Ya no existen derechos humanos en Afganistán
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Mientras los ojos de la sociedad mundial se concentran en el conflicto en Ucrania, la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que está sesionando en el palacio de las Naciones Unidas de Ginebra, Suiza, realizó este lunes un diálogo interactivo sobre el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán. Un país que está fracasando.
El 15 de agosto de 2021, tras un rápido avance militar, los talibanes tomaron el control de la capital, Kabul. Las Fuerzas Militares Internacionales completaron su retirada de Afganistán el 30 de agosto de 2021.
Para el 6 de septiembre de 2021, los talibanes habían capturado la provincia de Panjshir, el último foco de resistencia armada.
El colapso repentino e inesperado de las fuerzas de Defensa y Seguridad Nacional afganas, y con ello el control efectivo del gobierno, provocó un caos y un miedo sin precedentes en muchas partes del país, especialmente en Kabul.
Desde el 15 de agosto de 2021, ha habido una disminución significativa de las hostilidades armadas en Afganistán con una reducción drástica de las bajas civiles. Si bien persiste la violencia esporádica, los civiles ahora pueden vivir en relativa paz.
El 7 de septiembre de 2021, los talibanes anunciaron un gabinete interino junto con nombramientos para otros puestos administrativos clave a nivel nacional y provincial.
“El pueblo afgano se enfrenta a una devastadora crisis económica y humanitaria que afecta gravemente a su disfrute de toda la gama de derechos económicos, sociales y culturales. Más de la mitad de la población ahora sufre niveles extremos de hambre. Se ha observado un aumento del trabajo infantil, el matrimonio infantil y la venta de niños”, denuncia la Alta Comisionada por los derechos humanos, Michelle Bachelet.
Del 15 de agosto de 2021 al 15 de febrero de 2022, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentaron al menos 1153 bajas civiles, incluidas 397 muertes. El Estado Islámico del Gran Jorasán (ISKP) perpetró varios ataques suicidas y no suicidas contra musulmanes chiítas, en su mayoría del grupo étnico hazara.
“Tras la toma del poder por parte de los talibanes, las sanciones internacionales que antes se aplicaban a los talibanes se convirtieron en sanciones a las autoridades gobernantes de facto del país. La crisis de liquidez resultante contribuyó a un colapso económico a gran escala”, sigue Michelle Bachelet durante la presentación del reporte hecho por el ACNDUH. “Desde agosto de 2021, las mujeres han quedado en gran medida excluidas de la fuerza laboral tanto como resultado de la crisis económica como de las restricciones impuestas por las autoridades de facto, a parte de alguna excepción en el sector de salud. Las limitaciones a la libertad de movimiento tienen un impacto negativo en otros aspectos de la vida de las mujeres, incluido el acceso a los servicios de salud”.
Una situación económica desastrosa
Antes de la toma del poder por parte de los talibanes, Afganistán ya se encontraba en una situación económica precaria debido a las sequías severas durante varias temporadas, el comercio exterior limitado, el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 y la inseguridad en el contexto del conflicto armado en curso.
Tras la toma del poder por parte de los talibanes, la economía se desplomó y provocó una crisis sin precedentes que ha afectado a toda la gama de derechos económicos, sociales y culturales de la gran mayoría de las personas en Afganistán.
La situación se vio agravada por el hecho de que el régimen de sanciones que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplicaba a los talibanes desde 2015 ahora se aplica a las autoridades de facto del país. Además, las autoridades estadounidenses congelaron USD 9500 millones en activos del Banco Central de Afganistán que están en manos de Estados Unidos. Reserva Federal, y que sustentan la estabilidad de los bancos nacionales.
Para septiembre de 2021, muchos bancos comerciales, que ya habían estado bajo una fuerte presión por un alto volumen de retiros de efectivo y conversión de moneda, habían dejado de operar, lo que provocó que muchas personas perdieran el acceso a sus ahorros o se vieran obligadas a buscar alternativas.
Desde el 15 de agosto de 2021, la comunidad internacional también suspendió la ayuda no humanitaria a Afganistán, de la que dependían casi todas las funciones estatales esenciales antes de la toma del poder por los talibanes.
El 22 de diciembre de 2021, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2615 que modifica el régimen de sanciones, que se aplicaba a los talibanes desde 2015, para permitir la prestación de asistencia humanitaria y otras actividades relacionadas.
El 23 de diciembre de 2021, un grupo de diez titulares de mandatos de Procedimientos Especiales advirtió que el actual régimen de sanciones estaba “impidiendo el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura que es esencial para asegurar la supervivencia de la población”.
El 2 de febrero de 2022, las autoridades de los Estados Unidos anunciaron que se permitiría a los bancos internacionales transferir dinero a Afganistán con fines humanitarios, lo que permitiría a los organismos de ayuda pagar a los docentes y al personal sanitario sin temor a infringir las sanciones internacionales.
En él mientras, los defensores de los derechos humanos han sido asesinados, detenidos arbitrariamente o sometidos a otros ataques y amenazas desde agosto.
Desde el 15 de agosto de 2021, los líderes talibanes han anunciado en repetidas ocasiones garantías de protección (lo que se conoce como una “amnistía general” para exfuncionarios del gobierno y miembros de las Fuerzas Nacionales de Seguridad Afganas, a pesar de la duración del conflicto, los múltiples niveles de agravios y la historia reciente del país.
El líder supremo de los talibanes, el primer ministro de facto, el ministro de defensa de facto, el ministro del interior de facto y otros altos funcionarios y funcionarios locales han pedido en varias ocasiones a los combatientes talibanes que honren el amnistía general y abstenerse de dañar a exfuncionarios del gobierno.
A pesar de estos compromisos, la UNAMA/ACNUDH ha recibido denuncias creíbles sobre el asesinato de más de 130 ex miembros de las Fuerzas Nacionales de Seguridad y Defensa Afganas (ANSDF) y del Gobierno o sus familiares. De ellos, alrededor 100 fueron ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las autoridades de facto o sus afiliados. Por ejemplo, el 4 de noviembre r 2021, en la provincia de Balkh, siete miembros de las autoridades de facto ingresaron a una residencia privada y mataron a tiros a dos mujeres y dos hombres. Tanto las mujeres como uno de los hombres eran ex empleados de ANSDF.
El uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades de facto durante protestas, allanamientos y retenes también se saldó con muertos y heridos.
El 13 de enero de 2022, las fuerzas talibanes mataron a tiros a una joven que regresaba de una fiesta de bodas en un puesto de control de seguridad en Kabul.
¿Libertad de opinión y expresión?
La libertad de expresión y de opinión se había expandido mucho en Afganistán antes de que los talibanes tomaran el poder. Afganistán disfrutó de un panorama mediático dinámico con 1.879 medios de comunicación activos, 203 canales de televisión, 349 estaciones de radio y 1.327 medios impresos. El sector de los medios de comunicación había empleado a miles de profesionales de los medios, incluidas 1.741 trabajadoras, de ellas 1.139 periodistas.
Los canales de televisión albergaron debates en vivo, espectáculos musicales, programas culturales y educativos, entre otros. Si bien los medios disfrutaron de una libertad sin precedentes, los periodistas y otros trabajadores de los medios fueron objeto de violencia, amenazas, intimidación, hostigamiento, arrestos y asesinatos.
El espacio para los medios independientes y la sociedad civil ha cambiado desde el 15 de agosto de 2021: el 19 de septiembre de 2021, las autoridades de facto anunciaron un conjunto de 11 lineamientos sobre las operaciones de los medios para todos los medios impresos, de audio y video. Estos incluyen consejos a los medios de comunicación para: no publicar temas contrarios a la religión islámica y la sharia; evitar estrictamente faltar al respeto a figuras nacionales e influyentes, así como a la privacidad nacional y personal; para evitar estrictamente la distorsión de los contenidos; y mantener la imparcialidad en la elaboración y publicación de noticias y reportajes y publicar únicamente la verdad. Estas reglas se aplican de diversas formas en todo el país, especialmente a nivel provincial, lo que afecta aún más el panorama de los medios y el disfrute de los derechos de libertad de opinión y expresión.
Un pueblo desplazado
Los afganos constituyen una de las mayores poblaciones de refugiados del mundo. Hay 2,6 millones de refugiados afganos registrados en el mundo, de los cuales 2,2 millones están registrados solo en Irán y Pakistán. Otros 3,5 millones de personas son desplazadas internas, habiendo huido de sus hogares en busca de refugio dentro del país. A la luz del rápido deterioro de la situación de seguridad en 2021, es probable que la cantidad de personas que huyen siga aumentando.
Afganistán ha sufrido más de 40 años de conflicto, desastres naturales, pobreza crónica e inseguridad alimentaria. Al enfrentarse a una crisis humanitaria en curso, la resiliencia de los refugiados, los desplazados internos y las comunidades de acogida está llegando lentamente a su límite.
Elena Rusca, Ginebra, 09.03.2022
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