Organizaciones alertan sobre anuncio del gobierno para apurar la ratificación del TPP
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La Plataforma Chile sin TLC, que engloba a numerosas organizaciones sociales, denunció que el gobierno del Presidente Gabriel Boric está capitulando respecto de su rechazo inicial al Tratado Transpacífico (TPP11). «Comete un grave error al adoptar el libreto de Piñera/Inzulza, que para aprobarlo, en agosto de 2019 promovieron firmar un inútil e irreal “protocolo de garantías” entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de RREE del Senado. Ahora la canciller Urrejola y la ministra Tohá enarbolan posibles compromisos bilaterales sobre el sistema de resolución de controversias con inversores, pero omiten que no son vinculantes para el tratado, que el TPP11 se encuentra vigente en todos y cada uno de sus artículos y sobreestiman el peso de Chile ante potencias como Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda».
En un comunicado, denuncia que con el ropaje nuevo de «cartas de compromiso» que maquillan el tratado para acallar críticas en su coalición, ello no modifica la esencia, ya que capítulos como los de propiedad intelectual, inversión, servicios, compras públicas, comercio electrónico, coherencia regulatoria o inversiones, quedan igualmente aplicables.
«El texto del TPP-11 está CERRADO y VIGENTE para los 7 países que ya son parte. Ninguna carta o anexo modifica las cláusulas del tratado que benefician a las grandes corporaciones extranjeras y reducen el rango de acción del Estado en sus políticas soberanas.»
«Entre las muchas razones para mantener una firme postura de #NoalTPP11 están sus costos para los territorios y sectores más vulnerables como l@s trabajadores, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Destacamos entre esos impactos, que los medicamentos serán más caros, por la extensión de las patentes farmacéuticas. Ello impide o posterga la fabricación de fármacos genéricos para enfermedades catastróficas o consideradas “raras”.»
La organización acusa que en medio de la crisis alimentaria, el gobierno no considera que los alimentos para la gran mayoría de nuestro pueblo seguirán subiendo de precio, pues se priorizará la agroexportación. A ello se suma la privatización de la semilla por los compromisos derivados del convenio UPOV 91, y un menú doméstico con transgénicos al plato, cultivados con plaguicidas peligrosos y cancerígenos.
Habrá menos presupuesto público para gasto social, pues el gobierno deberá reservar o pagar sumas millonarias: se multiplicarán las demandas en tribunales internacionales ante indicios de reformas en pensiones, salud o derechos de agua, consideradas como “expropiación” por los inversores internacionales.
Riesgos y efectos nocivos
Entre los riesgos y efectos de ratificar el TPP está que el país mantendrá el rol como exportador de materias primas en bruto, por las restricciones impuestas por los inversores para transferir tecnología y/so crear empresas nacionales con valor agregado. Ello está relacionado con la explotación del litio y la creación de servicios públicos a fin de recuperar el agua.
Pondrá también en riesgo conquistas laborales fundamentales, como el posnatal, o las vacaciones pagadas. Las pymes se verán en desventaja en las compras públicas, frente a las transnacionales favorecidas, quesólo aportarán más empleo precario.
Los megaproyectos que esperan desarrollar los inversores nos aseguran más sequía y saqueo; agotando y contaminando las escasas fuentes de agua. Es un futuro sombrío para l@s jóvenes, un sector más consciente de la necesidad de adaptarnos a la crisis climática global y nacional.
Se mantendrán por otra parte las tasas negativas de crecimiento de la balanza comercial, tal como se ha visto en la tendencia de los últimos 10 años, ya que el modelo agroexportador ya pasó esa fase y no aporta crecimiento.
Hay cero ventajas en consumo y precio de productos, pues los tratados ya vigentes con todos los países del TPP11, permiten importar esos productos sin aranceles. Eso lo reconocen incluso personeros de gobierno y oposición, al hablar de “ventajas marginales”.
Muchos proyectos se localizan en territorios indígenas, y el gobierno está obviando la consulta indígena. Habrá más demandas por infringir derechos garantizados por tratados internacionales de Derechos Humanos ya suscritos por el Estado de Chile.
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