Latinoamérica

Colombia: Petro y un desafío histórico

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Este domingo 19 de junio el pueblo colombiano eligió a Gustavo Petro como su nuevo presidente, después de más de 500 años de gobiernos derechistas, después del uribismo, de los falsos positivos, de los múltiples asesinados, de la corrupción y del terrorismo de Estado. Solo se queda una duda: ¿logrará Petro llevar a Colombia lejos de todo eso?

 

“Gracias en este día que es histórico. Es una historia nueva para Colombia, América Latina y el mundo. Una historia nueva porque aquí lo que ha ocurrido hoy con estos once millones de electores que votaron y nos trajeron al Gobierno, es un cambio. Lo que viene es un cambio real y en ello comprometemos la vida misma. No vamos a traicionar al electorado que lo que le ha gritado a la historia es que a partir de hoy, Colombia cambia. Colombia es otra. Un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que hemos hecho en las plazas públicas. La política del amor”, declaró Gustavo Petro, neo presidente del Estado colombiano, durante su primero discurso.

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“Habrá oposición férrea y tenaz, no la entenderemos, pero en este gobierno no habrá persecución política. Habrá respeto y diálogo. Es así como podremos construir lo que llamamos el Gran Acuerdo Nacional que ya se comenzó a construir entre 11 millones de colombianos, pero tiene que ser entre 50 millones. Tiene que comenzar a construirse en el diálogo regional vinculante para acabar con la violencia y construir la prosperidad regional. Poder construir las reformas que necesita Colombia para poder vivir en paz”, siguió Gustavo Petro en su discurso. Aseguró que hará cumplir la Constitución, especialmente en el derecho a la vida, “los derechos fundamentales no pueden ser letra muerta en la Constitución sino la garantía plena de una constitución viva que se pueda palpar y vivir todos los días en la plenitud de los derechos de la gente. Que puedan tener una pensión, una universidad, la leche, el pan, que la carne no sea un artículo de lujo. Que la familia pueda ser más poderosa porque sus derechos se pueden garantizar. La paz es que la sociedad colombiana tenga oportunidades. Que alguien como yo pueda ser presidente o alguien como Francia pueda ser vicepresidenta. La paz es que dejemos de matarnos los unos a los otros. Desde el gobierno comenzará la paz integral de Colombia”.

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El Presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, logró una votación record de 11.281.013 sufragios, con un promedio de 50,44%; su rival, Rodolfo Hernández, alcanzó los 10.580.412 de los votos, con un 47,31%, lo cual marcó una diferencia clara e indiscutible.

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Empieza así a construirse las bases por una nueva Colombia, recién nacida desde las cenizas de un fuego que ha durado más de 500 años: una multitud de mujeres y hombres de todas las edades, a festejar en las calles, en las avenidas, en los parques. A festejar desde las regiones caribeñas, hasta la amazónicas y las andinas. A festejar adentro y afuera de Colombia, en todos los rincones adonde se encuentra la diáspora.

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Una nueva Colombia: un desafío que va en contra de demasiados intereses

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El cambio de gobierno logrado a través las elecciones de Gustavo Petro en Colombia es el principio de un largo, larguísimo camino por el Estado latinoamericano.

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El panorama político, social y económico colombiano es una mezcla, que perdura, de poderes fácticos, violencia, desigualdad social y una oligarquía poderosa que supo mantener al País bajo su jurisdicción desde casi siempre.

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Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad de la región. Esta situación afecta principalmente a mujeres, personas en zonas rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes y habitantes en condiciones de pobreza de las grandes ciudades.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recibió información sobre 100 casos de posibles masacres en 2021, de las cuales ha verificado 78 casos, 2 siguen en proceso de verificación y 20 fueron considerados como no concluyentes. En las 78 masacres verificadas se han registrado 292 víctimas (32 mujeres, 15 niños, 5 niñas y 13 personas pertenecientes a pueblos étnicos: 7 indígenas y 6 afrocolombianos). Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

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Cuando esa misma oficina tuvo que redactar su informe, observó que la acción violenta de grupos armados no estatales y organizaciones criminales afecta directamente a proyectos de vida individuales y colectivos, impactando desproporcionadamente a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas.

Además de masacres, desplazamientos forzados e imposición de restricciones y horarios para la movilidad, estos grupos también cometen asesinatos de líderes y lideresas sociales, amenazas contra quienes desatienden las exigencias del grupo, controlan las comunicaciones de los miembros de la comunidad, limitan la relación con terceros, restringen y controlan actividades productivas de siembra, cosecha, pesca y comercialización de productos, y desconocen a las autoridades étnicas.

De los casos verificados, la Oficina documentó 29 casos que se dieron por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de protestas, también documentó 13 durante la realización por la policía de operativos de prevención y persecución de delitos, dos en labores contra el crimen organizado y dos por incumplimiento del deber de protección de una víctima detenida en una estación de policía. Asimismo, verificó cinco casos que implican a miembros de las Fuerzas Militares que ocurrieron durante tareas de seguridad ciudadana, prevención y persecución de delitos y contra el crimen organizado.

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Hoy en día, al conmemorarse cinco años de la firma del Acuerdo de Paz y más de tres de la entrada en funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (“Sistema Integral”), víctimas, líderes y lideresas, comunidades, personas defensoras de los derechos humanos y comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) siguen afrontando graves riesgos para su vida e integridad por la inseguridad en los territorios.

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Queda bien claro que, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz, los asesinatos selectivos a líderes sociales y comunitarios siguen aumentando.

En un evento ocurrido en la ONU en 2019, durante la 40° sesión del Consejo de Derechos Humanos, Javier Giraldo, defensor de los derechos humanos en Colombia, y acompañante de la Comunidad San José de Apartadó, había definido bien claramente esta situación: “Los Acuerdos de Paz en general se le ha vendido al mundo como una solución a las raíces de la violencia, sin embargo, si hacemos un análisis de la situación, las raíces de la violencia no han sido tocadas en absoluto”.

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Estas raíces hacen referencia al Estado, la corrupción de la elite gobernante del Estado Colombiano, las condiciones inhumanas de vida que los colombianos son obligados a vivir, causadas por un modelo que favorece la economía extranjera.

“Santos en eso había estado claro: los Acuerdos de Paz no debían ir afectar el modelo económico, político y militar, eso en absoluto”, había denunciado en ese entonces Giraldo Tuberquia, defensor de los derechos humanos y miembro del Consejo de Paz de la Comunidad de San José de Apartadó.

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Desde los intereses de los poderosos, pasando por las transnacionales, hacia las profundidades de la tierra

Conectada a los grupos armados, el terrorismo de Estado, la corrupción y los tráficos ilegales, uno de los desafíos más grande en Colombia sigue siendo lo del desminado.

Veruska Nieto Borja, activista ambiental colombiana que ha desarrollado una agenda alrededor del Putumayo, la Sierra de la Macarena y Europa, trabaja desde hace años investigando los proyectos de megaminería en Colombia.

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Analizando el tema, evidenció que las zonas afectadas por minas antipersonales se encuentren licencias de extracciones, en donde el Estado todavía no ha llegado, de empresas transnacionales.

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“Para obtener una licencia parecida son necesarios 5 años de investigaciones y muchos análisis, que en estos territorios no han podido ser realizados debido a la presencia de minas antipersonales. Sin embargo las licencias de extracción han sido tramitadas igualmente, y empresas transnacionales pueden explotar los recursos de estos territorios, sin haber hecho ningún análisis previo a eso”, explicaba Veruska Nieto Borja ante la ONU hace unos años. “Es absurdo ver felicitado al Estado colombiano por el respecto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por otra parte, ver cómo este desarrollo sostenible no es absolutamente respetado, otorgando licencias de extracción sin análisis previos. Eso contamina la tierra y luego no hay remedio para volver atrás”.

“Estamos hablando de los mismos lugares donde secuestraron y liberaron a Ingrid Betancourt”, entre San Vicente del Caguán y San José del Guaviare, donde no hay todavía desminado. Estos lugares no son accesibles a la mayoría de la población. Allí, ellos no tienen derecho a vivir, a cultivar, a instalarse. Las minas antipersonales son la principal causa, pero esta misma motivación no es un obstáculo para las grandes empresas extraccionistas.

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En su investigación Nieto Borja comprobó cómo la mayoría de los asesinados a líderes y lideresas sociales se encuentra particularmente en zonas de extracción petrolera, también minadas. Defender el territorio es una de las razones más altas de muerte en Colombia. Hay un registro de denuncias, hechas por las víctimas pero, en la mayoría de los casos, no hay seguimiento de la Policía, y las personas son obligadas a abandonar sus territorios. Después de unos años del discurso de Veruska Nieto Borja en la ONU, nada ha cambiado.

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¿Logrará Petro ser más fuerte de la oligarquía, de los poderes de las transnacionales y de los intereses de los Países extranjeros?

 

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Elena Rusca. Ginebra

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Corresponsal

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