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El histórico alzamiento popular iniciado el 18 de octubre del año 2019 ha modificado radicalmente las condiciones del debate de pensiones. Hoy es posible atender esta demanda central del Pliego de Unidad Social: acabar el abusivo sistema AFP y reconstruir un nuevo sistema público de seguro social que, sin aumentar la carga de cotizaciones sobre los salarios, brinde pensiones dignas a nuestras jubiladas y jubilados, y al mismo tiempo mejore las cuentas fiscales. Ciertamente, dicha reforma ayudará a restablecer la convivencia nacional sobre bases más justas y estables en beneficio de todos, especialmente adultos mayores que han sido abusados por décadas. 

 

Aun después del acuerdo constitucional recientemente alcanzado, se mantiene en un primer plano de los debates nacionales la necesidad de modificar el actual sistema de pensiones heredado de la dictadura. Dicho cambio difícilmente puede esperar hasta que esté redactada y aprobada una nueva constitución. Las pensiones miserables que reciben quienes se han jubilado – y quienes se sigan jubilando con el sistema de capitalización individual impuesto por la dictadura de Pinochet - implica una grave injusticia y genera un grado muy alto de tensión social cuya solución no puede y no debe postergarse. 

El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, para que se decida si una profesora de esa ciudad puede retirar los fondos que mantiene en AFP Cuprum para saldar una deuda.

 

Esto es el fin, mis amigos, es el fin. Se confirmen o no, los recursos de la profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta y la enfermera Beatriz Valenzuela de Punta Arenas, No+AFP y La Casa Común, acogidos por las cortes de apelaciones respectivas, ponen fin a la ilusión de propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros previsionales. Disfrazada de “capitalización individual” ha justificado su expropiación por parte del gran empresariado. Para restablecer el sagrado derecho de propiedad de los trabajadores sobre la totalidad de sus salarios lo principal es recuperar las cotizaciones corrientes. Esta parte del salario está destinada exclusivamente a sostener dignamente a los trabajadores jubilados. El Estado las impone obligatoriamente sólo a trabajadores activos para garantizar que cumplan este deber ineludible con sus mayores. Jamás pueden ser desviadas hacia otros fines, menos a beneficio de los empresarios. En su nivel actual permiten reconstruir el sistema público de seguro social que las destinará exclusivamente a elevar hoy todas las pensiones a un nivel digno, y reajustarlas a futuro al ritmo de los salarios. En cuanto al fondo acumulado, tanto el registrado a nombre de trabajadores jubilados como también el de afiliados activos, debe devolverse, íntegramente y lo antes posible, a sus legítimos dueños. Se repara así parcialmente el abuso cometido. 
 

La profesora  de Antofagasta María Angélica Ojeda les metió un gol de media cancha a los pillos dueños de las AFP al solicitar la totalidad de sus ahorros  para pagar la cuenta de un crédito inmobiliario y salvar  su casa en peligro de expropiación.

 

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