En su obra de teatro El mejor alcalde, el rey, el dramaturgo español Félix Lope de Vega describe cómo el rey Alfonso VII de Aragón, actuando de incógnito, logra restaurar la justicia a un hidalgo campesino que ha sufrido el abuso por parte de un miembro de la nobleza que tiene considerable poder local. El monarca, en este caso, personifica no sólo le justicia del Estado, sino de manera muy especial, la eficiencia y prontitud con las que debiera actuar un gobernante que se precie.

En esta obra, lo que se ve, es el manejo eficaz de una situación por parte del rey (el gobernante, podríamos actualizar hoy día, ya que los reyes, al menos con poderes ejecutivos, están pasados de moda).  Pero, mientras el monarca en esta caso está actuando a un nivel local—como alcalde—lo que vemos en estos días de pandemia es un fenómeno a la inversa del descrito por Lope de Vega: el alcalde, es decir el poder político local en muchas partes del mundo, tomando la batuta e implementando acciones que los jefes políticos a nivel nacional no han sabido o no han querido poner en práctica. De algún modo esta catástrofe a nivel mundial revela que en algunos casos, son las estructuras de poder local, los que proveen las mejores respuestas a las crisis. Y esto no sólo incluye a los alcaldes, sino a otros actores de la sociedad civil. En Chile por ejemplo, ha sido la voz de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, la que ha hecho los llamados de atención y los planteamientos más lúcidos, por cierto más acertados que los de los expertos de salud del gobierno.

Este fenómeno de una más pronta y eficaz respuesta de los jefes políticos de nivel local o de organismos de la base social, se ha observado en varias partes del mundo. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, impuso medidas de alerta en la ciudad cuando aun el presidente Donald Trump se mostraba reticente a admitir la magnitud del problema y lo achacaba al “manejo mediático”. En Londres, el alcalde Sadiq Khan también estuvo alerta al problema mucho antes que el primer ministro Boris Johnson siquiera se animara a cerrar las escuelas, cosa que sólo hizo el pasado 20 de marzo. Khan además aprovechó la oportunidad para resaltar y valorar la existencia del Servicio Nacional de Salud británico: “gracias a sus trabajadores y a todos los que trabajan en los servicios de emergencia, incluyendo a muchos que lo hacen detrás de bambalinas, manteniendo a los londinenses a salvo durante esta crisis”. Valoración por parte del alcalde, del servicio público de salud, uno de los más antiguos en occidente y considerado de los mejores, y que meses antes había sido objeto de preocupación. Eso porque, cuando después del Brexit vino la promesa de que el Reino Unido firmaría un tratado de libre comercio con Estados Unidos, se rumoreó que tal acuerdo podría abrir la atención sanitaria de los británicos a las aseguradoras estadounidenses, las mismas que cobran cifras exorbitantes a sus ciudadanos, lo que obviamente dañaría el servicio público.

En la propia ciudad en que vivo, Montreal, la alcaldesa Valerie Plante tomó una iniciativa audaz cuando en el aeropuerto—que es de jurisdicción federal—los funcionarios de frontera no estaban informando debidamente a los viajeros internacionales que debían estar en cuarentena obligatoria por 14 días: ella envió a empleados municipales a hacer esa labor. La alcaldesa montrealesa—a quien le di mi voto cuando fue elegida—nos ha decepcionado a muchos por su estilo autoritario: parece que su modelo de mujer líder es más cercano a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher que a Jacinda Ardern, la progresista primera ministra de Nueva Zelandia. En todo caso, reconozco que al tomar esta iniciativa Madame Plante mostró liderazgo, y yo mismo al comienzo no lo comprendí muy bien, ya que el Aeropuerto Pierre E. Trudeau incluso está fuera de los límites del municipio montrealés. (Aunque mantengo mi crítica a su autoritarismo).

Ahora, si uno ve un rol cada vez más protagónico de alcaldes y personeros de la sociedad civil, Chile es un remarcable ejemplo. Probablemente varios factores han influido en ello. Por un lado, aquellos provenientes de la situación política previa a la irrupción del COVID-19 marcada por el estallido social y por el creciente desprestigio de los políticos en general, aunque de entre todos ellos, los alcaldes eran ya entonces los que más se salvaban. También está el factor de la naturaleza misma del puesto de alcalde: de todos los que ejercen alguna autoridad política, son los más cercanos a la ciudadanía. Esto, por cierto, puede jugar a favor o en contra, porque estando cercano significa también más proclive a estar en el escrutinio público en un ámbito circunscrito, como puede ser una ciudad, un vecindario, una población. Sin embargo otorga al que lo ejerce una apreciable ventaja táctica: demostrar capacidad para resolver problemas también cercanos a sus constituyentes—arreglo de una calle o plaza, instalación de semáforos o luminarias—o en caso de no poder resolverlos, poder fácilmente traspasar la culpa al gobierno central, a su burocracia o a políticos en otros poderes del Estados, ya desacreditados.

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En el caso chileno sin embargo, hemos podido observar que alcaldes de las más variadas posiciones políticas han asumido roles de liderazgo y—más importante—generalmente han acertado en sus propuestas. Subrayo lo políticamente transversal de esta apreciación: Jorge Sharp, del Frente Amplio, en Valparaíso o el comunista Daniel Jadue en Recoleta han sido probablemente los que han tenido un rol más destacado en las filas de la izquierda, pero debe mencionarse también a las demócrata cristianas Carolina Leitao en Peñalolén y Claudia Pizarro en La Pintana, y—para ser justos—a alcaldes de la derecha como Germán Codina en Puente Alto, Joaquín Lavín en Las Condes, Rodolfo Carter en La Florida y Rodrigo Delgado de Estación Central, que de manera crítica han estado insistiendo en que el gobierno central asuma una actitud más proactiva para enfrentar el COVID-19. Su mayor exigencia era una cuarentena a nivel nacional, algo a lo que el gobierno hasta ahora se ha negado, aunque sí este domingo, luego de una reunión de la llamada Mesa Social en la que hubo representantes de los alcaldes, el Colegio Médico y las universidades, se consensuaron políticas que al decir de los propios asistentes más críticos, como la Dra. Siches, “apuntan en la dirección correcta”.

Más allá de las circunstancias puntuales en que el gobierno que hasta ahora había sido renuente a escuchar propuestas alternativas, se ha inclinado a poner oído a esas otras visiones, lo significativo es este rol asumido por los alcaldes y por los representantes de la sociedad civil.

De alguna manera todo lo anterior hay que verlo aun en el marco del estallido social, que por cierto sigue vigente, aunque ahora de un modo menos ruidoso y más reflexivo. Como la propia diputada comunista Camila Vallejo apuntara poco después que los efectos más contundentes del coronavirus se hicieran notar, “ahora no es el momento de manifestaciones”. Obviamente el peligro de contagio ya deja de lado esa estrategia de presencia en la calle, pero es importante indicar que este fortalecimiento de las voces de los municipios y de las instancias de la sociedad civil en relación a políticas públicas, se inscribe justamente en el nuevo escenario marcado por el estallido social. En efecto, el que estos actores ahora asuman mayor protagonismo debe verse como el intento de la base ciudadana de hacerse oír y participar en la toma de decisiones en políticas públicas como son las de la salud. El elemento que gatilla esta demanda es evidentemente el hecho puntual de la pandemia, pero una vez superada esta emergencia lo que quedará es la valoración de un sistema de salud pública. Esto es por lo demás un fenómeno que se observa en otras partes del mundo, en particular en países como Estados Unidos donde en los hechos, la ciudadanía no tiene acceso garantizado a la salud. El caso chileno es también muy sintomático porque habiendo sido el laboratorio de ensayo de las políticas neoliberales al grado más extremo, es donde también la atención de salud pasó a ser una mercancía más. La amenaza que el COVID-19 potencialmente representa, paradojalmente deberá traer a corto plazo una consecuencia beneficiosa: el restablecimiento, tanto en las conciencias de la gente como en la implementación en políticas públicas—y esperamos, consagrado en la nueva constitución—que la salud es un derecho y que no puede estar sujeta a los vaivenes del mercado ni a los intereses de unas cuantas corporaciones. Y si nos permitimos repetir ese viejo adagio “No hay mal que por bien no venga,” de ese efecto beneficioso habrá que darle crédito a ese protagonismo de la sociedad civil. Incluso quizás con inesperados compañeros de ruta, como podrían ser muchos alcaldes de un signo político de derecha, pero en la medida que hagan avanzar el proceso hacia una mayor participación de las bases del pueblo, bienvenidos sean.

 

Por Sergio Martínez (desde Montreal, Canadá)

 

 

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