Política

Una equivocada defensa del Senado

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Escribí en un twitter después de escuchar la entrevista a Alvaro Elizalde en CNN Chile: «Vergonzosa la defensa del Senado por Alvaro Elizalde, con la idea de «contrapeso contra eventuales liderazgos autocráticos». Si los ciudadanos eligen un liderazgo, que este no sea autocrático depende del respeto al Estado de derecho y no de una institución contra mayoritaria.»

Amplío la idea expresada.

Varios de los defensores del Senado, o de una Cámara de Regiones que solo cambie su nombre, están evidenciando concepciones directamente antidemocráticas. Están llegando a decir que un líder elegido puede no respetar el Estado de derecho, por lo que el Senado tiene que impedírselo. ¿Cómo? Favoreciendo su carácter contramayoritario para bloquear al presidente mediante plenos poderes colegisladores, sobre la base de no representar la voluntad popular sino ser una expresión territorial que, por construcción, da un amplio poder a las regiones rurales y de poca población. En ellas los conservadores suelen tener históricamente más arraigo y la proporcionalidad es prácticamente inexistente, con senadores que duran 8 años para seguir asegurando el carácter contramayoritario del sistema político en su conjunto. Por construcción y rol histórico, en Chile el Senado ha sido la base de la defensa de los intereses oligárquicos. Por algo Salvador Allende, el PS y la izquierda propusieron eliminar esa institución en 1971 en beneficio de una cámara única.

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Es evidente que tanto el poder judicial como la Cámara de Diputados (as) tendrán iniciativa en la nueva constitución para perseguir responsabilidades de un jefe de Estado que incumpla la legalidad, así como lo hará la sociedad en su conjunto en su libre capacidad de expresarse frente a una situación de ese tipo. Contra argumentan los que no creen en la soberanía popular que el supuesto autócrata puede controlar la Cámara y el poder judicial, así es que el Senado tiene que hacer de contrapeso. El argumento es absurdo, porque un autócrata que no respeta la legalidad se las arreglará también para controlar el Senado y las regiones. La base para controlar toda autocracia es el respeto del Estado de derecho y su sanción en caso de incumplimiento, no establecer instituciones contramayoritarias.

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Algunos tienen en mente como supuesta situación universal el esquema norteamericano, en el que pequeños estados rurales sobre representados en el Senado impiden que se ejerza la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Es la misma lógica del colegio electoral que representa en ese país a los estados federados y que puede elegir a un presidente que ha perdido la elección en el voto popular, como Bush Jr frente a Al Gore y Trump frente a Hillary Clinton. Eso simplemente no es democrático pues contradice la idea de la soberanía popular, que históricamente sustituyó la soberanía de origen divino propio de las monarquías.  En Estados Unidos, el esquema institucional existente no le parece a la mayoría del Partido Demócrata, sin ir más lejos. En Europa, la gran mayoría de los Senados o equivalentes, con frecuencia una herencia de los poderes feudales, no tiene capacidad colegisladora (Gran Bretaña, Francia, Alemania, España) sino en temas puntuales.

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¿No será que Elizalde está simplemente defendiendo un interés corporativo, cumpliendo los acuerdos con la UDI que lo llevaron a la presidencia del Senado? Está en su derecho de hacer política menor, pero no en nombre de las ideas de prevalencia de la soberanía popular y de órganos jurisdiccionales que cautelen el respeto de la legalidad por todos los actores del sistema político. ¿Qué puede tener de socialista, o simplemente de democrático, defender un poder oligárquico por construcción, concebido como «contrapeso» que expresamente no refleje la soberanía popular y no permita gobernar al presidente con una eventual mayoría parlamentaria, tal como lo defiende la derecha?

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A mayor abundamiento, agrego que hoy se  eligió en Francia al presidente Macron por otros 5 años. Completará 10 años con fuertes poderes institucionales. Esto incluye que la elección de la Asamblea Nacional se hará en dos meses más, lo que favorece que el presidente recién electo disponga de una mayoría en la Asamblea, como ocurrió hace 5 años, la que tiene que aprobar el nombramiento del primer ministro y su gobierno. En Chile se diría: ah, eso es favorecer el chavismo porque un autócrata podría tener todo el poder. ¿Es Macron un autócrata? Evidentemente no es el caso. En Francia ese argumento sería visto como simplemente ridículo. Aunque muchos consideran que debería limitarse el poder presidencial, a nadie se le ocurriría, y menos a la izquierda, otorgarle poder de veto al Senado sobre las decisiones del presidente, del gobierno y de la Asamblea. El Senado es allá, como cámara territorial, solo revisor y consultivo y concurre a algunos nombramientos en instituciones autónomas del Estado. Y punto. No puede vetar a la Asamblea, depositaria de la voluntad popular. Al revés, se promueve una ampliación del mecanismo de referendum y de iniciativa popular de ley. La que manda es la soberanía popular en el marco del Estado de derecho y del orden constitucional, no un órgano que sobre represente  a los conservadores y bloquee la decisión democrática emanada de la ciudadanía.

 

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Por Gonzalo Martner

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Fuente: Argumentos: El Blog de Gonzalo Martner

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Economista

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  1. Serafín Rodríguez says:

    Por su sistema de renovación del 50% de sus curules cada 8 años y la posibiliad de reelección de los traseros que en ellos se sientan, el Senado actual es la rama del Congreso Nacional más conservadora de toda la institucionalidad política del país. Ésta y no otra es la razón por la cual lo quieren perpetuor quienes están a favor del estatus quo aunque en tiempos electorales posen de pioneros del progresismo en todo lo que venga al caso y cualquier cosa. Para mantener vivas las esperanzas y asegurar su reelección y la teta de la cual maman.

  2. Felipe+Portales says:

    Además, especialmente durante la post-dictadura, el Senado se ha convertido en un lugar de empantanamiento ¡por años! de numerosas iniciativas legales destinadas a paliar los funestos efectos del modelo neoliberal heredado de la dictadura y consolidado por los sucesivos gobiernos concertacionistas.

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