¿Hace falta otro estallido social?

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Al cabo de 10 meses de la actual administración hay en el país un juego político entre un gobierno debilitado y conciliador que no quiere molestar a nadie y una oposición cuya única expresión es una odiosa agresividad contra La Moneda, todo ello sin participación alguna del pueblo y en momentos en que asoman quienes no descartan un nuevo estallido social con la misma fuerza, decisión y masividad que el ocurrido hace poco más de tres años.

A todas luces el estallido popular que provocó admiración en todo el mundo es el camino directo para que la gente sencilla enfrente a los poderosos solo empeñados en cuidar sus mezquinos privilegios y para decirle en su cara a la casta política anquilosada que está allí para trabajar en el servicio público en favor de la ciudadanía, la que no es tomada en cuenta ni se consideran sus penurias y carencias que van en aumento en este tiempo de crisis.

En octubre de 2019 millones de personas, hombres y mujeres, trabajadores y cesantes, jóvenes y viejos, todos ellos sin expectativas y pertenecientes al mayoritario Chile olvidado, salieron a las calles en impresionantes multitudes en protesta  por sus deplorables condiciones de vida, en demanda de una Constitución democrática y exigiendo otro modelo de desarrollo en lugar del sistema neoliberal que se aplica  impunemente desde la dictadura marcado por los abusos y las desigualdades.

Entre ese tiempo de agitación y el actual de aparente sosiego, no ha cambiado nada. Aunque entremedio asumió un gobierno que no es de las dos derechas sigue vigente la misma Carta Magna militar y el mismo pillaje que viene del pinochetismo, el poder del dinero se impone sin contrapeso y el mercado desregulado ejerce claro predominio sobre el Estado, esto es, aún está en su apogeo la misma rutina antipopular que apabulla a las grandes mayorías.

Se suman a ello los pasos en falso dados por el presidente de la República y su entorno que nunca antes habían sido gobierno, el haber dejado de lado parte importante del programa anunciado en la campaña del año pasado y la tardanza en la aplicación de medidas de ayuda social que la ciudadanía empobrecida requiere con urgencia en medio de una desmesurada inflación – en un año se acumuló un IPC oficial de 12,8% -. Pareciera que en las filas oficialistas hay alguno,  o algunos,  en que el pueblo vuelva a perder la paciencia.

Claramente se advierte que el jefe de Estado Gabriel Boric y sus ministros bailan con la música que les pone la derecha, lo que puede llevarlos a cualquier parte menos al ámbito de las transformaciones estructurales que llegaron a vislumbrarse. Es como si  se gobernara con temor, pidiendo disculpas a cada paso y con sometimiento a la oposición, lo que se refleja en cada punto que se va perdiendo en la confianza ciudadana y en las encuestas de opinión pública.

El gobierno no resiste las fuertes presiones que la oligarquía y sus gastados políticos de tiempo presente ejercen en su contra, a diario y sin pausas. A estas alturas el Ejecutivo parece a la par con cualquiera de las cinco administraciones de la ex Concertación, que se farreó inmejorables votaciones de apoyo, se diluyó luego y terminó por desaparecer sin pena ni gloria cuando tras privatizar todo lo que quedaba  el electorado  la abandonó al darse cuenta que era un fiasco político y un engaño para la población.

Las implacables presiones le permiten a la minoría obstruccionista ganar terreno: con rapidez fueron acalladas las palabras de un ministro de Estado (Jackson) y del embajador en España (Velasco) sobre el necesario cambio generacional. Ese cambio, sin duda, permitirá dejar atrás los 30 años de fracasos continuados  que sufrió la gente que se cansó de esperar la llegada de la “alegría”.

Quienes son contrarios a los cambios lograron la instalación de una comisión de “expertos” – no se sabe en qué – en el proceso destinado a la redacción de una nueva Constitución, la que se espera en tiempo indefinido. Se anticipa que esos “expertos” colocados allí mañosamente y los políticos del pasado generarán un maquillaje de la Carta Magna pinochetista de 1980 y que las aspiraciones  refundacionales del mundo progresista quedarán solo en buenas intenciones.

A comienzos de enero la oposición empecinada consiguió en el Congreso el triunfo de su candidato de siempre (Valencia) al frente del Ministerio Público, pese a que en su trayectoria hay episodios que no corresponden  a la transparencia que amerita el cargo.  Con anterioridad se había rechazado en el Senado a dos postulantes propuestos por el Ejecutivo.

Los indultos presidenciales para un pequeño porcentaje de los numerosos detenidos de la rebelión popular de 2019 – muchos aún en “prisión preventiva” – han provocado un ataque de histeria entre quienes sirven a los ricachones,  que quisieran ver a esos manifestantes en la cárcel hasta la eternidad por el hecho de ser pobres y salir a reclamar por una sociedad justa. Ninguno de ellos asesinó, hizo desaparecer ni torturó a nadie.

En su ofensiva contra los jóvenes desposeídos favorecidos, tratados como “delincuentes” por su osadía de protestar contra el sistema, los sectores reaccionarios lograron de la titular de Interior la seguridad de que no habrá más indultos. Estos políticos nunca hablan de los delincuentes de cuello  y corbata que desvalijan las arcas fiscales o municipales (Torrealba, de Vitacura, se lleva todos los créditos). Aun con suerte dispar los que chantajean a La Moneda mantienen su embestida con una sucesión  de acusaciones constitucionales contra ministros del gabinete.

Carente de mecanismos de participación, el pueblo observa calladamente este juego politiquero con asombro y decepción. Desde el estallido sus condiciones de vida han empeorado y sigue esperando que de una vez se agilice la agenda prometida consistente en democracia, igualdad y derechos ciudadanos. La persistente agresividad de un sector obstinado en el fracaso gubernamental mantiene estancado al país y su gente.

Salir masivamente a manifestarse a las calles – lo que aterroriza a la derecha desconcertada  a la hora de los cambios – es una opción que el movimiento popular independiente de cualquier manipulación ajena considera para hacer valer su dignidad y sus derechos. Las movilizaciones sociales registradas a partir del 19 – o debieron suspenderse abruptamente por fuerza mayor, la llegada de la pandemia, pero hoy retomarlas es una necesidad.

Por Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso

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