En el contexto del Covid-19: ONU advierte a Perú por ley que aumenta facultades represivas a la policía
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Organizaciones por la defensa de los derechos humanos y el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, denunciaron este lunes la ley Nº 31012 aprobada por el parlamento, que ampara a las fuerzas policiales ante el uso del armamento con el pretexto de proteger contra la expansión de la pandemia. Ahora las Naciones Unidas también intervienen alertando acerca de dicha ley.
“Perú debe revisar su nueva ley para la protección de la policía nacional, por cuanto abre espacios para la impunidad”, alertó el Representante en América del Sur de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
La propuesta plantea que las fuerzas armadas en ejercicio de sus labores al hacer uso del armamento gozarán de la protección jurídica del estado.
Fue el congreso, disuelto en septiembre del año 2019, que había aprobado la propuesta. El parlamento, entrado en funciones el pasado 16 de marzo, acaba de aprobarla.
De acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Perú, el Estado debe investigar todas las denuncias de violación del uso de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Sin embargo, la reciente Ley No. 31012, adoptada por la anterior legislatura en julio de 2019, y promulgada hace unos días, contiene disposiciones que no se alinean con los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, los que deben regir toda actuación de las fuerzas de orden y seguridad.
“Hacemos un llamado urgente al Congreso del Perú, así como a todas las autoridades competentes, a revisar y revertir los efectos de esta nueva ley, pues en varios aspectos contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Es un retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia de uso de la fuerza”, lamentó Jarab.
De esa forma, el congreso de Perú está retomando leyes que se utilizaron durante la dictadura de Alberto Fujimori, violando los pactos internacionales de derechos humanos.
Lo que preocupa a la Oficina Regional es que por medio de la nueva norma se derogue el principio de proporcionalidad, que impide que los funcionarios policiales actúen de forma excesiva o arbitraria; como también que se siga legitimando la exención de responsabilidad penal a las y los funcionarios policiales que hagan uso de la fuerza.
“La adopción de una medida cautelar debe ser resuelta exclusivamente por un juez, con base en los antecedentes de la causa y audiencias de las partes”, explicó Jarab acerca de la prohibición, establecida también en la nueva ley, de dictar mandatos de detención preliminar judicial u ordenar prisión preventiva para policías investigados por delitos.
El Representante de ONU Derechos Humanos se mostró especialmente preocupado pues la norma entra en vigor mientras el país ha decretado medidas de emergencia, incluyendo el especial despliegue de personal policial y militar, para afrontar la pandemia de COVID-19.
“En el mundo, y Perú no es la excepción, la policía forma parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población frente a COVID-19. Pero al mismo tiempo es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad, para no dejar espacio a arbitrariedades o a la impunidad, sobre todo en circunstancias extraordinarias como las que enfrentamos hoy”, explicó.
Por Elena Rusca (en Ginebra)
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