Concertación mantuvo búsqueda de impunidad (III)
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El gobierno de Frei-Ruiz-Tagle siguió el mismo camino de búsqueda de impunidad de las graves violaciones de derechos humanos que ya había iniciado Aylwin. En este sentido, no pudo ser más revelador el ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, quien antes de asumir le dijo a Pinochet: “Yo soy el escudo político de las Fuerzas Armadas, general” (Ascanio Cavallo.- La historia oculta de la transición; Edit. Grijalbo; 1998; p. 254). Y en una alocución ¡dirigida a los generales del Ejército!, en mayo de 1994, dijo: “¡Sépanlo con toda claridad. Desde esta tribuna nadie puede hablar en calidad de juez acerca de los errores (sic) del pasado. No existe superioridad moral alguna que permita enjuiciar el comportamiento de los diversos gobiernos durante estas tres décadas” (La Nación; 24-5-1994).
La única excepción de su período la constituyó su solicitud de renuncia del comandante en jefe de Carabineros, el general Rodolfo Stange, por haber sido inculpado por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones, Milton Juica, en abril de 1994 por “notable abandono de deberes” en el caso de tres dirigentes comunistas que fueron degollados en 1985. Stange se negó a hacerlo, amparado en la total inamovilidad de los comandantes en jefe que estipulaba la Constitución en esa época. Además, en octubre de ese año la Corte Suprema lo exoneró de todo cargo.
A tal punto llegaron las buenas relaciones con Pinochet del nuevo gobierno que, al inaugurar el “Mes del Ejército” (Septiembre) en 1994, el general “destacó el respeto y el buen clima existente por parte de la autoridad hacia la actividad de la defensa y estimó que este ambiente debiera continuar y acrecentarse para beneficio del país” (El Mercurio; 20-8-1994).
Y “aprovechándose” de la leve condena recibida por Manuel Contreras de siete años de cárcel (y de seis para Pedro Espinoza) por el asesinato de Orlando Letelier a fines de mayo de 1995 –que por cierto fue mal recibida por Pinochet y el Ejército- el gobierno de Frei inició una serie de esfuerzos para socializar una consolidación de la impunidad. Así, a comienzos de junio, Pérez Yoma sugirió la creación de un grupo de “hombres buenos” para “solucionar” todos los temas pendientes de derechos humanos, idea que fue entusiastamente acogida por el diputado de la UDI, Andrés Chadwick (Ver Las Ultimas Noticias; 2-6-1995).
Asimismo, el diputado del PS, José Antonio Viera Gallo propuso que “se busque la verdad de los casos de derechos humanos por la vía extrajudicial, mediante un proceso en el que quienes tengan antecedentes sobre casos específicos, los entreguen, lo que no implicará que se abran nuevos procesos judiciales”, agregando que “hay que atender a la inquietud de los militares mediante acciones del Gobierno y los partidos”; y que “la verdad que se exige, representa individualizar a la víctima, saber qué le pasó y dónde están los restos. Eso es lo que los familiares necesitan saber. En ese marco, la identidad del culpable ya es algo secundario (sic), más aún si ya es evidente que la DINA es la que operó en la desaparición de personas. Mi impresión es que si aparece la verdad que le señalo, la disputa sobre la ley de amnistía pierde importancia y no surgirá un gran número de procesos” (La Segunda; 2-6-1995).
Y en relación a los demás casos, el mismo Viera Gallo afirmó: “Años atrás pensé que se podría hacer una ley que solucionara todos los problemas que no fueran de muerte: los de tortura, maltratos o detenciones ilegales. Pero después supe que sobre ellos no hay procesos judiciales. No hay juicios por torturas o detenciones ilegales. Eso ya se lo tragó (sic), lo asumió la gente y desistió de iniciar acciones (…) Así, lo que queda por solucionar son los dos casos del extranjero que le mencioné (Prats y Leighton) y los de detenidos desaparecidos” (Ibid.).
A su vez, aprovechando que Manuel Contreras se “refugió” en el Hospital Naval de Talcahuano (donde terminó operándose) para retrasar su ida a la cárcel, el presidente del PDC, Alejandro Foxley, comenzó a promover fuertemente “una mesa de diálogo a fin de terminar con el tema de los derechos humanos” (Qué Pasa; 8-7-1995); y agregó días después que “la DC está dispuesta a considerar todas las propuestas, incluso las de derecha, una vez que el general Contreras esté recluido en (la cárcel de) Punta Peuco” (La Segunda; 20-7-1995). Al día siguiente varios senadores de derecha presentaron un proyecto de ley “que dinamiza la aplicación de la amnistía a los procesos por delitos perpetrados entre septiembre de 1973 y marzo de 1978; agiliza los juicios a militares por hechos posteriores a 1978 y establece mecanismos de investigación reservada para ubicar los restos de los detenidos-desaparecidos” (El Mercurio; 21-7-1995). El ministro Pérez Yoma se declaró de inmediato a favor de analizarlo, lo que fue alabado por el presidente de RN, Andrés Allamand, quien además “recordó que la positiva reacción del Ministro de Defensa viene a sumarse a (…) las del ex mandatario Patricio Aylwin; el Presidente del Senado, Gabriel Valdés; el titular de la Democracia Cristiana, Alejandro Foxley, y los senadores DC Adolfo Zaldívar y Arturo Frei Bolívar” (Ibid.).
A todo ello se sumó que un antiguo caso por eventuales fraudes al Fisco cometidos por el hijo de Pinochet, Augusto, en conjunto con otros civiles y militares (que se supo por unos cheques encontrados) quiso ser proseguido por el Consejo de Defensa del Estado, ante un cierre del juez instructor. En reacción, numerosos militares de civil, junto con sus familiares hicieron una manifestación frente a la cárcel de Punta Peuco, donde ya estaba detenido Pedro Espinoza. Su objetivo, de acuerdo a Ascanio Cavallo: “Enviar una señal contundente para detener el caso de los cheques, convenientemente camuflada bajo la causa –que muchos suboficiales y oficiales comparten de corazón- de protestar por el encarcelamiento de los jefes de la DINA” (Cavallo, ibid.; 293). Producto de ello, Frei presionó públicamente al Consejo de Defensa del Estado, para que no apelara, logrando el cierre definitivo del caso en flagrante violación del Estado de Derecho…
La creciente búsqueda de impunidad de los sectores gobiernistas fue generando reacciones de gran preocupación en los organismos de derechos humanos. Así, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, presidida por Jaime Castillo Velasco, criticó “la búsqueda de soluciones jurídicas y políticas que impidan las investigaciones de las violaciones a las garantías fundamentales de las personas”, ya que esto “no significa, de hecho, otra cosa que un intento de liberar a los funcionarios violadores de derechos humanos de toda sanción”. Además, señaló que “ello sería un error moral y político grave, una ofensa para las víctimas y sus familias y para toda la sociedad” (La Tercera; 25-7-1995).
A su vez, Foxley insistió en “respaldar el camino que defina el Gobierno para solucionar en forma global los problemas pendientes de derechos humanos” y “recomendó dar una nueva mirada al frustrado proyecto de ley Aylwin, iniciativa que para Foxley recoge elementos interesantes para resolver los temas pendientes de la transición” (La Epoca; 28-7-1995). Asimismo, la oposición del bloque PS-PPD a la impunidad se fue desmoronando al comunicar que “ha flexibilizado su posición sobre el tema de los derechos humanos (…) El giro del bloque progresista se debe, según fuentes de éste, a que no estaba en los planes del PS ni del PPD que se dilatara tanto la reclusión de Manuel Contreras” (La Epoca; 2-8-1995).
Aún más, el diputado PS, José Antonio Viera Gallo, declaró que “la viga maestra según la cual se podría encontrar una solución al problema de ubicar los restos de los detenidos-desaparecidos es que si la verdad llega a los tribunales –por la vía que parezca más adecuada- y se puede así saber dónde están los restos, en ese mismo momento los jueces podrían dictar los sobreseimientos definitivos de esas causas en el marco de la ley de amnistía de 1978” (La Epoca; 11-8-1995). Además, junto con Viera Gallo se alinearon los diputados del PS y PPD Armando Arancibia, Francisco Encina, Jaime Estévez, Carlos Montes, Aníbal Pérez y Felipe Valenzuela con un documento en que sostenían que “a estas alturas, cuando en la sociedad existe una conciencia clara de lo ocurrido, el destino de los procesos judiciales sólo depende de la información que los jueces puedan alcanzar respecto de la suerte corrida por los detenidos-desaparecidos”; y que “el decreto-ley de amnistía de 1978, que siempre hemos cuestionado, es una realidad normativa y judicial que no está en nuestras manos poder cambiar” (Ibid.).
Finalmente, el gobierno presentó el 22 de agosto un proyecto de ley “para finalizar el proceso de transición” consistente en avalar el decreto-ley de amnistía de 1978 añadiendo garantías de secreto para quienes aportaren información sobre los detenidos desaparecidos. Junto con ello presentó proyectos de Reforma Constitucional para acabar con algunas disposiciones autoritarias pero que no tenían destino, dada la mayoría parlamentaria de derecha, por lo que se dejaron de lado, quedando sólo como “saludos a la bandera”…
Por Felipe Portales
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