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[VIDEO] Brasil se hace el sordo frente a las recomendaciones de la ONU para salvaguardar la vida de los pueblos indígenas

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Entre el 29 y el 31 de agosto se celebra en Ginebra, Suiza, la pre-sesión del 41° Examen Periódico Universal de Reino de Bahréin, República del Ecuador, Túnez, Reino de Marruecos, República de Indonesia, Finlandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, India, Brasil, Filipinas, República Argelina Democrática y Popular, República de Polonia, Reino de los Países Bajos y Sudáfrica. Para denunciar el aumento dramático de la violencia hacia los pueblos indígenas en Brasil, Erileide Domingues, del pueblo Guarani Kaiowá, viajó desde Brasil hasta Naciones Unidas. La situación que nos cuenta frente a las cámaras del Clarín de Chile, es muy grave.

 

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La finalidad de estas Pre-sesiones que se están viviendo en estos días en el Palacio de Naciones Unidas de la ONU, es la de ofrecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) la oportunidad de informar a las Representaciones Permanentes, los Estados, sobre la situación de derechos humanos del Estado bajo Examen.

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Es muy importante ese momento, porque es aquí y ahora que los Estados pueden escuchar la sociedad civil y tomar en cuenta sus propias recomendaciones.

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Y eso es fundamental, considerando el hecho que Brasil, desde su último periodo de examen, no ha implementado casi ninguna de las recomendaciones que habían sido emitidas desde la ONU.

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Representantes de los periodistas, de defensores de derechos humanos, ambientalistas, de afrodescendientes, de pueblos indígenas, víctimas de violencias policiales continuas, han llegado para dar voz al pueblo brasileño.

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Entre los recuerdos del desastre de Brumadinho o el asesinato de Marielle Franco emerge lo de Erileide Domingues, líder del pueblo guaraní y kaiowá. Erileide habla en nombre de Aty Guassu, Gran Asamblea Guaraní y Kaiowá y una coalición de entidades indígenas e indigenistas que participaron en el proceso de elaboración del EPU de Brasil por el intermediario del CIMI, Conselho Indigenista Missionário.

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El año 2021 fue marcado por la profundización y la intensificación dramática de las violencias e las violaciones contra los pueblos indígenas en Brasil. El aumento de las invasiones y de los ataques contra comunidades y líderes indígenas, así como el agravamiento de los conflictos, reflejan en los territorios el ambiente institucional de ofensiva contra los derechos constitucionales de los pueblos originarios.

La consecuencia de esta posición del Gobierno ha sido el aumento, por sexto año consecutivo, de los casos de “invasiones de tierra, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio”. En 2021, el CIMI registró 305 casos en esta categoría, que afectaron por lo menos a 226 tierras indígenas (TIs) en 22 estados del país.

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En 2020, los datos eran de 263 casos de invasión afectando a 201 tierras en 19 estados. Por otro lado, la cantidad de casos en 2021 es casi tres veces superior a la registrada en 2018, cuando fueron contabilizados 109 casos.

Erileide presenta los cuatros temas principales que preocupan actualmente a los pueblos indígenas: demarcación de territorios, protección territorial, libre determinación de los pueblos indígenas y políticas públicas específicas y diferenciadas.

“En cuanto a la demarcación de territorios, desde 2016 no se ha demarcado ningún territorio indígena, más en un contexto actual hostil a los pueblos indígenas. De las 1.393 tierras indígenas en Brasil, 871 tierras aún están pendientes de regularización, lo que significa dos de cada tres tierras indígenas en el país. De estos, 598 no han sido procesados ​​por el Estado brasileño. El territorio es lo más importante para nosotros los pueblos indígenas. La paralización en los procesos de demarcación representa uno de los principales ataques contra nuestros pueblos, generando mucha inseguridad y violencia en nuestra contra”, explica Erileide. “Además, la tesis inconstitucional del Marco Temporal es otro problema grave. De acuerdo con esta tesis, sólo los territorios donde los indígenas ocupaban en 1988, cuando se promulgó la Constitución, serían reconocidos como tradicionales, lo que va en contra del derecho internacional y del derecho brasileño durante siglos. El Supremo Tribunal Federal, a través del caso Xokleng, tiene en sus manos una oportunidad histórica para reafirmar nuestros derechos constitucionales de abolengo, pero el juicio del caso ha sido postergado en innumerables ocasiones, mientras nuestros pueblos son diezmados e invadidos nuestros territorios. Es fundamental que se hagan recomendaciones relacionadas con los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ya que se trata de nuestra supervivencia futura y la de toda la humanidad. Queremos que este tema reciba tantas recomendaciones como sea posible”.

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“El segundo punto, la protección territorial, está relacionado con la violencia en nuestros territorios. En este último ciclo hubo un aumento exponencial de invasiones a nuestros territorios tradicionales, incluso a los ya demarcados. La violencia contra nuestros territorios se ve facilitada por el desmantelamiento institucional y medidas administrativas y legislativas contrarias a la Constitución, como la IN 09/2020, que certifica la propiedad privada sobre nuestros territorios y el Proyecto de Ley 191, que regula la minería en nuestras tierras”, sigue explicando Erileide.

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Ejemplos concretos de agresión territorial son la fumigación con pesticidas en una escuela indígena, la minería ilegal que ya contaminó el 56% del territorio yanomami, el tráfico de madera y la Masacre del Río Abacaxis, todos los cuales gozan de una escandalosa impunidad. Por eso sería fundamental restaurar y mejorar las políticas de protección territorial de los pueblos indígenas, con la participación efectiva de los pueblos indígenas, ajustándolas al derecho internacional ya la Constitución de Brasil, remediando los casos de impunidad y reparando a las comunidades y víctimas afectadas.

“Además, el Estado ha venido fomentando el arrendamiento de nuestros territorios para la introducción de la agroindustria en nuestras tierras, impidiendo que los pueblos indígenas vivan en sus territorios según sus propias decisiones. Desde 2017 se ha producido una grave disminución de nuestro espacio de autonomía, diálogo y participación de los pueblos indígenas con actores estatales en los 3 niveles, lo que afecta considerablemente nuestro derecho a la autodeterminación dentro de nuestros territorios”, denuncia Erileide.

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Brasil se aleja de las normas internacionales. Proyecto de Decreto Legislativo 177 autoriza al Presidente a denunciar el Convenio 169 de la OIT. Brasil también se desvinculó del contenido de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. “Por eso le pido que recomiende que Brasil siga siendo parte del Convenio 169 de la OIT y que garantice efectivamente el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, así como reconsidere su posición institucional sobre la Declaración de la ONU sobre nuestros derechos”, declara Erileide frente a los Estados miembros en la ONU.

Las muertes de indígenas por COVID-19 resultaron en el doble del promedio nacional. El Estado brasileño fue obligado por la Corte Suprema y la Comisión Interamericana a instituir un plan de contingencia específico, pero el Estado aún se muestra reacio a implementar y sabotea la implementación efectiva de este plan de contingencia. Junto con el covid-19 en muchos territorios, aumentaron los índices de otros problemas como la malaria o la desnutrición infantil, por la falta de asistencia del Estado.

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El presupuesto de la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI) se recortó un 14% exactamente durante la pandemia, utilizando el 62% de los recursos ya reducidos.

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Elena Rusca, Ginebra, 30.08.2022

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Corresponsal en Ginebra

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