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Cuatro nombres: El factor judío en la Operación Colombo

En los meros 14 meses que la Junta Militar llevaba en el poder, ya más de 1500 personas habían sido ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidos forzosamente. Miles más permanecían recluidas en prisiones reconocidas y clandestinas.

La apremiante y horrorosa realidad de Chile impulsó a las Naciones Unidas estrenar mecanismos de vigilancia a los derechos humanos, aprobados hacía ocho años pero jamás activados. El 16 de noviembre 1974, la Asamblea General aprobó con urgencia la Resolución 2278: solicitaba a Chile tomar medidas para restaurar y proteger a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Recomendó también que su Comisión de Derechos Humanos investigara en terreno.

No pasó un mes, y se hizo sentir el impacto multiplicador de la Resolución 2278 .

Por primera vez en su historia, el Senado de los Estados Unidos condicionó apoyo militar en respeto a los derechos y libertades fundamentales. Conocida como la Enmienda Kennedy por su impulsor el Senador Edward Kennedy, la medida congeló los suministros bélicos desde Estados Unidos durante los próximos 16 años.

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Todavía venía otro motivo más para alegrarse en aquella época cuando la represión alcanzaba un apogeo. Cuando a principios de 1975 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU crea un Grupo de Trabajo para dar cumplimiento a la decisión de investigación tomada por la Asamblea General, “Nosotros en el Comité ProPaz lo celebramos para que te cuento”, afirma Roberto Garretón. “Fue un gol contra la dictadura espectacular”.[1]

Para realizar su peritaje, el Grupo de Trabajo necesitaba la autorización de Chile y la respuesta se demoraba.  Mientras tanto, Augusto Pinochet desencadena un plan que busca dar explicación a los inquisidores internacionales y a los familiares que indagan por el paradero y destino de personas desaparecidas posterior a detención.

El propósito contemplaba el apoyo estratégico de los militares transandinos, capitalizando la presencia en Argentina de miles de chilenos que huyeron tras el golpe militar.

Entre los miles de chilenos que se refugiaron en Argentina estuvo Julia Concha quien llegó, junto a sus tres hijos, a Buenos Aires en marzo de 1975. Se acuerda que le aconsejaron decir que eran mendocinos, nunca que eran chilenos. Tampoco había que solicitar el asilo político ni condición de refugiado. “Decían que los chilenos que venían eran todos terroristas”, dice.[2] Se reunió en Buenos Aires con su esposo y hermano quienes salieron de Chile un mes después del golpe militar. Su hermano Luis Concha, sindicalista y mirista, activaba propaganda contra la dictadura de Pinochet desde un de ocho comités de solidaridad en Buenos Aires. En un barracón, que habilitó al oeste del Gran Buenos Aires en la localidad de William Morris, Luis Concha recibía a los chilenos, llegando a alojar 50 personas, incluso familias, orientándoles al iniciar su calidad de refugiados. “Había que cuidarse; no decir de donde venías, ni por qué”, recuerda su hermana Julia.

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Faltando 10 meses para formalizar la coordinación de los países Cono Sur en Operación Cóndor, los dos países ya estaban colaborando estrechamente en el ámbito inteligencia-militar. El 30 de septiembre de 1974 agentes argentinos y chilenos habían colaboraron en asesinar al General Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires. Y en mayo de 1975 se produjo la primera detención coordinada entre tres países cuando la policía paraguaya en la frontera con Argentina bajaron de un bus al chileno Jorge Fuentes Alarcón y al argentino Amílcar Santucho. Luego de ser torturado en Asunción por agentes de Paraguay y Chile, Fuentes fue llevado a Villa Grimaldi donde continuó su tormento.

En febrero 1975, un año antes del golpe militar argentino, treinta unidades militares a cargo del general Acdel Vilas, con respaldo oficial de la Presidenta María Estela Martínez de Perón, habían dado inicio a Operación Independencia en la provincia nortina de Tucumán. Las fuerzas armadas buscaban no solo aniquilar a la guerrilla del ERP en los cerros de la provincia, sino afinar las prácticas que pronto extenderían por todo el país: secuestros llevados a cabo por civiles, detención en centros clandestinos, negación de tales detenciones, tortura, y el ocultamiento de cuerpos asesinados. Se estima que mas de 300 personas fueron detenidas desaparecidas o ejecutadas en Tucumán, antes del golpe militar de marzo 1976.[3]

A estas prácticas, ya habituales al otro lado de la cordillera, los argentinos agregarían una dimensión propia. Desde principios del siglo XX, existía en Argentina una arista antisemita que formulaba una correlación entre ser judío y ser marxista, debido a la marcada presencia judía en movimientos sindicales socialistas, anti-fascistas, y en partidos de izquierda. En la época de la última dictadura militar argentina (1976-1985), canalizando el latente antisemitismo criollo, se acentuó el corolario judío-subversivo.

Lo que Pierre Vidal-Naquet denomina el “sintagma judeo-marxista” que en 1942 y 1943 impulsó a las huestes de Hitler a librar la guerra en el este -“indisolublemente contra los judíos y los marxistas, considerados una misma entidad”[4] – recobró vigencia en la llamada guerra sucia de Argentina. La actualización de esta figura en Argentina se expresó por medio de un trato diferencialmente cruel hacia los prisioneros judíos, y una sobrerrepresentación de judíos entre los detenidos desaparecidos, en proporción a la población de ciudadanos argentinos de origen judío.[5]

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En Chile no estaba culturalmente arraigado el concepto de judío como sinónimo de izquierda. Muy al contrario, es más probable que se asociasen al conocido apoyo institucional judío a la Junta Militar. Por lo tanto la visión que equivalía al judío con la izquierda estaba ausente de la retórica y práctica represiva de la Junta Militar chilena.

En este contexto, Argentina proporcionaba el escenario propicio para una orquestación con la cual Chile pretendía descarriar escrutinio acerca del destino de personas cuya detención era negada sistemáticamente. Para los militares argentinos, el montaje reforzaría la noción que su territorio nacional estaba azotada por subversivos internacionales que confabulaban con nacionales para producir una peligrosa inestabilidad, exigiendo la mano dura del Estado.

El agente chileno de la DINA Enrique Arancibia Clavel sería el principal enlace en Buenos Aires. Arancibia, años después, el único procesado por el asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert, colaboraba con sus pares argentinos a través de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Posterior a su detención, se encontró en su casa un documento escrito a mano alzada con los nombres de 32 detenidos desaparecidos chilenos y los pasos fronterizos por las cuales habrían entrado a Argentina.[6] Jaime Eugenio Robostam [sic] Bravo habría entrado por Tromen (hoy Mahuil Malal), a 50 kilómetros en camino de ripio de San Martín de los Andes, el día 29 de febrero de 1975; Juan Carlos Perelman Ide supuestamente por Las Cuevas (hoy Cristo Redentor) el 29 de marzo del mismo año.

Los nombres de Jaime Robotham y Juan Carlos Perelman más los de David Silberman y Luis Guendelman, ambos egresados del Instituto Hebreo, fueron utilizados para un macabro preludio al montaje que se llegaría a conocer como Operación Colombo o Lista de los 119. Son los únicos nombres asociados con Operación Colombo que comparten el hecho de ser apellidos judíos, o por lo menos de timbre judío, dado que los Robotham no conocen antepasados judíos en su familia.

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Los socios argentinos de Arancibia Clavel fueron los integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) que empezaba a circular en sus Ford Falcón verde por las calles de Buenos Aires. Dado el sesgo antisemita de este grupo, es probable que fueran sus operativos quienes eligieron los nombres de cuatro judíos para dar inicio al montaje.

La periodista argentina Stella Calloni, autora de dos libros sobre Operación Cóndor[7], está convencida que los argentinos eligieron los nombres judíos. “En ese momento, yo tengo la seguridad, te diría, del entusiasmo con el cual los de aquí participaron en esa operación. Mi tesis es estos chilenos se pusieron de acuerdo con un grupo nacionalista, nazis en realidad, y acá aparecieron cuatro cadáveres, con nombres de judíos chilenos. Todavía no sabemos de quienes son esos cadáveres. Estos hicieron este favor a Chile y a su vez, Chile haría un favor a los argentinos. Le entregaba gente o nombres. Cambiaban favor por favor”.[8]

Laura Elgueta, entonces de 18 años, vivía en Buenos Aires con sus padres chilenos exiliados desde 1974. Elgueta ha estudiado la maquinaria chilena-argentina de inteligencia para entender las circunstancias del secuestro y posterior desaparición de su hermano, el estudiante de música y militante del MIR Luis, cuñada Clarita Fernández y Cecilia, hermana de Clarita, el 27 julio de 1976. “No es casual que hayan sido ellos quienes eligieron nombres que sonaban judíos”. Elgueta señala “una mirada muy antisemita, instalada en sectores tradicionales vinculados a la Iglesia más ortodoxa argentina”, asociados con la Triple A.[9]

Elgueta fue testigo presencial del sesgo antisemita de la represión argentina. Casi al año de la desaparición de Luis, Clarita y Cecilia, a las 11 de la noche del 12 de julio 1977, ella fue secuestrada con otra cuñada. “Hacen el clásica operativo de secuestro que se hacía en plena 1977”, resalta. Las metieron, golpeándolas, en autos y las llevaron a un centro clandestino, que con los años lograron identificar como el Club Atlético. Al bajarlas de los autos, “lo primero que escuchamos fue a chilenos que nos estaban esperando. Creo que eran mas de dos”.

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“Siguen el procedimiento habitual. Nos sacan los documentos, y nos ponen una letra con número. En el momento del interrogatorio nos desnudan. Llevan a mi cuñada a interrogarla. Me dejan a mi esperando, desnuda y vendada. En un momento siento que traen a dos chicos, bajándolos, golpeándolos bruscamente. La mujer estaba aterrada. Cuando los desnuden se dan cuenta que él es judío. Hacen un festín: ‘Oh, este es un Moishe, mirá vos que sos judío, que bueno te lo vamos a dar; qué bueno que tenemos otro en nuestros manos!’

“En un momento hubo un silencio. Yo me di cuenta que estábamos los tres solos y se produjo un gesto muy lindo. Yo tosí; él tosió, y ella tosió. Nos comunicamos así. No supe nada mas de ellos. Deben estar desaparecidos, muertos”.

En todo momento estaba presente por lo menos un chileno, escuchando, mientras la interrogaban. Benito José Fioravanti, perteneciente a un sector de católicos fundamentalistas de corte nazista, posteriormente es sindicado como el jefe del centro de torturas Atlético. “La participación de Fioravanti con chilenos está comprobado a través de mi caso en 1977”, afirma Laura Elgueta. Reitera, “Pienso que no es casual que estos personajes”, quienes propiciaron crueldad especial hacia los judíos, hayan participado en Operación Colombo y eligieran los nombres judíos.

El operativo inició el 16 de abril 1975 con el hallazgo en un estacionamiento subterráneo de Buenos Aires de un cuerpo quemado y mutilado hasta ser irreconocible, acompañado por carteles atribuyendo el muerto a un ajuste de cuentas entre combatientes del izquierda. Al lado del cuerpo se encontró intacto un carnet de identidad chilena con nombre del ingeniero David Silberman Gurovich, gerente de Cobre-Chuquicamata. Hacía seis meses que Silberman había sido raptado desde la Penitenciaria de Santiago, en un despliegue operativo, explicado por el Ministerio del Interior como un secuestro por el MIR.  Posteriormente, testigos declararon haber estado presos junto a él en el centro de tortura de calle José Domingo Cañas 1367 en Santiago en octubre de 1974[10].

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Este modus operandi se repetiría en julio con la aparición de tres cadáveres más, también carbonizados, acompañado nuevamente por carteles, aludiendo al MIR y los carnets de identidad chilenos, correspondientes a Luis Guendelman, Jaime Robotham y Juan Carlos Perelman.

Los días 12 y 16 de julio familiares leyeron con estupor e incrédulos las portadas de El Mercurio, La Tercera, y Las Ultimas Noticias. Bajo el título “Sangrienta Vendetta Interna Hay en el MIR,” el reportaje de Las Ultimas Noticias daba cuenta que Luis Alberto Wendelmann Wisniack y Jaime Eugenio Robostam Bravo, “reclamados por organismos internacionales tales como la Amnesty y otros grupos de supuestas tendencias humanitarias […] Pero ahora resulta que aparecieron ultimados por sus propios compañeros extremistas en el vecino país”.

Luis Guendelman, detenido el 4 de septiembre 1974 en su casa, fue visto en el centro de detención secreto de calle Londres 38 el día después de su detención, y en Cuatro Álamos el 26 de septiembre. En Cuatro Álamos le contó a los presos con quienes compartía celda que estuvo torturado en Villa Grimaldi. En noviembre y diciembre 1974 fue internado en el Hospital Militar, y luego regresó a Cuatro Álamos donde, en febrero de 1976 un preso le escuchó cantar el tango “Adiós muchachos compañeros de mi vida”.[11] En ese lugar fue visto con vida por última vez.

El 31 de diciembre del 1974 Jaime Robotham compartía un te con su gran amigo y compañero del Partido Socialista Claudio Thauby. Más tarde, cuando iban caminando juntos por Avenida Sucre, un auto se detuvo bruscamente y salta a la vereda Fernando Laureani Maturana, quien conocía a Claudio por haber sido cadete en la Escuela Militar. Diecisiete sobrevivientes del campo de concentración que operó en Villa Grimaldi declararon ante el ministro Alejandro Solís como Jaime Robotham llegó ensangrentado de una herida de la cabeza propiciado al momento de su detención.

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Juan Carlos Perelman había sido detenido junto a su pareja Gladys Díaz el 20 de febrero de 1975 y llevados a Villa Grimaldi. El 28 de febrero 1975, ambos fueron incorporados a una fila de presos que subían a un vehículo. De repente, a Gladys la sacaron de la fila.  Nunca más se supo de Juan Carlos.

Los familiares de los cuatro chilenos tuvieron la horrorosa experiencia de viajar a Argentina para conocer los cadáveres encontrados.

En el caso de Luis Guendelman, viajaron a la morgue de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, su madre Sara Wisniak y esposa Francisca Hurtado, llevando radiografías de la cadera de Luis. Desde los 10 años cuando lo operaron, tenía un torno de platina. Ningún de los dos cadáveres tenía un platillo en los huesos. Las radiografías dentales tampoco reflejaban la dentadura del cadáver que les mostraron en Pilar.

“La situación era totalmente absurda, afirma Alejandro Guendelman, primo de Luis. “Los cadáveres estaban tan calcinados que no podías contar los dedos de la mano. Sin embargo entre los restos de la ropa habían unos carnets plásticos, un librito verde plástico original, no falsificado, emitido por el Gabinete de Identificación, impresa por la Casa de Moneda. En esa época eran escritos a mano, y esta también. Pero la foto de Luis era de cuando sacó su primer carnet de 10 años. El apellido en vez de estar escrito con “G” estaba escrito con “W”. Como que alguien le entregó un alto de carnet blanco a López Rega o Arancibia Clavel, y lo llamaron por teléfono y le preguntaron ¿cómo se escribe? Y escribió “W”.  ¿Tu piensas que el Gabinete de Identificación se va equivocar en poner un W en vez de un G?”[12]

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Tan burdo era el montaje que a simple vista se desenmascaró a si misma como un fraude.

En esos días llegaban a Chile dos congresistas de los Estados Unidos, a preguntar insistentemente por Luis a solicitud de su hermano Simón Guendelman. También a principios de julio había llegado a Perú el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.  Seguían sin autorización de Chile para entrar. Como forma de presión, decidieron instalarse en el país vecino. El 8 de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores responde al Grupo.

“La situación en Chile está en sus peores momentos y el Grupo de Trabajo está en Perú. Nosotros contentos que va llegar este grupo”, recuerda Roberto Garretón. “La respuesta de Chile fue fantástica. Dado el estado del peligro por la patria, dice Pinochet, se prohíbe el ingreso. Y visto que no se le permite entrar, más encima el Grupo de Trabajo debe disolverse! Allá flota la lista de los 119.”

El 18 de julio aparece por primera y única vez la Revista Lea que reportea que “60 extremistas chilenos han sido eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha” en Argentina y otros países de América Latina, señalando un lista de estas personas.  El 24 de julio sale en Brasil la primera edición en 52 años del diario “O Día de Curitiba”, señalando una nómina de 59 otros nombres de “extremistas chilenos” que habrían muerto en enfrentamientos con policía en Salta, Argentina. La sumatoria de las nóminas de ambos reportajes, ampliamente difundidas por los medios de comunicación en Chile, era 119 nombres.

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El 28 de mayo los familiares de muchos detenidos desaparecidos habían presentado un recurso de amparo conjuntos a la Corte de Apelaciones de Santiago y, el 8 de julio lo presentaron ante la Corte Suprema. Ahora la prensa chilena apuntaba a esta nómina para denunciar que jamás fueron detenidos, y el recurso de amparo fue rechazado.

En el campo de detención de Puchuncaví, prisioneros reconocieron en los diarios lo nombres de personas con quienes habían estado en Villa Grimaldi, Cuatro Álamos y otras cárceles secretas. La indignación al constatar que estaban matando a sus compañeros superó el miedo, y 90 presos políticos se declararon en huelga de hambre.

“Gran número de las causas de violaciones de derechos humanos en Chile llevan un mensaje, un mensaje de terrorismo de estado. Este mensaje generalmente es: al enemigo se le trata de esta manera, o sea, de una manera muy cruel”,  señala Juan Guzmán Tapia, ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Es probable que el mensaje de Operación Colombo y de su preludio, iba dirigido también a los chilenos resistentes en Argentina, como Luis Concha. A sus 79 años, Concha, que todavía vive en Argentina, afirma, “Nosotros sabíamos que si nos agarraban aquí en Argentina íbamos a pasarlo mal”.

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El ex juez Guzmán recalca: “El segundo mensaje es una orden al Ejército y a las Fuerzas Armadas de como deben ser tratados los enemigos: sin ninguna piedad, sin ninguna misericordia, Qué esta maniobra de desinformación se iniciara con nombres judíos no creo que sea una coincidencia.[13]

En septiembre de 2004 el juez Juan Guzmán Tapia procesó a 16 ex miembros de la DINA por Operación Colombo. En noviembre de 2005, el juez Víctor Montiglio procesó a Augusto Pinochet en Operación Colombo y en mayo de 2008 procesó a 98 jerarcas y ex agentes de la DINA por 60 víctimas de Operación Colombo.

Operación Colombo fue el procesamiento más fácil, afirma el ex juez Juan Guzmán Tapia. “Pinochet dice que es una infamia que personas que se mataron entre ellos en Argentina se les estén achacando al gobierno militar esa responsabilidad. Lo dice con mucha energía, con mucho enojo”.

David Silberman, Luis Guendelman, Juan Carlos Perelman, y Jaime Robotham. Cuatro nombres, nombres de soniso judío, fueron elegidos para descarriar la verdad. Terminan aportando a desvelar una gran mentira, y logrando justicia.

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(Extracto del libro “Memoria latente” (Lom Ediciones, 2016). Por Maxine Lowy)

 

[1] Entrevista a Roberto Garreton, 28 de mayo de 2014.

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[2] Entrevista a Julia Concha y Luis Concha, Buenos Aires, 18 de agosto de 2014.

[3] En diciembre del 2012 el juez federal de Tucumán Daniel Bejas procesó a Jorge Rafael Videla y a otros 40 acusados más por 269 casos de secuestros, tortura y desapariciones forzadas y homicidios cometidos entre el 8 de febrero de 1975 y el 23 marzo de 1976. www.memoria.telam.com.ar/operativa independencia.

[4] Pierre Vidal-Naquet, “Los judíos, la memoria y el presente”, Fondo de Cultura Económica (primera edición en español), Buenos Aires, 1996, p.199.

[5] Daniel Refaca, Juez Federal que investigó los crímenes del terrorismo de estado en Argentina, estima que el 10% de los 30.000 desaparecidos argentinos eran judíos. La COSOFAM, agrupación de familiares de las víctimas en Barcelona, pone la cifra a mas de 12%. En cualquier caso, se evidencia una sobrerrepresentación de víctimas judías, considerando que en 1976, judíos representarían no más que el 0,98% de la población total argentina.

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[6] CODEPU-DIT, La Gran Mentira: El caso de las ‘Listas de los 119’, 1994, p.111.

[7] Operación Cóndor: Pacto criminal, Editorial La Jornada, 2001, y Los años del lobo: Operación Cóndor, Editorial Continente, 2002

[8] Entrevista a Stella Calloni, 29 de enero de 2013.

[9] Entrevista a Laura Elgueta, 25 de febrero de 2014.

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[10] Varios testigos, entre ellos, Julio Laks y Rosalía Martínez, matrimonio detenidos juntos a principios de octubre de 1974, han declarado judicialmente que estuvieron con David Silberman en la casa de tortura de la Calle José Domingo Cañas, conocida como el cuartel Ollague de la DINA, en Santiago. El 5 de octubre un grupo de prisioneros que incluía Rosalía Martínez y Silberman fue trasladado al centro de detención Cuatro Álamos. A mediados del mes de octubre, Silberman fue devuelto a José Domingo Cañas, donde lo vio Julio Laks, quien había permanecido en ese lugar. Entrevista a Julio Laks, mayo 2012.

[11] Según el Listado de Testigos recopilado por Simón Guendelman y actualizado el 6 de diciembre de 1999, Luis Arce declaró haber escuchado a Luis Guendelman cantar.

[12] Entrevista a Alejandro Guendelman, 16 de diciembre de 2013.

[13] Entrevista a Juan Guzmán Tapia, 21 de septiembre de 2010.

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  1. Felipe Portales says:

    Notable libro de Maxine Lowy. Debiesen leerlo todos los chilenos que quieren conocer a fondo la terrible historia de las criminales y sustemáticas formas de violaciones de derechos humanos de la dictadura. Y el vergonzoso papel de la empresa “El Mercurio” de apoyo de las siniestras mentiras diseñadas por la DINA (en conjunto con las criminales policías secretas de las demás dictaduras del cono sur) para encubrir sus atrocidades.

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