Es necesario apurar las reformas; es posible sobre la base de un pueblo en estado de agitación.

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El Presidente Gabriel Boric ha permitido que la mayoría de derecha y algunos votos DC en el Senado apruebe el tratado antinacional conocido como TPP11. Ello abre camino a su pronta confirmación que se ha anunciado aunque no prosperen los convenios paralelos que el gobierno tramita con varios países firmantes. Esta decisión es responsabilidad exclusiva del Presidente que podría haberlo evitado retirando el proyecto en uso de sus atribuciones. Hay que valorar la votación en contrario de la coalición del Apruebo. Costará muy caro al país y al gobierno, acentuará la deslegitimación del sistema democrático y agravará la crisis nacional en pleno curso.

El rechazo abrumador del pueblo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 (4-S), el pronunciamiento electoral más representativo en registro, agravó la crisis política nacional, es decir, la completa deslegitimación del sistema político democrático, desatada el 18 de octubre de 2019 (18-O). Arrastró a las instituciones surgidas para abrir un cauce democrático de solución a la crisis, el proceso constitucional establecido por el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 (15-N) y las recientemente elegidas autoridades parlamentarias y gubernamentales. La crisis política nacional debe resolverse para que el país continúe su marcha, para lo cual es imperioso recomponer rápidamente la coalición del Apruebo tras la aplastante derrota sufrida y recuperar la ofensiva por las reformas necesarias que el país requiere y el pueblo exige. Lo inmediato es frenar el TPP11 lo cual es atribución exclusiva del Presidente de la República.

La masividad sin precedentes del Rechazo confirma que la irrupción del pueblo en el espacio político iniciada el 18-0 sigue desplegada, aunque en esta ocasión se ha volcado en contra de la propuesta de la Convención Constitucional y las fuerzas progresistas que votaron Apruebo, arrastrándolas a la deslegitimación que ya afecta a la derecha y el centro. El ciclo de participación popular masiva en política mantiene su fase desplegada y es muy improbable que amaine pronto.

Dicho movimiento es determinado por la confluencia en la disposición a actuar en política de muchos millones de personas, la que no cambia de un día para otro. El descontento popular no ha amainado ni mucho menos, se seguirá expresando masivamente de las formas más diversas, como ha quedado de manifiesto en los días transcurridos tras el 4-S. Las turbulencias populares van a continuar hasta que se acabe con los abusos que la provocaron en primer lugar, lo que ahora tomará más tiempo.

El ciclo de actividad política popular sigue así un curso que la ciencia política clásica denominó “objetivo”, debido a la imposibilidad de cambiar arbitrariamente su sentido y dificultad de incidir en su dirección. Esto último es posible aunque en mínima medida y sólo de manera lenta y gradual, del mismo modo que un pequeño timón sostenido con firmeza puede influir en la trayectoria de un transatlántico. La clave en la dirección que tome la actividad popular desplegada, radica en la acción de las fuerzas políticas que pugnan por conducirla, lo que la ciencia política clásica denominó el “factor subjetivo”.

A pesar de su derrota aplastante en el plebiscito, la coalición del Apruebo sigue siendo de muy lejos la fuerza política más poderosa del país. No hay ningún partido o coalición de partidos que se le acerque en adhesión, unidad de propósitos, enraizamiento y capacidad de movilización popular. Es también la única fuerza política que hoy está conducida por una generación joven, muy calificada y plena de energías. Dirige el gobierno, en el país y la mayoría de las regiones y comunas, y controla al menos la mitad del parlamento. Más importante, es la única coalición capaz de mostrar independencia frente a los intereses privados poderosos, puesto que su fuerza se basa casi exclusivamente en el pueblo. Por ello, es el único actor político relevante que puede ser persuadido de abordar las reformas necesarias, lo que en varias materias aún dista bastante de ocurrir.

La coalición del Apruebo es la llamada a conducir al conjunto del sistema político para reabrir un cauce democrático de solución a la crisis nacional. Ello le exige pasar ordenadamente a la defensiva, hacer la debida autocrítica y reagrupar sus fuerzas, para reabrir el cauce a una nueva constitución y preparar una contraofensiva que le permita realizar las reformas necesarias para resolver la crisis nacional. Es su deber para con el conjunto del país, puesto que se trata de un asunto de interés nacional de carácter vital.

Por cierto no es la única fuerza política que busca asumir la conducción de la avalancha de descontento popular, pero las demás están aún más deslegitimadas a pesar de haberse agazapado tras el Rechazo el 4-S y no tienen un proyecto común para el país. Si ninguna fuerza política democrática es capaz de resolver la crisis política nacional, dejan el campo libre a toda una manga de aventureros, demagogos y sinvergüenzas, agravando aún más la situación. Por añadidura siempre medran al acecho los criminales que buscan imponer una salida de fuerza a la crisis. Ambos son los verdaderos ganadores del 4-S, lo saben y han corrido a adueñarse del resultado. Todos ellos financiados sin límite y azuzados por los poderosos que pretenden mantener sus privilegios a cualquier costo.

La experiencia de las fuerzas revolucionarias y progresistas tras su aplastante derrota el 11 de septiembre de 1973 puede resultar de utilidad para que la coalición del Apruebo se pueda recomponer rápidamente tras la derrota sufrida. Inmediatamente tras el golpe y luego de quedar en evidencia el carácter de este, se esfumaron las divisiones en su seno que en meses precedentes las habían enfrentado entre sí, a veces violentamente. Parte de las fuerzas de centro y toda la derecha con honrosas excepciones, habían llegado a confluir con la ultraderecha golpista en su feroz oposición al gobierno del Presidente Allende. Por añadidura, una fracción de las fuerzas revolucionarias había acentuado un accionar que resultaba desestabilizador. Todo ello no fue la causa principal del golpe, pero sin duda lo facilitó.

Tras esa derrota espantosa, en cambio, se generó entre todas las fuerzas democráticas un ánimo de solidaridad, protección y complicidad mutuas, que pronto se hizo extensivo a la abrumadora mayoría de la ciudadanía. Ello les permitió sobrevivir al genocidio desatado en su contra por Pinochet, recomponerse e iniciar desde el primer minuto la resistencia clandestina a la dictadura. Del mismo modo, tras el 4-S no tienen cabida las recriminaciones mutuas entre las fuerzas partidarias del Apruebo. Cada cual tuvo su cuota de responsabilidad en la tremenda derrota sufrida por todas. Lo que corresponde es una profunda reflexión autocrítica conjunta para identificar y enmendar los errores principales que llevaron a la misma.

Las causas de la derrota son sin duda muchas, pero el concepto central de la teoría política clásica ayuda a identificar la principal: la incapacidad de las instituciones políticas surgidas tras el 18-O, Convención y nuevos Parlamento y Gobierno, de mostrar que pueden y están dispuestos a enfrentar a los poderosos para impedir que sigan abusando del pueblo (Maquiavelo). Esa es siempre la causa de las crisis nacionales, el origen de la ilegitimidad de la autoridad política. Ésta siempre debe ser capaz de elevarse por encima de la constante pugna entre el pueblo trabajador y los de arriba, para asegurar que estos observen un proceder que no resulte del todo insoportable para aquel, quién sólo así legitima a la autoridad para ordenar el comportamiento social general.

La masiva expresión de rechazo popular el 4-S se debe en primer lugar a que muy poco y casi nada ha cambiado en la vida cotidiana del pueblo tras el 18-O. Al contrario y por diversas circunstancias en buena medida ajenas al sistema político chileno, esta se ha tornado aún más insoportable. Tampoco las nuevas autoridades habían logrado dar señales claras de su decisión de acabar con los grandes abusos, que es la clave para inspirar la esperanza del pueblo y canalizar la enorme energía de su descontento tras ese propósito.

Los grandes ciclos de participación popular en política se extienden a lo largo de décadas, con fases de repliegue, largos períodos de calma chicha seguidas de años de ascenso lento, para culminar en la fase de participación desplegada. Por cierto, al igual que las olas van y vienen constantemente en la superficie de las mareas y grandes corrientes marinas, y ciclos económicos cortos se suceden unos a otros hacia abajo y hacia arriba a lo largo de los ciclos seculares de la economía mundial, los grandes ciclos de participación popular en política se asientan a lo largo de una sucesión de alzas y bajas, como la experimentada el 4-S.

Los dos últimos grandes ciclos de participación del pueblo chileno en política iniciaron sus fases desplegadas a mediados de los años 1960 y a inicios de los años 1980 y en ambos casos éstas se extendieron a lo largo de unos siete años hasta 1973 y 1989, respectivamente. No amainaron antes de lograr sus objetivos principales, la reforma agraria y nacionalización del cobre en el primer caso y el término de la dictadura en el segundo. Parece altamente improbable que la fase desplegada del ciclo actual que estalló el 18-O vaya amainar antes de cumplir sus propios objetivos, que no son otros que acabar con los grandes abusos que se originaron el 11 de septiembre de 1973. Por cierto, ambos transcurren en medio de constantes ires y venires.

El pueblo chileno continúa bien despierto y su participación política directa desde el 18-O ha sido impresionante, un estallido hecho y derecho, miles y miles de acciones de toda naturaleza, que abarcan desde cabildos barriales hasta una incipiente guerra de guerrillas mapuche. La más masiva han sido siete elecciones nacionales en las que sucesivamente se manifestaron diferentes conjuntos de votantes con resultados sorprendentemente diversos, hasta el 4-S en que se manifestó el pueblo entero.

Ese intenso estado de ánimo popular, llamarlo indignación es poco, es lo primero que hay que tomar en cuenta al momento de definir las estrategias políticas adecuadas. La agitación del pueblo chileno no atraviesa un período de repliegue, la derrota del 4-S no significa que el descontento popular haya amainado sino todo lo contrario, menos de calma chicha o ascenso lento, sino los vaivenes y tumbos propios de la fase desplegada del ciclo de su participación en política. Ese es el mar de fondo sobre el cual el sistema político democrático debe navegar para recuperar su legitimidad. No considerarlo debidamente, pretender por ejemplo que vivimos tiempos tranquilos como en los años 1990, en los cuales el juego político se remite a la medida de lo posible dentro del juego parlamentario, constituye la definición literal del concepto de “cretinismo político».

El tomar o no tomar en cuenta el ciclo de movilización popular masiva puede resultar en uno u otro sentido, pero siempre con consecuencias de enorme trascendencia para el “factor subjetivo” involucrado. Probablemente, la causa principal de la derrota del 11 de septiembre de 1973 fue precisamente el hecho que en ese momento, tras siete años de actividad incesante y conseguidos ya sus principales objetivos, la fase desplegada del ciclo político popular que, al incorporar por primera vez masivamente al campesinado junto al pueblo trabajador y juventud de las ciudades, hizo posible la Revolución Chilena, había empezado a amainar y la demanda de orden pasaba a primer lugar. Ello no logró ser interiorizado a tiempo por la Unidad Popular, aunque el Presidente Allende y el Partido Comunista, entre otros, lo venían advirtiendo con insistencia y hasta el último minuto trataron de tomar las medidas de repliegue que quizás hubieran resultado decisivas.

En las postrimerías del ciclo siguiente de actividad desplegada del pueblo, el más doloroso y heroico de todos, iniciado con la impresionante primera protesta del 11 de mayo de 1983, el gran acierto de los partidos que luego conformaron la Concertación fue precisamente captar en 1987 un momento similar en el estado de ánimo del pueblo y consecuentemente empujar la inscripción en los registros electorales de Pinochet y la vía plebiscitaria de acabar con la dictadura, lo que sólo fue posible por las luchas precedentes en todos los terrenos. A pesar que su influencia en el movimiento de resistencia era a la sazón de segundo orden, ello le permitió asumir la conducción del proceso político a lo largo de los “treinta años” siguientes. Lo contrario sucedió entonces al Partido Comunista, la fuerza hegemónica en el movimiento de resistencia que, al no percibir ese giro en el estado de ánimo popular, demoró demasiado en seguir el camino del plebiscito lo cual lo aisló y permitió fuera excluido de la política democrática por más de una década, lo que resultó en una “transición” más conservadora y prolongada de lo que pudo ser.

A la inversa, el gran error en el accionar de la Concertación fue no considerar debidamente la nueva fase de ascenso en la participación política del pueblo y proceder en consecuencia, lo que finalmente le estalló en la cara el 18-O. Al contrario, el FA, fuerza política que es hija del nuevo ascenso en la movilización popular, casi los derrota en la elección de 2017 y luego fue catapultada por el estallido a asumir la conducción del proceso hoy en curso, un ascenso político vertiginoso que ha asombrado al mundo entero. 

El timón en política son las consignas, materia de la mayor seriedad y decisiva importancia, que deben escogerse con gran cuidado tras un estudio concienzudo. Durante los períodos de actividad política desplegada del pueblo la conclusión de la ciencia política clásica referida a las consignas es una sóla: hay que identificar cuales son los principales abusos de los poderosos contra el pueblo, apuntar a denunciarlos y a acabar con ellos, ni más ni menos. En tiempos de participación popular masiva la única forma de conducirla en un sentido constructivo es adelantar las consignas de modo que alienten la esperanza del pueblo y su voluntad de pelear hasta acabar con los abusos principales que se han acumulado.

En Chile son muchos los abusos que se arrastran desde la dictadura y que no han sido terminados sino incluso agravados en los 30 años de democracia. Sin embargo, en términos económicos al menos, se conocen bien los principales. El mayor de lejos es la apropiación sin pago significativo por parte de seis grandes mineras privadas, cinco extranjeras, de 30 mil millones de dólares anuales en cobre, cuyos costos de extracción y refinación son cubiertos en gran medida por los subproductos que lo acompañan. El segundo son 10 mil millones anuales en cotizaciones y subsidios fiscales apropiados por el sistema AFP, descontado su aporte al pago de pensiones, que son desviados anualmente al mercado de capitales, principalmente a financiar los negocios de seis grandes grupos financieros, dos extranjeros. Ese desvío es la causa exclusiva de las bajas pensiones y del déficit y endeudamiento fiscal.

Por lo anterior las principales reformas necesarias, como hace justo un siglo denominaba el Presidente Arturo Alessandri Palma a aquellas cuya postergación, en sus palabras, conduce a la hecatombe, son hoy principalmente dos: recuperar el cobre y otros bienes comunes, y acabar con el desvío de las cotizaciones previsionales y otros impuestos y subsidios, a financiar los negocios de un puñado de grandes empresarios, en pensiones, salud, educación, vivienda, transporte público, etc., a costa del pueblo a quién se han usurpado. Ni más ni menos.

Esas son las principales reformas necesarias a las cuales deben apuntar las consignas de la fuerza política, el “factor subjetivo” que aspire a conducir a un pueblo chileno que sigue y seguirá bien despierto y alzado. ¿Cual es esa fuerza política? A juicio de este autor, no es otra que la coalición del Apruebo, es decir, el conjunto de partidos, movimientos y personalidades que se manifestaron por aprobar la nueva constitución propuesta por la Convención Constitucional.

Parece una buena idea considerar ampliar ahora la coalición de gobierno, incorporando  a la misma a toda la coalición del Apruebo, dejando de lado cualquier sectarismo o mezquindad que la estreche. Dar ahora este paso político sin duda fortalecería al gobierno y sería un golpe político importante. Más complicado resulta persuadir a esta fuerza política de abordar ahora las reformas necesarias, sin embargo, ello es posible sobre la base de un pueblo en estado de agitación.

Lo siguiente es priorizar en su programa la realización de las reformas necesarias, abordando de inmediato y en profundidad aquellas que son más sentidas y concitan el mayor respaldo popular y coincidencia programática: salud, litio, educación y pensiones. Todas estas materias están en el programa de gobierno y en todas ellas hay altas autoridades convencidas y dispuestas a empujarlas en profundidad. 

Varias se pueden lograr sin intervención del Parlamento, puesto que dependen sólo del Ejecutivo. Tal era el caso del necesario rechazo al TPP11, precisamente porque dificulta todas las reformas necesarias al habilitar a los que hoy abusan a exigir indemnizaciones si se termina el abuso. Lamentablemente el Presidente Boric permitió que se aprobara al no retirarlo del Senado.

También se puede proceder de inmediato a terminar con los créditos estudiantiles, condonar los vigentes y restituir los ya pagados, acabando así con uno de los más irritantes desvíos de recursos fiscales a empresas privadas de educación, para luego cargarlo a los salarios de las familias trabajadoras que financian así sus estudios superiores. Es posible crear de inmediato una empresa nacional del litio y dotarla de las atribuciones y palancas para recuperar de inmediato el control de la explotación del metal. Las autoridades de salud conocen bien que hacer para recuperar las cotizaciones obligatorias respectivas hoy desviadas a empresas privadas.

Finalmente en pensiones, es decisión exclusiva del gobierno que la reforma en preparación se proponga acabar con el desvío al ahorro forzoso a financiar negocios de un puñado de grandes empresarios, de las cotizaciones previsionales que, sin aumento de tasa permiten duplicar las pensiones actuales, ahorrando al fisco los subsidios que hoy financian la mitad de las pensiones AFP. El tripartismo se puede implementar asumiendo los empleadores la mitad de la cotización actual y subiendo los salarios líquidos en el mismo monto. También es posible plantear la restitución íntegra del fondo AFP, que es la medida del abuso, a quiénes contribuyeron a conformarlo en su totalidad, los afiliados activos y jubilados, y el fisco. Todo ello daría un enorme respaldo popular a esta reforma así formulada, ayudaría a legitimar el gobierno y posiblemente obligaría al Parlamento a aprobarla.

Ninguna de las principales medidas inmediatas que se requieren en esas materias cuesta dinero al fisco. Muy por el contrario, las principales aumentan grandemente sus ingresos al tiempo que mantienen o reducen considerablemente los gastos respectivos del fisco, mientras reducen de inmediato el endeudamiento y mejoran enormemente las prestaciones sociales a millones de personas del pueblo.

La tremenda derrota que acaba de sufrir el 4-S debería ayudar a convencer a la coalición del Apruebo que no puede continuar como hasta ahora, que es necesario dar un giro estratégico que le permita recuperar la confianza perdida del pueblo, en su conducción y en la autoridad del sistema democrático en su conjunto. Para ello debe apelar a su principal legado y proceder en lo sucesivo con la claridad y determinación del Presidente Salvador Allende.

Por Manuel Riesco

11 de octubre de 2022

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