Medio Ambiente Nacional

ONU alerta por violaciones al derecho al agua en Chile en proyecto Alto Maipo y monocultivos en Petorca

Varios relatores de Naciones Unidas[1] se dirigieron al gobierno chileno a través de una carta este mes de agosto, alertando acerca de las violaciones del derecho al agua en relación con dos proyectos: la central hidroeléctrica de pasada en Alto Maipo, en la provincia Cordillera, y el monocultivo de palto (aguacate) en la provincia de Petorca.

El agua es vida. En promedio, un ser humano no puede sobrevivir más de tres días sin agua. En medio de la pandemia de COVID-19, se estima que 3 mil millones de personas en todo el mundo carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos.

Según el WMO (Organización Meteorológica Mundial), más de dos mil millones de personas viven en países que experimentan un alto estrés hídrico, mientras que alrededor de cuatro mil millones de personas enfrentan una grave escasez de agua durante al menos un mes cada año. Para 2050, la demanda mundial de agua dulce será entre un 20 y un 30% más alta de lo que es hoy.

La dificultad de acceso al agua es una realidad en Chile, y eso en varias regiones. Entre ellas, la de Cordillera y Petorca.

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“Expresamos nuestra preocupación porque el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo y el cultivo de palta en la provincia de Petorca estarían afectando negativamente a la disponibilidad de agua para consumo humano y uso doméstico en las zonas afectadas, en contextos ya severamente afectados por el cambio climático y la escasez extrema de agua”, declaran los relatores de la ONU. “la escasez que ambas actividades estarían agravando afectaría también la capacidad productiva de la agricultura de subsistencia en las zonas afectadas, resultando en violaciones del derecho a la alimentación y otros derechos relacionados con el derecho a un nivel de vida adecuado.

“El hecho de que el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo se esté llevando a cabo sin la debida participación de las comunidades afectadas, y con importantes daños a la biodiversidad y al medio ambiente también podría suponer la violación de múltiples derechos humanos”, siguen los Relatores de la ONU.

“Por otro lado, querríamos también expresar nuestra preocupación por que el actual suministro de agua en la provincia de Petorca no sería suficiente para seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias a fin de protegerse del contagio de COVID-19, pudiendo resultar también en violaciones del derecho a la vida y a la salud al aumentar el número de personas afectadas por el virus. Nos preocupa asimismo que el actual suministro de agua por cisterna, además de ser limitado, no cuente con certificación sanitaria y esté vinculado al aumento de enfermedades, especialmente entre niños y niñas”, concluyen los Relatores Especiales.

“El Gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud,” dijo Léo Heller, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento. Se refirió específicamente al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, al sureste de Santiago, y al negocio de aguacate en la Provincia de Valparaiso.

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“El Gobierno está obligado a garantizar un abastecimiento de agua suficiente para toda la gente”, dijo Heller. “Estos dos proyectos económicos pueden poner en riesgo el abastecimiento, lo que es particularmente preocupante durante la pandemia de COVID-19. He pedido al Gobierno de Chile que aclare estas dos cuestiones.”

Después de unos meses, tenemos la respuesta del gobierno chileno.

Respecto al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo.

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Según el gobierno chileno “el proyecto hidroeléctrico de Alto Maipo es parte de la renovación de la matriz energética en base a fuentes renovables, lo que a su vez permite la descarbonización y la consecuente protección del medioambiente, ya que, sin una adecuada transición en la producción de energía, los planes de descarbonización y renovación de la matriz energética se harían inviables”.

En concreto, el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) es un proyecto caracterizado como central de pasada de gran escala ubicado en el Cajón del Maipo, aproximadamente a 50 kilómetros de Santiago, Chile. Consiste el proyecto en desviar y capturar la mayor parte de las aguas de los ríos Yeso, Volcán y Colorado – principales afluentes del Río Maipo – para conducirlas a través de un sistema de 70 kilómetros de túneles perforados a través de las montañas, hasta dos cavernas de máquinas donde estarían instaladas las turbinas y generadores eléctricos. Este desvío de aguas significa restarle esta gran cantidad de agua al valle del río Maipo por más de 100 kilómetros.

“El Proyecto utilizará derechos de agua superficiales no consuntivos, de propiedad del Titular, durante la fase de operación, de acuerdo con lo señalado en el punto 3.8 del Capítulo II del Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (En adelante, ICE). Por lo anterior, no habrá consumo de las aguas captadas en cada uno de los cauces superficiales que serán intervenidos por el Proyecto, y estas aguas serán descargadas al Río Maipo, aguas abajo de la confluencia de este río con el estero El Manzano, según lo señalado en el punto 4.2.7 de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Nº256/2009” declara el gobierno chileno.

Sin embargo, el PHAM está impactando dramáticamente la cuenca del Río Maipo, así como los acuíferos en el área afectada, poniendo en riesgo el acceso al agua potable no solamente de los habitantes del Cajón del Maipo sino también de los 7 millones de personas que viven en la Región Metropolitana de Santiago. La construcción del PHAM está afectando además el ambiente de forma irreversible, con severas consecuencias para la salud, las formas y calidad de vida, los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades.

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El PHAM ha recibido financiamiento de dos bancos multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, así como de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) del gobierno estadounidense.

Adicionalmente el proyecto cuenta con créditos de la banca comercial nacional e internacional: Corpbanca, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Itaú Chile, Banco del Estado de Chile, KfW Ipex-Bank (Alemania), y DNB Bank ASA (Noruega).

 

Respecto a la situación de Petorca.

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La Provincia de Petorca es la provincia más extensa de la V Región de Valparaíso, además de ser la más septentrional.

Esta región sufre desde hace años una desertificación progresiva, debido a una sobreexplotación de sus tierras por las empresas dedicadas al monocultivo de aguacate.

La Sede regional de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), presentaron las principales conclusiones de lo que fue la actualización del Informe de la Misión de Observación en la Provincia (MOP) de Petorca, eso justo al final del año pasado.

Dentro de los principales hallazgos de este informe de seguimiento, con fecha 2018, se concluye que “el problema de escasez hídrica persiste, tanto por la persistente sequía como por la sobreexplotación del recurso, por la insuficiencia del marco regulatorio vigente, y por la ineficacia de las acciones adoptadas por las autoridades”.

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Para hacer frente a la situación antes descrita que afecta a la Provincia de Petorca desde el año 2010, el MOP anunció el año 2018 la realización de un plan que denominó “Plan Agua para Petorca” el que contempla un conjunto de acciones e inversiones que están en desarrollo con la participación de la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).

El plan contempla medidas de fiscalización, autorregulación y gestión del recurso, así como un conjunto de iniciativas de inversión para mejorar el funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural.

Este plan original comprendía el período que va desde el año 2018 hasta el año 2021, con una estimación original de inversión de MM$15.600.- (quince mil seiscientos millones de pesos).

Hoy, “Transcurrido el desarrollo de las actividades del Plan, y dada la agudización de la sequía, la Dirección de Obras Hidráulicas ha incorporado nuevas iniciativas para hacer frente a la situación, aumentado dicha inversión a MM$33.600.- (treinta y tres mil seiscientos millones de pesos) aproximadamente y extendiendo el Plan hasta el año 2022”, declara el gobierno chileno.

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Sin embargo, este Plan, puesto en evidencia por el gobierno chileno como parte de la solución a la sequía en la provincia de PEtorca, no ayudó en absoluto a su comunidad.

“Ese plan se trabajó a puertas cerradas con los grandes empresarios, y ningún miembro de la sociedad civil ni de los comités de Agua Potable Rural (APR) pudieron participar”, denuncia MODATIMA.

 

El Código de Aguas

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El régimen jurídico que rige el uso de las aguas está contenido en el Código de Aguas, cuyo texto fue modificado en materia de fiscalización y sanciones por la Ley 21.064, publicada con fecha 27 de enero del año 2018.

Dicha norma define que el régimen de uso de las aguas se efectuará sobre la base de derechos de aprovechamiento, que pueden ser consuntivos o no consuntivos; de carácter eventual, permanente o provisorio. Este derecho se otorga en las formas de caudal (litros/segundo) o bien como una alícuota del total general disponible en la fuente, expresado en porcentaje y entregado como número de acciones de agua.

En Chile es el artículo 19 N° 24 de la Constitución de 1980 que dispone que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Con ello, estos derechos cuentan con la protección que la Constitución otorga al derecho de dominio, la que los hace inexpugnables.

El agua es, constitucionalmente en Chile, un recurso privado. Su propiedad no depende del dueño de la tierra en donde se encuentra, y eso hace que no hay prioridad del consumo humano del agua.

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Respecto a este tema, y confirmando la voluntad del gobierno chileno a salvaguardar el beneficio de las empresas sobre lo de su ciudadanía, el 7 de enero de este año el Senado rechazó consagrar el agua como bien de uso público en la Constitución.

Todavía, existe un proyecto de reforma al Código de Aguas (boletín N°7543-12) que las nuevas autoridades se encuentran evaluando a través de conversaciones preliminares con todos los actores involucrados públicos y privados, dado que existe una opinión transversal sobre la necesidad de actualizar el Código vigente, asegurando la prioridad del consumo humano, lo que es reconocido como una necesidad en forma unánime por todos los sectores involucrados.

El proyecto se encuentra en la Comisión de Agricultura del Senado, al cual los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas presentarán indicaciones. Este proyecto aborda fundamentalmente tres aspectos:

  • uso prioritario del agua para el consumo de las personas, lo que hace efectivamente del derecho al agua un Derecho Humano;
  • segunda prioridad la protección de áreas de importancia patrimonial y ambiental;
  • reducir al mínimo la especulación en la transacción de derechos de aprovechamiento de agua.

 

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Por más informaciones: la Carta de los Relatores Especiales de la ONU y la respuesta del gobierno chileno.

 

 

[1] Leo Heller, Relator Especial sobre los derechos al agua potable y el saneamiento, Anita Ramasastry, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, Saad Alfaragi, Relator Especial sobre el Derecho al desarrollo, David R. Boyd, Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente y Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación.

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Elena Rusca, en Ginebra

 

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Corresponsal

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  1. La ONU alerta sobre el problema del agua……..y las autoridades chilenas no lo sabían ? Intereses comprometidos para ignorarlos ? Por supuesto ,
    corrupción al por mayor !

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