumentar el número de personas en situación de calle, desplazamiento, empeorar condiciones sanitarias o de seguridad hasta seis meses pasada la pandemia. Haciendo la diferencia entre el o la propietaria que administra varias propiedades y aquella persona, propietaria de una sola vivienda quien tiene la necesidad de hacer uso de ella.

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Mencionando que según la Ley 21.226, los juicios civiles para procedimientos judiciales, debido al impacto del COVID-19, pueden suspenderse hasta 10 días pasados el cese del Estado de Excepción.
Suspensión durante seis meses de desalojos por no pago del arriendo para personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional y la prórroga por el mismo periodo de contrato, lo que congela el precio del arriendo durante medio año. Se deben contemplar medidas de ayuda monetaria solo para aquellos propietarios que arriendan sus viviendas y que no tienen fines de lucrativos.

2. Suspensión de pagos por créditos hipotecarios, patentes comerciales e impuestos
Durante el estado de catástrofe, llamamos a las autoridades a revisar las condiciones de plazos de pago de créditos hipotecarios, patentes comerciales a pequeños empresarios y medianos, impuestos, contribuciones y reembolso de créditos. La paralización, suspensión o disminución del cobro de rentas, deudas e intereses es indispensable para evitar un mayor colapso del sustento de la economía local y de las condiciones habitacionales.

3. Suspensión de pago de servicios básicos
Servicios básicos como el agua potable, el saneamiento, la electricidad, el gas y las telecomunicaciones deben estar garantizados para la comunidad. La pérdida de empleos arriesga la suspensión de estos servicios básicos.

Llamamos a repactar y aplazar el pago de estos servicios tan relacionados a las exigencias de salubridad pública.

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4. Infraestructura privada y viviendas vacías al servicio de la comunidad
El estado de excepción por la actual catástrofe permite revisar componentes del derecho de propiedad, especialmente por la posible habilitación de infraestructura privada, como clínicas, universidades u hoteles, al servicio de salud pública.

En esta entrada invernal, llamamos a las autoridades a aplicar el mismo criterio para fines habitacionales, solicitamos que se realice un catastro en esta materia y dicha infraestructura se pongan a disposición de los Servicios de Vivienda y Urbanismo Regionales para gestionar la demanda habitacional, que provenga de los cités, los campamentos, las familias afectadas por los incendios y las personas en situación de calle.

5. Cuarentena y cierre total
Las medidas tomadas por el gobierno en torno a Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y la cuarentena en comunas y regiones específicas no genera las condiciones para evitar la propagación del virus. La ciudadanía y los territorios más vulnerables debido a la cantidad de servicios y recursos están tomando medidas por sí mismos. Llamamos a las autoridades a tomar medidas concretas sobre la urgencia de la cuarentena total y cierre de territorios afectados.

6. No a la violencia domiciliar
Con el “quédense en casa”, se multiplican las formas de violencia intrafamiliar que provienen del modelo y de la cultura patriarcales.

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Llamamos a las autoridades a penalizar y sancionar cualquier violencia intrafamiliar, así como definir protocolos y gestionar todas las acciones de apoyo legal, social y psicológico de protección para las víctimas desde la perspectiva de género y pro-migrante.

7. Condiciones de salud y cuidado para las personas en situación de calle,
Hacemos un llamado a generar alojamientos provisorios hasta pasada la pandemia; a mejorar las instalaciones de higiene en los establecimientos de acogida provisoria; a crear medidas de cuidado y prevención para las personas que optan por no acercarse a
alojamientos provisorios; y a fortalecer las capacitaciones de las personas encargadas de administrar espacios de alojamientos provisorios.

8. Las ciudades deben seguir funcionando. No puede bajar la movilidad
Llamamos a las autoridades a no reducir la oferta de transporte público, aún si la demanda de buses, metro o trenes se reduce fuertemente. La contingencia de contagio exige mayor distanciamiento entre usuarias y usuarios. Proponemos también implementar ciclovías de emergencia, modo que también favorece el distanciamiento físico de las personas usuarias.

9. Garantizar el agua potable como bien común y un derecho humano
Los privilegios privados en la gestión de los recursos hídricos comprometen la salud de aquellas personas que no tienen acceso al agua o que sufren niveles de su contaminación. El abastecimiento por camiones aljibes no permite la medida sanitaria de “lávense las manos”.
Llamamos a las autoridades a penalizar el uso agropecuario de agua en desmedro de la necesidad de la población; y a garantizar un abastecimiento continuo y seguro, a través de la fiscalización de camiones y control de cobros.

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10. Viviendas precarias y su población de alto riesgo
Según la CASEN 2017, más del 20% de la población vive en viviendas marginales.
Llamamos a las autoridades a considerar a toda persona o grupo de personas viviendo en situación de precariedad y hacinamiento, por los “arriendos abusivos”, los “precios demenciales”, en cités, en “gueto vertical”, en poblaciones, en campamento, en pieza o vivienda de subestándar, o en la calle como parte de la población de alto riesgo.

11.Más recursos y potestades desde lo local, barrial y comunal
Los municipios arriesgan verse desbordados para responder a las necesidades urgentes de la población. Sin embargo, la escala local es clave para frenar la propagación del virus.

Llamamos a las autoridades a facilitar las iniciativas de redes comunitarias de cuidado y apoyo mutuo, para contener la crisis desde lo emocional y desde prácticas cotidianas, especialmente para la protección de las personas mayores.

En estrecha coordinación entre regiones, municipios y productores locales, es indispensable facilitar sistemas de acopio y distribución con menor riesgo de contagio, además de apoyo las redes cooperativas en cada territorio.

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(1) https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

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