Crimen organizado en Chile: llamado imperativo a la “unidad nacional”

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En el actual escenario crítico que Chile enfrenta en términos de seguridad, se manifiesta una apremiante necesidad: la instauración de una «unidad nacional» que afronte de manera eficaz el desafío presentado por el crimen organizado. Las imágenes provenientes de Ecuador ponen de manifiesto una amenaza insidiosa y polifacética que penetra las bases de la sociedad. Ante tal coyuntura, surge la necesidad ineludible de una respuesta colectiva que vaya más allá de las divisiones político-partidistas y sociales, con el propósito de alcanzar un diagnóstico operativo y eficiente.

La propagación del crimen organizado se atribuye con precisión a errores de diagnóstico y a las acusaciones entre los conglomerados políticos, quienes rivalizan por la responsabilidad de esta problemática. Puede argumentarse que no son los actores más idóneos para abordar esta cuestión dada la existencia de casos de corrupción en sus respectivos partidos; sin embargo, resulta imperioso emprender acciones al respecto, dado que la continuidad del crimen organizado podría conducir a la instauración de la anomia social.

Sostengo que, para lograr esta «unidad», es necesario reconocer la magnitud del desafío que enfrentamos. El crimen organizado no respeta fronteras geográficas ni distinciones de clase social. Se trata de un adversario que se nutre de la fragmentación, la corrupción, la ausencia estatal en ciertos territorios y la discordia interna. En este contexto, la unidad nacional emerge como un escudo colectivo que no solo confrontará al crimen organizado, sino que también consolidará la cohesión de nuestra sociedad. Es crucial destacar que, en los sectores populares, donde la izquierda ha perdido influencia debido al narcotráfico, se debe priorizar la creación de un trabajo de base orientado hacia valores normativos que trasciendan los actuales fundamentados en el individualismo, la competencia y el cálculo personal. En este sentido, es relevante señalar que los valores normativos del crimen organizado y de los empresarios de este país no difieren significativamente. Esto es evidente también en los partidos políticos, inclusive dentro de la actual coalición de gobierno, los cuales se han visto envueltos en casos de corrupción.

De esta manera, la trama del crimen organizado se entrelaza con la vulnerabilidad de nuestras instituciones y la falta de colaboración efectiva entre diferentes niveles de gobierno. La “unidad nacional”, por lo tanto, implica la sincronización de esfuerzos entre autoridades regionales y centrales. La ausencia de un discurso unificado podría dar lugar a situaciones como las observadas en Ecuador.

No podemos ignorar que los asesinatos de autor desconocido, los “portonazos”, los asaltos y los incidentes con motochorros, finalmente, generan frustración en la ciudadanía debido a la percepción de una respuesta insuficiente por parte de las autoridades. Las tentaciones autoritarias de derecha se vuelven más fuertes en este contexto.

En virtud de lo anterior, Alejandro Turiño plantea que las políticas de «tolerancia cero» y el enfoque de «mano dura» han sido históricamente asociados con partidos políticos de derecha y han gozado de popularidad en términos electorales. Un ejemplo ilustrativo se encuentra en el análisis de Alisha Holland, profesora de la Universidad de Harvard, quien, en un artículo de 2013, examinó cómo la Alianza Republicana Nacionalista, un partido conservador en El Salvador, capitalizó la popularidad de iniciativas de mano dura para asegurar mayorías electorales. El actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele, persiste en respaldar políticas similares y se compromete a reducir la tasa de homicidios en el país.[1]

Turiño añade, asimismo, que los gobiernos de izquierda han procurado distanciarse de las estrategias vinculadas a la aplicación de políticas de «mano dura»; sin embargo, la mayoría ha optado por recurrir a tácticas de seguridad pública que se caracterizan por su enfoque resuelto. Países como Chile, México y Honduras, entre otros, han decidido incorporar elementos de políticas rigurosas en lugar de desarrollar alternativas propias.

En el presupuesto para el año 2023 presentado por el presidente chileno Gabriel Boric, se contemplaba un incremento del 4,4% en el gasto destinado a seguridad, al mismo tiempo que se efectuaban inversiones sustanciales en nuevo equipamiento policial. Esta medida generó críticas dentro de su base de apoyo y proyectó una clara impresión de aplicar medidas severas, especialmente considerando la brutalidad policial que ha caracterizado a Chile en los últimos años. Cabe destacar que Boric, cuyo gobierno ha mantenido una orientación “izquierdista” desde su inicio, también autorizó y desplegó a las fuerzas armadas chilenas para desempeñar un papel más preponderante en la contención del flujo migratorio en la frontera de Chile con Perú y Bolivia.[2]

Finalmente, la contienda contra el crimen organizado demanda un enfoque integral que aborde las causas latentes de la delincuencia. La inversión en programas orientados a la prevención, rehabilitación y desarrollo comunitario se erige como una estrategia a largo plazo destinada a socavar los cimientos sobre los cuales se sustenta el entramado del crimen organizado. La implementación de políticas públicas dirigidas a mitigar la presencia de este fenómeno debe abarcar tanto los centros urbanos como los asentamientos informales y poblaciones. La complejidad de este desafío va más allá de la simple aplicación de medidas represivas por parte de las fuerzas policiales o la ejecución de expulsiones administrativas como disuasión para posibles delincuentes extranjeros, aunque dichos elementos ciertamente resultan fundamentales.

Un aspecto de singular relevancia radica en la necesidad de seguir el rastro financiero, particularmente en delitos de naturaleza económica como el lavado de dinero. Resulta notable la presencia de múltiples «barberías» en diversos sectores del país; ¿se llevan a cabo fiscalizaciones municipales o policiales en estos establecimientos? Asimismo, la aparición rápida de minimarkets y la presencia de prestamistas extranjeros en diversas ferias libres en Chile plantean interrogantes cruciales: ¿cumplen con sus obligaciones tributarias? Al respecto, como señalaba Pía Greene, experta en seguridad del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado (CESCRO), es imperativo reconocer que la existencia de crimen organizado conlleva la complicidad de aquellos que optan por «hacerse los locos».

Fabián Bustamante Olguín

Académico Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía, Universidad Católica del Norte, Coquimbo

[1] https://www.geopoliticalmonitor.com/the-latin-american-left-can-have-its-own-mano-dura/

[2] https://www.geopoliticalmonitor.com/the-latin-american-left-can-have-its-own-mano-dura/

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