¿Boric mensajero de la UDI? La extradición de Galvarino Apablaza en la agenda de Buenos Aires

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La larga mano de la UDI se instaló en Buenos Aires el fin de semana pasado para esperar el arribo del presidente Gabriel Boric. Un trabajo de tal precisión, que una de las primeras gestiones que hizo el presidente chileno durante su temprana reunión con Alberto Fernández el lunes pasado fue traspasarle un recado de Javier Macaya, presidente de la UDI. Minutos después de la cita, en una conferencia de prensa conjunta, el partido verificó en público y transmitido en directo si el presidente había cumplido su compromiso. La primera pregunta que le lanzó la prensa chilena acreditada llevaba la firma del partido pinochetista. Rodrigo Sánchez Zúñiga, periodista de Mega, preguntó si el gobierno pedirá la extradición del exfrentista Galvarino Apablaza, comandante Salvador, vieja obsesión de la ultraderecha. El presidente no solo le respondió con detalles sino que ya había hablado con Alberto Fernández. Parecía que ambos, presidente y periodista, habían recibido y cumplido el recado de la UDI.

El presidente Boric había recibido el mensaje de Macaya la semana pasada de parte de Guillermo Ramírez, diputado del partido. “Le planteamos que para nosotros es básico que uno de los asesinos de Jaime Guzmán cumpla con su condena en Chile (…) El presidente me manifestó que para él esto era un tema de Estado y lo iba a plantear en la reunión bilateral con el presidente Fernández”. En esa línea, detalló que “a pesar de las diferencias y a pesar de que muchos temas nos van a distanciar en estos cuatro años, noté una genuina preocupación por este tema y cumplió con plantearlo”, dijo en una entrevista en CNN Chile.

El lunes por la mañana Gabriel Boric le respondió al periodista de Mega: «Para  Chile ha sido hace larga data un tema de política de Estado, no sujeto a las contingencias políticas. El Presidente Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que le hemos planteado. A nosotros, por supuesto, no nos corresponde que intervengamos en un poder independiente de la Argentina, pero no me cabe ninguna duda que se van a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance». Y agregó: «Esto lo conversamos además ayer con Guillermo Ramírez, porque Javier Macaya, no pudo venir. Invitamos al diputado y ayer en una conversación privada justamente sobre este tema, me comprometí planteárselo al Presidente y así ha sido».

La respuesta de Boric fue celebrada por el mismo Macaya. En una entrevista con CNN Chile dijo que la actuación del presidente Boric en Argentina ha sido impecable. El presidente  ha puesto en relieve algo que han hecho gobiernos anteriores, como el gobierno del presidente Piñera, de la presidenta Bachelet, de Ricardo Lagos. Y destacó: «Hay un hito nuevo de la declaración que hace Alberto Fernández ayer, que es que él no va a intervenir en las decisiones de la justicia”.

Antonia Urrejola cambia el tono

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, también presente en Argentina, se encargó de bajar las revoluciones y poner las cosas en su lugar. Respecto a la solicitud de extradición de Salvador, que está en Argentina en condición de refugiado, fue clara y tajante en un canal de televisión: «Me parece que lo mínimo es ser respetuoso con los procesos internos de Argentina en esta materia”. Y aclaró:“La situación de Apablaza hoy día está siendo conocida por los tribunales de Justicia en Argentina y por lo tanto, me parece precisamente por el respeto a la Democracia y la separación de poderes del Estado, esperar que el tema sea resuelto a nivel de los Tribunales de Justicia y por lo tanto, en ese sentido, el Ejecutivo no va a manifestarse más allá de eso”.

A diferencia de Macaya, las palabras de Urrejola no cayeron bien en el entorno de Jaime Guzmán. En una carta publicada el jueves en La Tercera, Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, acusa a la ministra de eludir en sus declaraciones  «que en nuestro país existen plenas condiciones democráticas para un juicio justo. Esta gravísima indecisión contraviene la forma en que los diferentes gobiernos han representado al Estado de Chile en este caso. Y, por lo mismo, obliga a que el Presidente tome posición sobre la respuesta de su canciller. Esta ambigüedad sobre las garantías judiciales, sumada a la convicción expresada por otros ministros de que en Chile hay “presos políticos”, solo revive el relativismo con que la coalición gobernante ha tratado en el pasado reciente la violencia política».

Las declaraciones de la canciller apuntan al centro del problema. La justicia chilena no reúne las condiciones para un juicio justo, motivo por el cual Salvador es un refugiado político en Argentina. Esto lo confirma la ONU y lo explica el abogado Alberto Espinoza. «El refugio reconocido y otorgado a Galvarino Apablaza es una decisión soberana de la República Argentina. La intromisión de Chile en una materia normativamente regulada por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, tratado vigente en Chile desde el año 1972, adoptado internacionalmente en el año 1951, es una intromisión indebida de acuerdo con el Derecho Internacional».

«Galvarino Apablaza mantiene hasta el día de hoy el estatus de refugiado y el Estado de Chile, a través del Presidente Boric, no puede subordinarse a los intereses de la UDI en un tema de Derecho Internacional de los derechos Humanos. Chile no tiene competencia ni atribución alguna para impugnar o entrometerse en una materia que responde a la autonomía e independencia soberana de Argentina».

Lo mismo sostiene el abogado argentino Rodolfo Yanzón. «Boric se vio presionado por la UDI y el pinochetismo. «Tiene un estatus de refugiado vigente. La comisión nacional de refugiados otorgó la condición de refugiado a Galvarino Apablaza bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Cualquier pedido de extradición de la justicia chilena a la justicia argentina debe ser rechazado porque Apablaza tiene condición de refugiado reconocido por la ONU.  Ni Boric ni Alberto Fernández tienen ninguna injerencia en el caso».

Boric deleitó al pinochetismo aquel lunes en Buenos Aires cuando dijo que el caso de Apablaza es un asunto de Estado. Efectivamente, los gobiernos de la transición y hasta el día de hoy han pagado a través de la embajada un estudio jurídico bonaerense para que siga litigando la decisión soberana argentina de otorgar refugio político. ¿Seguirá la embajadora y militante PC Bárbara Figueroa cumpliendo ese compromiso a la UDI ?

Por Paul Walder

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