ONU pide rendición de cuentas; Israel registra la tasa más alta de asentamientos ilegales

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Michael Lynk, relator especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado denunció el reciente anuncio del gobierno israelí de que aprobó la construcción de casi 5.000 viviendas más en asentamientos en el territorio palestino ocupado en cuanto grave violación del derecho internacional.

«La comunidad internacional debe responder a esta grave violación del derecho internacional con algo más que una simple crítica», dijo Michael Lynk, relator especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967. A principios de este mes, un comité de planificación del Ministerio de Defensa aprobó planes para 4.948 viviendas más.

“Mientras los asentamientos israelíes continúan devorando la tierra que está destinada al estado palestino independiente, la comunidad internacional observa, a veces objeta, pero no actúa”, dijo Lynk. «Es hora de rendir cuentas».

“El gobierno israelí ha aprobado más de 12.150 asentamientos este año”, dijo el relator especial.

Según el grupo de defensa Peace Now, este sería el número más alto de aprobaciones anuales por parte de Israel desde que Peace Now comenzó a registrar las cifras en 2012.

“Si bien Israel puede haber archivado sus planes para la anexión de jure de los asentamientos en agosto, continúa con su anexión de facto del territorio palestino a través de este implacable crecimiento de asentamientos”, dijo Lynk. “Tanto la anexión de facto como de jure de un territorio ocupado constituyen claras violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del Estatuto de Roma de 1998 sobre la Corte Penal Internacional. Esta aceleración del crecimiento de los asentamientos empeora una situación de derechos humanos ya precaria sobre el terreno».

En al menos seis ocasiones desde 1979, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha dicho que los asentamientos israelíes son una «violación flagrante del derecho internacional» y «no tienen validez legal».

En 2016, en la Resolución 2334, el Consejo de Seguridad exigió que Israel «cese inmediata y completamente todas las actividades de asentamiento».

Sin embargo, desde 2017, el Coordinador Especial de la ONU para el Proceso de Paz de Oriente Medio ha informado al Consejo de Seguridad en 14 ocasiones que Israel no ha tomado medidas para cumplir con esta obligación de conformidad con la Resolución 2334.

Lynk también expresó su profunda preocupación porque Estados Unidos enmendó sus acuerdos científicos existentes con Israel el 27 de octubre para permitir la financiación conjunta de proyectos en los asentamientos israelíes ilegales. Anteriormente, los acuerdos solo permitían la financiación de proyectos dentro de las fronteras anteriores a 1967 reconocidas internacionalmente por Israel.

“Estos cambios en los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos e Israel van en contra de la Resolución 2334, que pide a todos los estados miembros que reconozcan la ilegalidad de los asentamientos y que distingan, en sus tratos relevantes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967”, dijo.

“El estado de derecho internacional importa y, si queremos evitar el dominio de la selva, debemos obedecerlo. Y si el estado de derecho es importante, también lo debe ser la responsabilidad”, dijo Lynk. «Si el Consejo de Seguridad ha de hablar con autoridad, entonces la desobediencia de las instrucciones del Consejo debe tener consecuencias».

En 2016, el exsecretario general de la ONU, Ban Ki Moon, preguntó: “¿Todo esto está destinado a simplemente acabarse en el tiempo? [Los palestinos] preguntan: ‘¿Estamos destinados a ver cómo el mundo debate sin cesar cómo dividir la tierra mientras desaparece ante nuestros propios ojos’?

“Al mismo tiempo que se acelera la aprobación de nuevas viviendas en asentamientos, también está aumentando la demolición de viviendas y propiedades palestinas por parte de Israel”, dijo Lynk.

Según la organización palestina de derechos humanos Al-Haq, 177 propiedades fueron demolidas en los tres meses de julio, agosto y septiembre, casi tantas como las 186 destruidas en los primeros seis meses del año.

Las 76 estructuras de propiedad palestina destruidas en septiembre desplazaron a 136 palestinos y afectaron el sustento de 300, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

“Las demoliciones también violan el derecho internacional humanitario y contribuyen a la atmósfera coercitiva en el Territorio Palestino Ocupado”, dijo Lynk. “La rendición de cuentas debe estar en la agenda. Los productos de liquidación deben prohibirse en el mercado internacional. Deben revisarse los acuerdos existentes y propuestos con Israel. Se debe respaldar la base de datos de la ONU y las investigaciones actuales en la Corte Penal Internacional”.

Elena Rusca, en Ginebra

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