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¿Cuándo la dignidad se hará costumbre?

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El Pleno del Consejo Constitucional aprobó este lunes 30 de octubre la propuesta de nueva constitución. En el deseo de «dotar a Chile de una Constitución que permita abordar las urgencias fundamentales del país e iniciar el proceso de reconstrucción que creemos, Chile necesita», el partido republicano llama a votar a favor de esta nueva propuesta el próximo 17 de diciembre.

33  votos a favor, 17 votos en contra, ausentes las abstenciones: la aprobación del texto constitucional marca el fin de la labor del órgano redactor y abre las puertas a un nuevo marco legal que debería reflejar las aspiraciones y valores de la sociedad chilena, en nombre de los cuales muchos chilenos, desde el Estallido popular del 18 de octubre de 2019, fueron asesinados, víctimas de traumas oculares y torturas.

Sin embargo, esta propuesta constitucional no parece reflejar las demandas de los que salieron a la calle a protestar durante la Revuelta el 18 de octubre 2019.

En ese entonces, la subida de las tarifas del metro fue la “gota demás”: los estudiantes decidieron manifestarse, la población los siguió. Quienes salieron a la calle, pedían pensiones justas, trabajos dignos, salud pública y educación gratuita.




No sólo se cuestionaba el Estado chileno y su Constitución, sino su modelo, económico y político, denominado neoliberalismo.

“Lo que estamos viviendo hoy es el resultado de varios problemas sociales y políticos, los estudiantes dicen que no es más el aumento de 30 pesos que los últimos 30 años: voy a corregir a los estudiantes, porque según yo son 46 años y medio. El punto de partida de todo esto es la dictadura de Pinochet; porque la dictadura y la transición a la democracia son dos partes de un mismo modelo económico y social, que es el modelo neoliberal”, había declarado, durante la primera semana del Estallido Social, Sergio Grez, historiador.

Imposible olvidar que Chile vivió una de las dictaduras más sangrientas del mundo latinoamericano: más de 30.000 fueron víctimas de secuestros y torturas. De este número, 2.298 fueron asesinados y 1.209 desaparecidos. Muchas de estas historias aún no han sido investigadas. Cuando a fines de la década de 1980 su gobierno dictatorial comenzó a perturbar éticamente los negocios y el libre comercio, la “transición a la democracia” pudo resolver este “malestar”. Allí se quedaron las raíces del actual Estado chileno y su Constitución.

La posibilidad de cambiar el modelo neoliberal se anuló con el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de Noviembre 2019: allí se definieron las reglas con las cuales se escribiría la Nueva Constitución: un fracaso, por desinformación y rechazo de este mismo acuerdo, que nos hace llegar a la propuesta constitucional republicana, que nada tiene que ver con la propuesta inicial.

Entre el rechazo y el día de hoy las movilizaciones populares han disminuido, pero no han parado. Por otra parte, el Estado siguió respondiendo, firme, a través de la represión: la ley Naín Retamal, que autoriza Carabineros a apelarse a la legitima defensa y matar si necesario, fue aprobada el 5 de abril de este mismo año y añade una sombra obscura a la represión de las protestas sociales.

El resultado es visible: este año, durante la conmemoración del 18 de octubre, un Carabinero dispara al aire amenazando a un manifestante: rodeados por más de 3000 colegas, frente a un joven estudiante quien le empujó la moto, se sintió en peligro de vida.

En el mientras, los jóvenes presos durante la Revuelta permanecen encarcelados, muchos de ellos considerados como presos comunes. Es el caso de Nicolás Piña, ingeniero condenado a 10 años por homicidio frustrado.

A Nicolás Piña se le detuvo el 12 de febrero de 2021, tras participar en una manifestación por la libertad de los presos políticos del estallido social, sin sospechar que terminaría siendo uno de ellos. Su madre, Paola Palomera, denunció que su hijo “fue detenido violentamente por funcionarios policiales vestidos de civil (los llamados “intramarchas”), quienes luego lo subieron a un vehículo particular y se lo llevaron sin dar ninguna explicación”.

Fue la activación de la ubicación en el celular del ingeniero lo que permitió que se enterara del destino: la 33° Comisaría de Carabineros. Son las “pruebas” de los “intramarchas” que llevaron a Nicolás Piña a ser condenado por un crimen que no ha cometido.

Los jóvenes presos de la Revuelta no son los únicos jóvenes en espera de reparación: la semana pasada se suicida la quinta víctima de trauma ocular. La ausencia de asistencia hace que las personas se sientan aisladas y olvidadas. “En el gobierno de Piñera se creó el programa Piro, con muy mala gestión. Ahora, bajo el gobierno Boric, se llama Pacto: el programa solo cambió de nombre y ubicación, pero sigue deficiente. Ahora, estoy buscando trabajo, pero no estoy diciendo que soy discapacitado, porque puedo tener problema por haber salido a protestar: nosotros mismos nos estamos silenciando, y nadie nos apoya”, denuncia una de las víctimas de trauma ocular.

“En cierto modo, lo que estamos viviendo es el resultado de la adaptación de la centroizquierda (Demócratas Cristianos, Socialistas y Partido por la Democracia) a la Constitución de 1980 (heredada de la dictadura) y al modelo neoliberal. La derecha, por razones obvias, y el centro-izquierda asimilados a las lógicas neoliberales, han mejorado sus ingresos (en particular parlamentarios y altos funcionarios) y han vaciado paulatinamente la política de contenido ideológico. Y eso todavía no se resuelve, y lleva a los problemas actuales, los cuales, hasta un cambio de modelo, no se podrán resolver”, concluye Mario Garcés, historiador.

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Elena Rusca

Periodista, corresponsal en Ginebra

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