CIMI denuncia antes la ONU: aumentan explotaciones e invasión de territorios indígenas en Brasil

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El marco ambiental que involucra a las poblaciones indígenas registra el aumento de las invasiones y la explotación indebida de territorios, la parálisis de las demarcaciones y el desmantelamiento de las políticas públicas ambientales en medio de la nueva pandemia de coronavirus. En el marco de la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en la sede de la ONU de Ginebra, Suiza, el Consejo Misionario Indígena (CIMI), denuncia los últimos hechos ocurridos en este país.

“En 2020, en Brasil, en medio de una pandemia, aumentaron las invasiones y la explotación de territorios indígenas. El nivel de deforestación en la Amazonía ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 12 años. Los incendios fueron mayores en 2019 y en la década anterior. Mientras asistimos a un completo desmantelamiento de las políticas medioambientales.

El proyecto de Ley Federal 191/20 tiene como objetivo regularizar la exploración de minerales e hidrocarburos en tierras indígenas. El gobierno de Roraima no respeta la Constitución y promueve leyes que autorizan la minería con el uso de mercurio. Ambas medidas amenazan gravemente los territorios indígenas y las fuentes de agua.

FUNAI, a través de las Instrucciones Normativas nº 09/2020 y nº 01/2021, viola el derecho constitucional de los pueblos indígenas a sus territorios. Primero, negó la existencia de tierras indígenas al no demarcar administrativamente, y ahora, la semana pasada, ha afrentado el derecho consagrado de los pueblos al goce exclusivo de los bienes naturales de sus tierras y permite la explotación agrícola por parte de terceros.

El agua como bien universal está íntimamente ligada a la protección de los territorios indígenas, ya que el informe menciona el asesinato del río Doce por parte de Vale y los lamentos del pueblo krenak. Paralizar las demarcaciones, como hace Brasil, es contribuir a la crisis mundial del agua.

Aquí solicitamos una visita a Brasil para seguir de cerca estas atrocidades”, estas fueron las palabras de Luis Ventura Fernandes, representante del CIMI.

El contexto.

En 2015, los Estados respaldaron el objetivo del Acuerdo de París de fortalecer la respuesta internacional al cambio climático, al mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de 2ºC por encima de los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitar el aumento a 1.5ºC. Estados Unidos decidió retirarse del Acuerdo ya que consideró sus intereses económicos como prioritarios.

Desde que se firmó el Acuerdo de París, al menos 365 activistas por los derechos a la tierra han sido asesinados. Mientras tanto, la pérdida de cobertura forestal en los países tropicales de todo el mundo alcanzó las 12 millones de hectáreas en 2018, la cuarta cantidad anual más alta desde que se comenzó a registrar este dato en 2001.

Durante el mes de agosto del año pasado, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (International Panel on Climate Change, Ipcc en inglés) publicó el más reciente y extenso informe de investigación científica sobre el cambio climático y la tierra. Por primera vez en la historia, se reconoció científicamente y desde un organismo multilateral el rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales como los mejores guardianes de las tierras y bosques del mundo.

Sin embargo, Brasil, cuyo Presidente Jair Bolsonaro promueve la violencia contra los pueblos indígenas y un retroceso de sus territorios reconocidos, es líder mundial tanto en términos de deforestación tropical como de destrucción de las antiguas (o primarias) selvas tropicales.

Elena Rusca, Ginebra

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