Los proyectos inmobiliarios en áreas rurales vulneran la normativa vigente, simulando que continúan el destino agrícola del predio cuando en realidad cambian a destino habitacional. El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), evidenció la proliferación de proyectos inmobiliarios de manera desproporcionada al margen de la planificación
