Desapariciones forzadas: el papel de las empresas militares y de seguridad privadas en la acción humanitaria
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 28 segundos
El Consejo de Derechos Humanos discutió en su 48° período de sesiones acerca de las desapariciones forzadas e involuntarias y el papel de las empresas militares y de seguridad privadas en la acción humanitaria.
Jelena Aparac, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios como Medio para Violar los Derechos Humanos y Prevenir el Ejercicio del Derecho de los Pueblos a la Autodeterminación, dijo que “este año, el informe presentado por el Grupo enfatiza el rol de empresas privadas militares y de seguridad en acción humanitaria. De hecho, cada vez más empresas militares y de seguridad privadas operan en el espacio humanitario, lo que aumenta el riesgo de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y socava los principios humanitarios. El papel de estas empresas privadas en la acción humanitaria y la comercialización de la ayuda humanitaria genera preocupaciones sobre su impacto en los principios humanitarios de imparcialidad, neutralidad e independencia operativa”.
“Una mayor transparencia con respecto al uso de empresas militares y de seguridad privadas, así como una regulación y supervisión efectivas, ejercerían una mayor presión sobre estas empresas y su personal para que cumplan con las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, dijo la Sra. Aparac.
Por tanto, el Grupo de Trabajo pide la creación de un marco normativo internacional vinculante que rija la conducta de las empresas militares y de seguridad privadas. Dicho marco debería reflejar plenamente los espacios operativos más amplios de estas empresas, incluso en el ámbito humanitario.
Henrikas Mickevicius, Vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, indicó en primer lugar que este informe anual del Grupo documentaba la transmisión de 651 nuevos casos de desaparición forzada a treinta Estados, incluidos 86 casos transmitidos en los 19 Procedimientos de Acción Urgente del Estado.
Sin embargo, estas altas cifras no dan una imagen completa de la escala de desapariciones forzadas en el mundo actual: «Existe una alta probabilidad de que alguien esté desaparecido mientras hablamos», dijo Mickevicius.
Frente a este problema, hay una necesidad de compromiso y determinación, argumentó Mickevicius, antes de enfatizar que se pueden lograr resultados cuando se toman acciones concertadas entre diferentes partes interesadas, incluso si quedan miles de casos pendientes o sin resolver en el Grupo de Trabajo.
Hay que tener en cuenta que la noción de «víctima» de una desaparición forzada va más allá de la propia persona desaparecida e incluye a su familia, así como a cualquier persona que haya sufrido daños como consecuencia directa de este delito que, en cierta medida, medida, concierne a la sociedad en su conjunto: esta complejidad y la multiplicidad de víctimas exigen una respuesta global, involucrando una multiplicidad de actores y esfuerzos.
“La parte temática del informe se ocupa de las desapariciones forzadas que ocurren en el contexto de transferencias transnacionales”, aclaró Mickevicius. “Este es el uso por parte de los Estados de transferencias transnacionales que han dado lugar a desapariciones forzadas con la participación, el apoyo o el consentimiento de otros Estados, para capturar a sus nacionales o nacionales de terceros países, a menudo en nombre de la lucha contra el terrorismo. Estos casos, en su gran mayoría, parecen contravenir el derecho nacional e internacional, en particular la prohibición absoluta de las desapariciones forzadas”.
Algunos de estos casos de desaparición forzada ocurrieron en el contexto o al margen de los procedimientos regulares de deportación, otros en el contexto de operaciones extraterritoriales encubiertas. Cualquiera que sea la naturaleza del proceso, en la mayoría de los casos las circunstancias documentadas dieron lugar a la violación de las obligaciones de no devolución del Estado receptor, incluidas las consagradas en el artículo 8 de la Declaración de 1992 sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
“Para facilitar tales operaciones, los estados han firmado acuerdos de cooperación bilateral que a menudo contienen vagas referencias a la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional”, continuó Mickevicius. “Estos acuerdos suelen estar redactados de forma ambigua para permitir la expulsión o el secuestro de cualquier persona considerada un «riesgo para la seguridad» de los Estados Partes. El informe hace una serie de recomendaciones a los Estados para poner fin y prevenir tales prácticas, realizar investigaciones independientes y efectivas sobre posibles violaciones, exigir responsabilidades a los perpetradores y brindar a las víctimas y sus familias recursos efectivos”.
Casi el 80% de los casos de desapariciones forzadas identificados por el Grupo de Trabajo aún no han sido esclarecidos y muchos países no cooperan con el Grupo de Trabajo.
Elena Rusca, Ginebra, 28.09.2021
Síguenos:
1
0
20
