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Hoy, 12 de marzo, se presentó el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del Estado Plurinacional de Bolivia en la sede de Naciones Unidas de Ginebra, Suiza: allí se celebraron los avances de un gobierno que ya no existe. Erasmo Huberth Vargas Camacho, Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales del gobierno de Jeanine Añez del Estado Plurinacional de Bolivia, recibe las gracias de un informe que no le pertenece.

“Nos enfrentamos a una situación muy insólita. El informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del Estado Plurinacional de Bolivia, que hoy deberíamos discutir, recoge una interesante reseña de los avances conseguidos en materia de derechos humanos bajo el gobierno del Presidente Evo Morales. Sin embargo, todos los que impulsaron las políticas que hicieron posibles estos avances, hoy en día están siendo brutalmente reprimidos, perseguidos y hostigados”, denuncia Micol Savia de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas.

“El mismo Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Enrique Arce Zaconeta, quien encabezó la delegación del Estado boliviano en Ginebra durante el EPU, a su regreso a Bolivia tuvo que buscar protección diplomática para salvar su vida frente a la ola de odio y violencia que se desencadenó en el país tras el golpe de estado del pasado 10 de noviembre. Junto a otros 6 altos cargos del gobierno, se encuentra asilado en la Embajada de México desde hace más de 4 meses, porque las autoridades de facto se niegan a otorgarles los salvoconductos para que puedan trasladarse hacia un lugar seguro.

Muchos otros funcionarios públicos han sido arbitrariamente detenidos después del golpe y se han presentado cargos de sedición y terrorismo contra varios líderes del MAS, incluido el mismo Evo Morales. Un total aproximativo de 80 dirigentes políticos han obtenido asilo político y estatus de refugiados en terceros países debido a la severa persecución política en su contra”, sigue denunciando la abogada.

Efectivamente, parece bastante surrealista la situación en la cual nos encontramos en la Sala del Consejo de Derechos Humanos. El informe presentado por el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal enuncia varios logros adquiridos en Bolivia durante el Gobierno de Evo Morales.

El informe relata de cómo, durante los 13 años anteriores, el Modelo Económico Social Comunitario Productivo “había priorizado las necesidades de la población, incluidos los grupos históricamente postergados, a través de la inversión pública y la distribución equitativa de la riqueza”. Además, se destacó de cómo, desde 2008, el país había gozado de estabilidad económica, niveles bajos de inflación y la tasa más alta de crecimiento económico sostenido de la región.

Entre 2006 y 2018 el índice de pobreza extrema había pasado del 37,7 % al 15,2 %, es decir que más de 2,2 millones de los cerca de 10 millones de habitantes del país habían salido de la extrema pobreza. Esos logros eran el resultado de políticas públicas específicamente destinadas a mejorar las condiciones de vida de todos los bolivianos.

Asimismo, el informe evidencia de cómo, en el marco de la implementación del pilar 3 de la Agenda Patriótica 2025, entre 2010 y 2018, “el gasto público destinado a la educación había pasado de 10.000 millones a más de 23.000 millones de bolivianos y, en 2019, había representado el 11 % del presupuesto general del Estado. La redistribución de excedentes económicos había permitido que más de 10 millones de estudiantes se beneficiaran del denominado bono Juancito Pinto, que tenía por objetivo promover mayores índices de asistencia escolar. Además, el programa nacional de post alfabetización, denominado ‘Yo sí puedo seguir’ había reducido la tasa de analfabetismo al 2,4 % y había permitido que 159.135 personas mayores de 15 años finalizaran la escuela primaria”[1].

Tal vez, de una cierta forma, las palabras escritas en el informe del Grupo de Trabajo, nos hacen dudar sobre el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo cual definía que “las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Morales sobre el candidato Mesa. Por el contrario, a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”.

Tal vez, las palabras de Erasmo Huberth Vargas Camacho, llamando ‘democracia plena’ el gobierno que se instauró después del sangriento golpe de estado que sufrió el gobierno de Evo Morales en noviembre 2019 parecen al cuanto absurdas.

“En vista de las elecciones generales programadas por el próximo mes de mayo, nos preocupa profundamente el rol nefasto que jugó la OEA en los eventos que llevaron a la ruptura del orden constitucional en Bolivia. Como también demuestra un exhaustivo informe recién publicado por el prestigioso centro de estudios norteamericano, CEPR, la OEA contribuyó de forma decisiva a difundir la narrativa de fraude electoral que desencadenó el golpe sin todavía tener evidencia alguna de que un fraude efectivamente hubiese ocurrido.[2]

Es urgente que la OEA sea llamada a rendir cuentas de su conducta poco ética incluso porqué, como subrayan los investigadores del CEPR, no es la primera vez que una misión de observación electoral de esta institución, actuando de forma parcial y poco profesional, contribuye a socavar las instituciones democráticas del país anfitrión”, sigue Micol Savia.

“En vista de las elecciones generales programadas para el 3 de mayo 2020, urgimos las ‘autoridades de facto’ a  poner fin de inmediato a toda forma de persecución y represión contra sus adversarios políticos, en particular contra representantes y simpatizantes del MAS; y a garantizar la participación en las elecciones de todos actores políticos, empezando por Evo Morales y Diego Pary, emblemáticos líderes indígenas cuyas candidaturas a la Asamblea Plurinacional han sido injusta y arbitrariamente inhabilitadas” concluye la abogada de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas.

Se concluye así una sesión del Consejo de Derechos Humanos muy controvertida, entre epidemias y pandemias que llevaron a anular varios eventos y reuniones, hasta cerrar la sesión una semana ante. Tal vez, no había manera más coherentemente absurda de terminar este Consejo, que con el Examen de un gobierno que ya no existe.

[1] Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal* Estado Plurinacional de Bolivia, A/HRC/43/7, https://documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/346/30/PDF/G1934630.pdf?OpenElement

[2] Jake Johnston, David Rosnik “Observando a los observadores: La OEA y las elecciones bolivianas de 2019”, CEPR. https://cepr.net/report/observando-a-los-observadores-la-oea-y-las-elecciones-bolivianas-de-2019/. (For the English version of the report, see: https://www.cepr.net/report/observing-the-observers-the-oas-in-the-2019-bolivian-elections/).

Por Elena Rusca (en Ginebra)

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