Carta abierta del economista Gabriel Palma al presidente electo sobre la necesidad de erradicar la pobreza ahora y lo barato que sería

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La siguiente es una carta abierta escrita por el prestigioso economista chileno de la Universidad de Cambridge Gabriel Palma publicada el martes en la sección Inversiones del diario El Mercurio. En el comunicado, dirigido al presidente electo, Gabriel Boric, y a su equipo, Palma enfatiza en la necesidad y posibilidad de erradicar la pobreza en Chile ahora y en lo barato que sería.

En una economía como la nuestra, con un ingreso por habitante que el año pasado podría haber llegado hasta los US$ 15.000 -lo que, según el Banco Mundial nos clasificaría como de “ingreso alto”-, ¿puede existir algo más prioritario que erradicar totalmente la pobreza?

Sin duda que la economía que hereda su gobierno ya tiene grandes desafíos, como el recuperar los equilibrios macroeconómicos y reactivar el crecimiento de la productividad, prácticamente estancado por más de una década. Sin embargo, aún así uno esperaría que un gobierno como el suyo se comprometiese a que al final de su período no va a quedar una chilena o chileno bajo el nivel de la pobreza. Si no lo hacen ustedes, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?

Según las últimas estimaciones del Departamento de Desarrollo Social de la CEPAL, pandemia y todo, habría casi 3 millones de pobres (un 15% de la población). Si bien ‘pobreza’ es un concepto mucho más complejo que un nivel de ingreso mínimo, una primera aproximación coloca a la línea de la pobreza en US$ 170 al mes. El costo de un subsidio monetario a dichas personas por ese monto equivale a US$ 6 mil millones al año, o un 2,3% del PIB (todo a dólares del 2010).

En una economía donde la recaudación fiscal es apenas algo más del 20% del PIB, otro 2,3% no debería ser inalcanzable.

Además, si en lugar de transferir el equivalente a una línea de pobreza (US$ 170 al mes), a cada persona bajo ese ingreso se le transfiere sólo lo que le falta para llegar a ese monto, el costo total caería a menos de la mitad de ese 2,3% del PIB. Calcular esa transferencia en forma precisa es tarea compleja, y habría que agregar el gasto administrativo, la inevitable ineficiencia burocrática, y el porfiado clientelismo político.

Sin duda su gobierno va a tener que priorizar sus objetivos, pero es difícil imaginarse que en un gobierno con esa orientación, y en una economía con el ingreso y la riqueza de la nuestra, haya una transformación más urgente que terminar con la crueldad de la pobreza.

Sugiero que una forma de comenzar la tarea podría ser transferir progresivamente una cantidad equivalente a una línea de la pobreza por cada niño y niña menor de 5 años en hogares vulnerables, y de media línea de pobreza por cada niño y niña de entre 5 y 14 años en dichos hogares. La última estimación que conozco calcula el costo de dichas transferencias en un 0,4% del PIB para lo primero, y 0,6% del PIB para lo segundo.

Si a eso se suma una transferencia equivalente a una línea de la pobreza a personas de 65 y más años en hogares vulnerables, ello tendría un costo adicional de 0,5% del PIB -aunque con los nuevos subsidios a las pensiones, ahora esta cifra puede ser menor. Finalmente, si además se realiza una transferencia equivalente a una línea de la pobreza a personas desempleadas en hogares vulnerables, esto agregaría 0,3% del PIB. Por tanto, el costo total de estas cuatro transferencias de renta llegaría al 1,8% del PIB -lo que ya reduciría la pobreza en dos tercios. Sin duda estas cifras hay que actualizarlas y refinarlas, pero ya dan una indicación preliminar.

Lo fundamental de recalcar es que la única forma de terminar con la pobreza -al menos medida por ingreso- en un período presidencial de cuatro años es con una transferencia monetaria directa. Lo demás no cuadra. Este tipo de subsidio ya se hace parcialmente en otros países, como en Brasil con la “bolsa familia”, donde un subsidio monetario con condiciones mínimas, que ha beneficiado a 13 millones de familias, tiene un costo total de apenas 0,5% del PIB.

Como nos decía Wittgenstein, a menos que las políticas públicas tengan un verdadero sentido de urgencia -como el tener que terminar con la pobreza en cuatro años- es difícil tener realmente éxito. Un programa sin metas específicas es como tener un calendario sin fechas… Al tiempo del retorno a la democracia existía esa urgencia, pero mientras más bajaba la pobreza, más perdía prioridad. Esto es, mientras más factible era implementar una política de “tolerancia cero” con la pobreza, más se perdía dicha urgencia… Ya es hora de recuperarla.

Si bien existe consenso que la situación de las cuentas fiscales es muy compleja, también la hay entre los expertos en pobreza y desigualdad que invertir en generaciones futuras y en sociedades más igualitarias tiene una rentabilidad sin paralelos.

En economía, al final, siempre se llega al eterno problema de ‘necesidades múltiples versus recursos escasos’. Por tanto, ¡todo es materia de prioridades! Los recursos para este desafío existen, pero hasta ahora las prioridades han sido otras, como, por ejemplo, el regalar las rentas de los recursos naturales -rentas que incluso en la actual Constitución pertenecen a todos nosotros, incluidas por supuesto las personas bajo el

nivel de pobreza. Según el Banco Mundial, ahora en nuestro país dichas rentas llegarían a un nivel superior al 20% del PIB, como ya lo fue en el súper-ciclo anterior; y prácticamente lo único que recuperamos de ellas es a través de Codelco. En esos órdenes de magnitud, 2,3% del PIB se ve como algo perfectamente factible -y para qué decir si sólo se transfiere lo que falta para llegar a la línea de la pobreza.

Según el Financial Times, por ejemplo, de todas las empresas del sector materiales clasificadas en el FTSE100, Antofagasta Minerals fue la que repartió los mayores dividendos en el mundo en el período que ellos estudian. ¿Qué sentido puede tener seguir subsidiándola con el regalo del cobre que está en la roca? Pues si suponemos (en números redondos) una ley del mineral del 1%, cada vez que saca del monte una tonelada de roca mineralizada, ahí van 10 kilos de cobre fino que son nuestros. Ese regalo no sólo es un subsidio que no necesita, sino uno que genera una gran distorsión de mercado.

Igual en La Escondida, cuyo presidente global recorre el mundo diciendo que su costo de producción no es más que un dólar la libra, en un mercado donde el precio está en US$ 4,3 la libra. Parece bastante irrisorio seguir subsidiando a un conglomerado con dicha rentabilidad, regalándole nuestro cobre que va en la roca. ¿No habrá en eso una confusión en las prioridades, herencia de la dictadura? ¿Hay alguien en Chile que todavía le crea a lobistas de corporaciones con dicha rentabilidad cuando nos dicen que con un royalty de verdad dejarían de ser competitivas?

Desde esta perspectiva, un proyecto de ley, como el del royalty que está en el Senado, adquiere un significado especial. Éste propone un royalty que al precio actual del cobre equivaldría al 21% de las ventas. Los recursos que generaría el sólo aplicárselo a las mineras privadas que producen sobre las 70 mil toneladas ya recaudaría más del 80% del costo total del programa de erradicación de la pobreza -y más que sobraría si el programa sólo transfiere lo que falta para llegar a la línea de la pobreza. Y para qué decir si se suma el royalty a los subproductos del cobre, muchos de los cuales la ley actual ni siquiera exige declarar. Y llegamos ahí sin siquiera sumar Codelco, o el litio -o el royalty que también debiera tener el agua, las cuotas pesqueras, etc.

También hay otras formas de financiar un programa de este tipo, como un impuesto a los super-ricos directamente atado al costo de erradicar la pobreza.

Como digo, al final en economía todo es materia de prioridades. ¿Puede caber alguna duda que el terminar con la crueldad de tener innecesariamente a tres millones de chilenas y chilenos bajo el nivel de pobreza, en una economía de este nivel de ingreso, y con nuestra riqueza en recursos naturales, debería tener prioridad uno? Seguir subsidiando innecesariamente (e ineficientemente) a las empresas más rentables de Chile, debería tener uno un tanto menor…

Esto también es un tema constitucional, Comisión de Derechos Fundamentales: ¡el derecho a una vida minimamente digna! Si algo nos enseñó el estallido social es que las excusas para no hacer lo realmente prioritario terminan mal. Insertar este derecho en la nueva Constitución haría la diferencia entre ser país y nación.

Gabriel Palma

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